La Audiencia Nacional imputa al exjefe de la Guardia Civil en la lucha contra el narco en el Estrecho

Un teniente coronel y dos tenientes de la Guardia Civil destinados en la zona del Estrecho han sido citados como imputados por el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal por delitos de cohecho y revelación de secretos, según han confirmado a EL PAÍS varias fuentes del instituto armado. Entre los tres investigados está el teniente coronel David Oliva, quien fuera máximo responsable del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil, una unidad de élite integrada por 150 agentes que fue creada por el Ministerio del Interior en 2018 para combatir la llegada de alijos de estupefacientes a las costas andaluzas y que fue reestructurada el pasado septiembre.

La investigación que ha desembocado en la citación de los tres mandos se produce después de que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) detectase que el teniente coronel Oliva presionaba a un teniente de este grupo, especializado en la lucha contra la corrupción dentro del instituto armado. Oliva quería que le informase sobre el contenido de unas pesquisas judicializadas en la Audiencia Nacional al sospechar que un grupo de narcotraficantes le habían denunciado por supuestas irregularidades y podía estar siendo investigado. Según las fuentes consultadas, el teniente, que es otro de los imputados, accedió al requerimiento de su superior y le facilitó datos confidenciales. Por ello, están imputados por revelación de secreto.

A cambio, el mando ofreció al teniente un puesto en el OCON, que entonces dirigía, aprovechándose que este quería ser destinado en Andalucía, de donde es originario. De ahí la acusación de cohecho por la que han sido citados. Tras conocerse los hechos, el juez Abascal abrió una pieza separada en el sumario en el que participaba Asuntos Internos y que es en la que los dos tenientes han declarado este martes como investigados. Este miércoles lo hará el teniente coronel Oliva.

La imputación del mando de la Guardia Civil se produce siete meses después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska reestructurase el OCON. Durante los cuatro años que ha estado activa, esta unidad ha participado en la mayoría de los grandes operativos que han desembocado en la detención de los grandes narcos del hachís en las costas del sur de España y en un incremento espectacular de los alijos intervenidos, llegándose a triplicar las cantidades incautadas antes de su entrada en funcionamiento. Sus resultados fueron reconocidos por el propio Grande-Marlaska, que en junio de 2021 condecoró al entonces comandante Oliva, quien más tarde fue ascendido a teniente coronel. Tras los cambios en el OCON, este mando fue destinado a la Comandancia de Málaga, donde estaba en la actualidad.

La investigación de la Audiencia Nacional se produce, además, en un momento especialmente delicado para la Guardia Civil, tras la imputación de dos altos mandos, ambos retirados, en sendas causas de corrupción: los llamados casos Mediador y Cuarteles. Por el primero está en prisión preventiva el teniente general Francisco Espinosa, acusado de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales por su presunta implicación en una trama de corrupción asentada en Canarias que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero y lácteo, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. En esta trama también figura como investigado el exdiputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo, Tito Berni.

En el caso Cuarteles figuran como investigados dos altos mandos del instituto armado, entre ellos el también teniente general Pedro Vázquez Jarava. Este teniente general permanece imputado desde enero del año pasado acusado de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación por el supuesto amaño de cerca de cerca de 200 obras de mantenimiento en cuarteles, valoradas en 3,3 millones de euros, en 13 comandancias. El teniente general Vázquez Jarava presuntamente llamaba a los jefes de estas comandancias para ordenarles que contrataran a un constructor amigo suyo, del que supuestamente recibió dádivas.