Menos del 10% de los parlamentarios comunicaron que habían tenido reuniones con ‘lobbies’ el año pasado

Menos del 10% de los parlamentarios españoles —24 de los 350 diputados y 15 de los 265 senadores— informaron a lo largo de 2022 a las Cortes Generales de que habían mantenido o tenían previsto mantener reuniones con lobbies (grupos de interés, generalmente empresariales), pese a que esa comunicación es obligatoria. Del restante 90% no se puede saber si mantuvieron alguna reunión de ese tipo y lo ocultaron o si nunca se citaron con representantes de lobbies. Así lo constata el informe anual de las Cortes que se encarga de fiscalizar el grado de cumplimiento por parte de los cargos electos del Código de Buena Conducta. Este texto obliga a los parlamentarios, en su artículo 6.2, a “hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”. El informe recaba datos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, dos meses antes de que estallara el conocido como caso Mediador de presunta corrupción que acarreó el 14 de febrero de este año la dimisión del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni.

Según el Código Ético, un grupo de interés son “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica” que se comuniquen ya sea de forma directa o indirecta con cargos públicos o electos para presionar “en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas”. El texto hace una definición amplia de lobby, puesto que en España todavía no existe una legislación específica que regule esta materia. Los intentos de los grupos parlamentarios no han dado frutos hasta ahora, y la reforma de la relación de los diputados con los grupos de interés lleva 21 meses en el cajón.

El informe, realizado por la Oficina de Intereses de las Cortes Generales y ratificado tanto por la Mesa del Congreso como por la del Senado, constata que la inmensa mayoría de los cargos electos solo hacen públicas las reuniones concernientes a su actividad parlamentaria (reuniones de pleno, comisiones, subcomisiones, ponencias, mesa, junta de portavoces...); los encuentros con lobbies los comunica una ínfima minoría, algo que los autores del informe ven con recelo: “Se hace dificil dar por bueno, al parecer altamente improbable, un resultado como el que arroja la comprobación de las agendas de los/as parlamentarios/as en el Congreso y en el Senado en el año 2022, donde quienes consignan otras reuniones ‘institucionales’, aparte de las orgánicas, no llegan en ninguna de las dos Cámaras al 10% del total”, escriben. En su apartado de recomendaciones, el texto advierte de que este hecho es “un claro punto de mejora” y recuerda a los congresistas que están obligados a registrar todos los encuentros.

El Código de Buena Conducta fue aprobado en ambas Cámaras el 1 de octubre de 2020 con el único voto en contra de Vox. Obliga a los diputados y senadores a acatar una serie de normas para que sus actividades sean más transparentes y puedan ser controladas. Además de la obligación de publicar sus agendas diarias, los parlamentarios deben informar de su situación económica.

En este aspecto, el informe constata que “2022 ha sido un buen año en términos generales”, ya que todos los parlamentarios han cumplido con el requisito de hacer pública su situación económica, financiera y patrimonial —solo un diputado y un senador no han cumplido con este mandato porque han tomado posesión de su cargo a finales de 2022—.

No obstante, también en este apartado, se recomienda a los parlamentarios “ser lo más precisos que puedan” respecto a las donaciones, obsequios, regalos, viajes e invitaciones que reciben en el ejercicio de su cargo. Y se invita a sus señorías a “evitar las respuestas-tipo” y “respuestas genéricas redactadas de antemano” en sus declaraciones de intereses económicos. Insiste el informe en que se sea lo más claro posible en lo relativo a la actividad laboral de los diputados cinco años antes de que fueran cargos electos, una de las novedades que incluyó el Código.

El informe también destaca que en 2022 no ha existido conocimiento ni información de posibles infracciones “más allá” de la denuncia del Grupo Socialista en el Senado relativa a la senadora y alcaldesa de Marbella (Málaga), la popular Ángeles Muñoz, que ha dado lugar a la apertura de un procedimiento específico por parte de la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara alta. Este órgano debe determinar si Muñoz cumplió las normas o, como sostiene el PSOE, ocultó parte de su patrimonio a la institución.