El PP defiende en el Congreso una ley que permite a la derecha judicial copar el Consejo General del Poder Judicial

El Partido Popular defiende el martes en el pleno del Congreso una proposición de ley para cambiar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera que los jueces elijan directamente a 12 vocales sin la participación del Parlamento. La norma vigente desde 1985 establece que las Cortes tienen la última palabra en la elección de los 20 vocales del CGPJ: ocho juristas de reconocido prestigio y 12 jueces.

El sistema propuesto por el PP a través de la proposición de ley reúne tres condiciones principales: ”Los vocales de procedencia judicial (12) serán elegidos por y entre todos los jueces y magistrados”; “la elección se llevará a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto”; “la papeleta deberá contener una lista abierta de candidatos y los jueces marcarán un máximo de seis nombres”.

Estas condiciones favorecen a las asociaciones judiciales mayoritarias y, especialmente, a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, con casi 1.400 asociados, seguida de la centrista Francisco de Vitoria (843) y de la progresista Jueces para la democracia (462). Esta iniciativa legislativa tiene escasos visos de prosperar y llega tras cuatro años y medio de bloqueo por parte del PP, que ha impedido una renovación obligada por la Constitución, que habría dejado el Poder Judicial en manos de una mayoría de vocales de sensibilidad progresista.

El órgano de gobierno de los jueces mantiene desde 2013 una mayoría absoluta de vocales conservadores, cuando el PSOE votó junto al PP la renovación del CGPJ en las Cortes. El nombramiento del nuevo CGPJ, pendiente desde 2018, es imposible si no se reúnen los 3/5 de votos de ambas cámaras, algo que ahora es imposible sin la colaboración de la derecha (PP) o la ultraderecha (Vox).

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, defiende desde hace meses que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se haga de acuerdo a la ley vigente, que establece que el Congreso y el Senado tienen la última palabra. Y reclama que a continuación se reforme la norma en vigor para que los jueces elijan directamente a los vocales de extracción judicial —y no como ahora, que solo hacen una preselección sobre la que deciden las Cortes—. El PP ha decidido no seguir la pauta de Reynders y exigir la reforma de la ley antes de la renovación para que las Cortes no puedan decidir ya sobre 12 de los 20 nombres del CGPJ, que serían elegidos directamente por los jueces.

Con el sistema propuesto por el PP a través de su proposición de ley, la derecha judicial coparía la mayoría absoluta de los puestos del CGPJ, tal y como ocurrió al comienzo de la democracia. Entonces, los 12 vocales de extracción judicial elegidos en las elecciones de mayo de 1980 pertenecían a la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en el sector con mucha diferencia respecto al resto, tanto en ese momento como ahora). En 1985, el PSOE aceptó una enmienda del diputado Juan María Bandrés para que los 20 vocales del CGPJ fueran elegidos por el Congreso y el Senado.

El único artículo de la proposición de ley del PP que plantea la posibilidad de buscar fórmulas que garanticen la presencia de las distintas asociaciones y, sobre todo, de los jueces no asociados, es el 574.2: “El reglamento contemplará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor proporcionalidad en la representación entre miembros asociados y no asociados de la carrera judicial”. La proposición de ley no detalla ningún mecanismo para hacer posible que el 41% de la carrera judicial tenga presencia en el Congreso si la elección es abierta sobre una lista de candidatos donde cada juez puede señalar a seis nombres. El PP no tiene ninguna esperanza en que su proposición de ley prospere, pero si llegara a aprobarse se establecerían sistemas para favorecer esos equilibrios.

El PP prometió cambiar el sistema de elección del CGPJ en 2011, cuando ganó las elecciones generales por mayoría absoluta, para que los jueces eligieran a los jueces. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a redactar un anteproyecto de ley que establecía una serie de equilibrios para evitar que, por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura pudiera obtener más de tres de los 12 puestos del CGPJ reservados a los jueces y para que los jueces no asociados tuvieran representación. El presidente Mariano Rajoy metió en el cajón aquel texto. El PP renunció a aprobar esa ley para la que tenía votos suficientes, con la excusa de que el PSOE no la apoyaba y necesitaba un gran consenso.

Ahora, el PP de Alberto Núñez Feijóo les ha prometido a los fiscales conservadores en una cena coloquio que si llega a gobernar cambiará el sistema de elección de vocales con una reforma legal similar a la que mañana someten a votación en el pleno del Congreso, tal y como adelantó EL PAÍS.

El Gobierno rechaza esta iniciativa y solo contempla una renovación del CGPJ con la ley vigente, además de un compromiso para estudiar una futura reforma del sistema de elección. Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, defiende una reforma legal que permita renovar el CGPJ sin la mayoría de tres quintos que ahora se requiere en el Congreso y el Senado.

Las salas de Gobierno de los distintos tribunales de Justicia, integradas por los presidentes de los distintos órganos judiciales y un número similar de miembros elegidos por la carrera judicial, celebraron elecciones en 2019. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ganó en casi todas las elecciones y en algunas de ellas de manera apabullante. En el Tribunal Supremo logró 224 votos, todos los emitidos porque las demás asociaciones no tuvieron ningún apoyo. En la Audiencia Nacional se produjo un hecho similar con 146 votos de la APM por ninguno el resto de asociaciones. En los tribunales superiores de justicia de las 17 comunidades autónomas, vence en todas, salvo en cuatro.