La ruta migratoria invisible y con servicio VIP

En 2019 la Policía Nacional obtuvo información sobre una red dedicada a trasladar ciudadanos sirios hasta el norte de Europa a través de España. Los cabecillas vivían en Argelia, pero en marzo de 2022 tanto el líder, como su lugarteniente y varios miembros con responsabilidades se trasladaron a vivir a Málaga y Almería. En ambas provincias contrataron una estructura formada por españoles que daba soporte para los trayectos marítimos: arrancaban en la costa almeriense para llegar a la argelina, recogían a los viajeros y volvían a toda velocidad al punto de partida. La mudanza fue una oportunidad inesperada. Permitió arrancar una operación que acabó justo un año después con la detención de 15 personas —13 de ellas ya están en prisión— y el desmantelamiento de la banda, cuyos responsables, a veces, incluso trasladaban a los viajeros hasta Alemania o Noruega en coche tras desembarcar en la costa andaluza.

La operación, denominada Orontes y desarrollada entre marzo de 2022 y marzo de 2023, ha servido para desmantelar un nuevo tipo de organización de la que Frontex y la inteligencia de varios países europeos tenían indicios desde hace cuatro años, según fuentes de la investigación. Más allá de la rareza de tener su sede principal en España, habían levantado un complejo engranaje de captación de personas con sedes en países como Sudán y Liberia. También disponían de embarcaciones rápidas, caras, con motores de 300 caballos, que tardaban menos de tres horas en realizar el trayecto entre las costas de Argelia y Almería, separadas por unas 130 millas náuticas, unos 220 kilómetros. Los pilotos, además, iban armados y no dudaban en exhibir las armas ante cualquier problema. En cuanto llegaban a las costas españolas, tenían montado un dispositivo para trasladar a los migrantes a pisos y llevarlos después hasta su destino final en el norte de Europa. A veces, un taxi pirata los recogía directamente en alguna cala perdida del Parque Natural Cabo de Gata, según relata un policía.

Era un viaje prácticamente invisible para las fuerzas de seguridad españolas e internacionales. “La idea es que nunca llegásemos a verlos”, cuentan fuentes policiales. “Lo tenían todo muy bien controlado. Incluso habían calculado lo que tarda una patrullera de la Guardia Civil en ir a su encuentro desde que les detectasen”, añaden las mismas fuentes, que subrayan que cuando los agentes llegaban al punto, ya no había ni migrantes, ni traficantes, ni embarcación. Uno de los grandes desafíos de las fuerzas de seguridad españolas es que a través de la ruta argelina entra un número alto y difícil de calcular de personas indetectables.

La investigación ha revelado que los botes estaban a nombre de ciudadanos españoles. Formaban parte de una estructura con raíces familiares en la pesca a la que habían contratado para esconder las lanchas en naves videovigiladas, mantenerlas, repararlas, surtirlas de gasolina y trasladarlas hasta las calas donde se iniciaban los viajes. Una vez aseguraban la playa —bloqueando el camino de acceso— la organización llegaba en vehículos de lujo para dejar al piloto al que le tocase el turno, siempre de nacionalidad siria. Partía a toda velocidad, alcanzaba la costa de Argelia, recogía a entre 20 y 30 personas y volvía de nuevo a Almería, invirtiendo el tradicional trayecto, que suele partir del país norteafricano. Luego la lancha era ocultada de nuevo en suelo almeriense o, según el día, retomaba el trayecto: se han detectado jornadas en las que la conexión entre Almería y Argelia se realizaba hasta en tres ocasiones y con clientes en ambos sentidos.

Las pruebas recabadas por la Policía Nacional indican que entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 la organización realizó trece viajes en los que se trasladaron 200 personas, la mayoría sirios, pero también algunos argelinos. En el momento de las detenciones —el 7 y 8 de marzo pasados— había otras cien personas esperando a ser embarcadas en Argelia y medio millar más en ruta o a la espera en Libia. No hay cálculos exactos sobre cuántas personas han podido trasladar durante el tiempo que la organización ha operado. Cada billete tenía un precio que rondaba entre los 7.000 y los 20.000 euros. Quienes pagaban más obtenían una especie de servicio VIP que incluía desembarco en zonas costeras más tranquilas, recogida en vehículo de alta gama y fuertes medidas de seguridad. “Eso supone un gran peligro, porque por ahí podían meter a cualquiera”, subraya uno de los agentes que ha participado en la operación.

La captación de los ciudadanos sirios —la inmensa mayoría de los clientes de esta organización— se realizaba desde Libia. Desde ese país incluso gestionaban la documentación para llegar por aire, generalmente a través de aeropuertos de Sudán y Liberia para acabar finalmente en Bengasi, la segunda mayor ciudad de Libia, un país central en la ruta migratoria hacia Europa. Tras alojarse en pisos de seguridad controlados por la organización, los migrantes eran trasladados a Argelia, donde volvían a pasar un tiempo ocultos en viviendas hasta que llegase el momento del viaje hacia las costas almerienses. Los puntos de desembarque favoritos corresponden al entorno del Parque Natural Cabo de Gata, que ofrece lugares de difícil acceso. La gran superficie de este espacio protegido y la escasez de carreteras, además, complica la vigilancia permanente y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, según apuntan fuentes policiales.

La operación policial ha estado liderada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF) central en colaboración con las unidades de Almería, Málaga y Alicante. También se ha desarrollado en coordinación con Europol y la participación de las autoridades alemanas y noruegas. El trabajo ha culminado con la detención de 15 personas —nueve españoles, cinco sirios y un argelino— que ya estaba en prisión tras ser arrestado por la Guardia Civil meses antes y que había llegado a un acuerdo desde allí para que su ruta la operase la organización ahora desmantelada. Nueve de ellos vivían en Almería capital, cinco en Roquetas de Mar (también en la provincia de Almería) y uno más, en Málaga.

En los 13 registros realizados en ambas provincias andaluzas, los agentes se han incautado de 522.000 euros y 1.200 euros en metálico, además de dos embarcaciones de alta velocidad, una pistola, motores, gasolina y siete vehículos, además de 42 teléfonos —dos de ellos satelitales— y material informático, así como diversa documentación. A los arrestados se los considera presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y tráfico de drogas, ya que algunos aprovechaban los contantes viajes para trasladar sustancias estupefacientes. Tras pasar a disposición judicial, 13 de ellos ya están en prisión.