Los tres años de tormento de Raquel Díaz

Esta vez fue diferente y casi la mata. Raquel Díaz tenía 44 años el 27 de mayo de 2020 y estuvo muy cerca de no cumplir ninguno más. Pero sobrevivió. La abogada, pareja del exconcejal de Ponferrada (León, 63.000 habitantes) Pedro Muñoz, de Coalición por el Bierzo, sufrió presuntamente el más violento de los frecuentes ataques de su marido. El edil la maltrataba a menudo verbal y físicamente, hasta que esa noche, en su vivienda de Toreno, desató un infierno de insultos, amenazas, golpes y la tiró por el balcón. Después, la apaleó. Le rompió la columna vertebral y le causó lesiones cerebrales irreversibles. Las resoluciones judiciales del proceso citan 14 lesiones “incompatibles con un solo mecanismo causal”. La Fiscalía le reclama 18 años y nueve meses de prisión por cinco delitos, el de “lesiones agravadas” como principal. Él dice que fue un accidente, una caída. Ella se quedó en silla de ruedas e implora justicia.

Han pasado más de tres años desde ese episodio violento que la dejó en coma y muerte cerebral, y la abogada Raquel Díaz asiste al desarrollo judicial del caso desde una residencia de Castilla y León. Primero pasó por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, antes de volver a su comunidad, aunque la ubicación se lleva en secreto para favorecer la recuperación. La periodista berciana Susana Martín ha ido informando de la evolución de la letrada en las cabeceras del grupo Vocento, y en conversación con EL PAÍS recalca que la mujer, ahora con 47 años, ha mejorado notablemente y ha conseguido sortear las primeras y aciagas previsiones, aunque sufre un alto grado de dependencia.

Al menos puede hablar. Díaz, no obstante, depende mucho del momento y puede enlazar ratos de lucidez de gran profusión de recuerdos sobre lo acontecido aquella tarde del confinamiento pandémico o de violentas vivencias anteriores junto a Pedro Muñoz. En cambio, otras veces atraviesa crisis que le impiden articular un relato preciso. Fuentes de su entorno recuerdan su especialización como letrada en caso de violencia de género y un recorrido político ligado al bercianismo, pues cofundó Coalición por El Bierzo en 2015.

El caso, ralentizado en su desarrollo judicial, se dirime en la Audiencia Provincial de León. Hace dos semanas, la Fiscal de Violencia de Género de Ponferrada solicitó 18 años y nueve meses de prisión para Muñoz, expresidente de Coalición por el Bierzo, imputándole cinco delitos sobre su esposa, también excompañera de partido y cofundadora del mismo. El escrito fiscal le atribuye al enfermero de profesión un delito de malos tratos continuados, pero no alude a la tentativa de homicidio porque la considera una “excusa absolutoria de arrepentimiento”.

Para esta apreciación, el ministerio público recuerda que el sospechoso habría colocado a su expareja “en posición de seguridad” antes de llamar al 112 hablando de “accidente”, al precipitarse ella supuestamente desde el tejado, aunque las primeras pesquisas revelaron que tales daños no podían adscribirse a una sola caída. Esta postura fiscal ha indignado a la defensa y al entorno de la víctima, que reclaman un delito de homicidio en grado de tentativa.

Este diario ha contactado con la víctima, pero esta ha rechazado pronunciarse sobre el suceso que hace tres años rompió su vida y el proceso judicial ulterior.

El juicio sigue pendiente de fecha tras la conclusión de la fase de instrucción el pasado septiembre. El expolítico local pasó dos años en prisión provisional, el máximo permitido por la ley, y ahora vive por la comarca de El Bierzo. Muñoz ingresó primeramente en la cárcel por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de presuntos malos tratos habituales, pero la Fiscalía ha recordado en su escrito que el delito de lesiones agravadas aumenta la condena a 12 años privado de libertad contra un máximo de 10 en el caso de tentativa de homicidio.

La fiscal ha considerado “las lesiones psicofísicas que la imposibilitan [a Díaz] para la realización de cualquier tipo de profesión u oficio, precisando de asistencia para todas las actividades básicas de la vida diaria”. El acusado atesora una carrera política en seis partidos [Partido provincialista del Bierzo, PP, PSOE, Unión del Pueblo Leonés, Bierzo 7 y Coalición por El Bierzo] e incluso como procurador en las Cortes de Castilla y León.

Ahora el escrito de calificación del ministerio fiscal le achaca los delitos de violencia física y psicológica habitual, malos tratos “por tres hechos puntuales que están determinados”, un delito de amenazas y otro de injurias por los insultos sobre su pareja. También le reclama el pago de 1,12 millones de euros para la víctima, inhabilitada y en elevado grado de dependencia, y a abonarle los más de 120.000 euros que han costado sus tratamientos.

La mujer no había alertado de maltrato previo, pero sí llamó una vez al 112 en marzo de 2018, antes de casarse ese diciembre, pidiendo socorro, aunque ha denunciado que los policías no acudieron a la casa que compartía con el político. Asimismo, ha achacado a coacciones y miedo a palizas cuando firmó ante notario que no sufría ataques de su pareja.

Alzamiento de bienes

Un juzgado de Ponferrada impidió al principio de este dramático conflicto judicial que Muñoz ejecutara un alzamiento de bienes para donar sus propiedades a sus dos hijos, de una relación previa y de entre 30 y 40 años, y alegar insolvencia en caso de resultar condenado. Ella tiene una hija de unos 25 años que está ejerciendo la acusación particular en el caso. La familia de Díaz ha mantenido un perfil bajo y ha rogado a los partidos locales que no influyan en el caso para que se dirima limpiamente en los tribunales.

Lo acontecido ha vuelto a poner a la política de Ponferrada en la palestra dos décadas después del conocido como caso Nevenka, en el que el exalcalde de esa ciudad leonesa Ismael Álvarez fue condenado por acoso sexual sobre la concejala Nevenka Fernández. Varios políticos y expolíticos de Ponferrada y de Castilla y León admiten en privado la irascibilidad del sospechoso y recuerdan episodios de tensión con él, aunque no hasta el punto de la violencia física. Fuentes de Coalición por el Bierzo, que piden anonimato por miedo a represalias, achacan la “falta de implicación con la víctima” al “temor” de los cargos a perder su puesto o que, ante la influencia aún vigente de Pedro Muñoz en la formación, criticarlo suponga problemas futuros: “Es una pena”.