La justicia británica da la razón a Juan Carlos I y tumba la demanda por acoso de Corinna Larsen

Juan Carlos I ha obtenido este viernes una victoria clave en la batalla judicial contra su expareja sentimental, Corinna Larsen, librada en los tribunales británicos desde hace tres años. El tribunal que lleva el caso ha rechazado finalmente la demanda de la empresaria alemana, porque considera que la jurisdicción del Reino Unido no es la adecuada para juzgar el caso, y porque el relato de la demanda de Larsen no constituye una figura delictiva de acoso (harassment, en inglés), según la legislación inglesa.

“La demanda no se ajusta a las normas procesales exigidas a la hora de redactar una acusación de acoso. Del modo en que se ha presentado, su declaración no me ofrece bases razonables para sostener esa pretensión”, ha escrito de modo demoledor la magistrada Rowena Collins Rice, al frente del tribunal de apelación que lleva el caso.

“Mi conclusión principal”, señala la jueza, “es que el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales carece de la jurisdicción para juzgar este caso. Y esto es debido a que la demandante no ha interpuesto la demanda en el país de domicilio del demandado, a lo que él tiene derecho. No ha sido capaz de convencerme tampoco de que su caso entre dentro de las posibles excepciones a esta regla. No ha sido capaz de demostrar que ‘los hechos causantes de daños’ hayan ocurrido en Inglaterra”, ha escrito Collins para indicar que el asunto no corresponde, según su entender, a los tribunales ingleses.

La defensa del Rey emérito alegó, con éxito, que el artículo 4 de la regulación de la UE en materia de jurisdicción obliga a que las personas domiciliadas en un Estado miembro sean denunciadas ante los tribunales de ese Estado. Cuando Larsen presentó su demanda, en 2020, el Reino Unido todavía negociaba cómo desarrollar el Brexit y permanecía bajo la normativa comunitaria.

La tarde de este viernes, la defensa de Juan Carlos I en el Reino Unido ha difundido un comunicado en el que señalan que el Rey emérito está “muy satisfecho de conocer el fallo del Tribunal Superior de Inglaterra” y que considera “que se ha hecho justicia”. “Los tribunales ingleses han rechazado por completo y de manera concluyente la demanda contra Su Majestad, y han concluido que esta no tiene perspectivas de éxito y que, por tanto, no puede y no derivará en juicio”, explica el texto.

“De hecho, la jueza, Collins Rices, describió la demanda como ‘especulativa’ y ‘extraña’ en su fallo, destacando que la demandante no ha logrado ofrecer pruebas suficiente para apoyar sus alegaciones, y ello a pesar de que el proceso legal contra Su Majestad en Inglaterra comenzó hace casi tres años”, prosigue.

“Su Majestad siempre ha considerado la demanda interpuesta por la demandante como carente de toda sustancia o rigor”, apunta el comunicado, que concluye afirmando que “el rechazo enfático [de Juan Carlos I] de todas las alegaciones de acoso avanzadas por la demandante también ya fueron advertidas por el Tribunal de Apelación en su fallo de diciembre de 2022, y que los tribunales ingleses han rechazado la demanda en su totalidad”.

La empresaria alemana tiene aún opción de recurrir esta sentencia, pero sus posibilidades de triunfo, ya muy reducidas desde el momento en que la justicia británica aceptó en parte la inviolabilidad procesal de Juan Carlos I, son claramente escasas después de un veredicto tan contundente.

“Estoy profundamente decepcionada por el resultado de este caso en el Tribunal Superior de Inglaterra. Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico. El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen recursos adecuados a quienes lo hayan sufrido. La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo destruirme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles”, ha dicho Larsen a través de la firma de relaciones públicas que la representa.

Hasta tres bufetes de abogados distintos ha tenido que utilizar el rey emérito durante tres años para intentar erosionar, a través de una batería de cuestiones preliminares, la demanda interpuesta por su expareja sentimental.

Larsen interpuso la acusación ante la justicia británica en diciembre de 2020. A lo largo de 20 folios, describía una serie de episodios de acoso realizados —de modo personal, o a través de intermediarios— por Juan Carlos I o por el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, y amigo personal del monarca emérito, Félix Sanz Roldán. Responsabilizaba a ambos del “seguimiento abierto y encubierto” que supuestamente habían realizado agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —luego los redujo a operativos privados contratados por la otra parte— tanto en Londres, donde reside Larsen, como en su apartamento de Montecarlo.

La clave de todo el juicio, sin embargo, está en lo que se ha denominado en todas las vistas como el “regalo Lucum”, los casi 65 millones de euros que el rey emérito había transferido a la empresaria de manera “irrevocable” en 2012 desde la fundación panameña del mismo nombre. Cuando la relación amorosa se quebró, después de la inefable cacería de Botsuana de abril de 2012 que irritó a la mayoría de españoles, el padre de Felipe VI quiso recuperar su dinero. Fue a partir de ese momento cuando la empresaria alemana comenzó a sufrir, según su propio relato, una campaña de acoso y derribo contra su persona por parte del “aparato del Estado” y de la prensa española.

En las vistas del juicio del pasado julio, la empresaria alemana reveló finalmente la indemnización que exigía a Juan Carlos I: unos 146 millones de euros (126 millones de libras esterlinas). Pero esa cifra no dejaba de ser un desiderátum, un ejercicio de voluntarismo y de cálculo arbitrario. El verdadero objetivo de Larsen, durante todo el juicio, ha sido preservar los 65 millones de la donación.

Inmunidad parcial

En diciembre de 2022, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales concedió una victoria parcial al rey emérito, en contra de la sentencia previa del primer juez que se hizo cargo del caso, Matthew Nicklin. Consideraron los magistrados que los actos llevados a cabo contra la expareja sentimental del anterior jefe del Estado en los años previos a su abdicación (19 de junio de 2014) gozaban de inmunidad, y no podían, por tanto, ser juzgados en territorio británico.

Parte muy importante de los hechos referidos por Larsen en su demanda de acoso hacía referencia a ese periodo, entre 2012 —el comienzo de la relación sentimental— y 2014. Por ejemplo, la visita presuntamente amenazante que le realizó en Londres el entonces director general del CNI, Félix Sanz Roldán, o la intrusión de un equipo de operativos de la empresa de seguridad Eulen, a las órdenes del mismo Sanz Roldán, en el apartamento que Larsen tiene en Mónaco.

A por todas

La jueza Rowena Collins Rice ha asumido el mando del juicio durante las últimas vistas, que se celebraron a mediados de julio. A diferencia del derecho continental europeo, en el derecho común británico no debe ser necesariamente el mismo juez el que lleve el caso en todo momento. Nicklin dio señales de simpatía hacia la causa de Larsen. Collins, a la que tocó el caso por reparto, fue una esfinge durante las tres sesiones.

Una vez aclarada la cuestión de la inmunidad de Juan Carlos I, el nuevo equipo jurídico del rey emérito, encabezado por el abogado Adam Wolanski, quiso ir a por todas. Reclamó a la jueza que se pronunciara sobre una batería de alegaciones destinadas a tumbar el caso antes de que comenzara siquiera a ser tomado en consideración. Acusó a Larsen y a su equipo legal de presentar una denuncia con un relato de hechos —enmendados una y otra vez en los últimos dos años— que carecen de credibilidad, según la defensa de Juan Carlos I; el texto no contenía hechos o pruebas concretas que sostuvieran las acusaciones, aportaba datos irrelevantes para la causa y suponía un abuso del derecho procesal.

Wolanski dirigió en todo momento la atención de la jueza hacia los 65 millones de euros en litigio, y acusó a Larsen de intentar involucrar y chantajear a la Casa Real, a la que envió hasta tres cartas intimidatorias en las que amenazaba con tirar de la manta si no le ayudaban a poner freno al supuesto acoso. “Una amenaza en toda regla. Dadme lo que pido o acudiré a la prensa para entregar un material incriminatorio que hará daño a la Casa Real”, describió Wolanski ante la jueza la maniobra de Larsen. “Un chantaje (blackmail, en inglés)”, aseguró el abogado en varias ocasiones.