Las huelgas como contrapoder en Euskadi

Los sindicatos vascos han sacado a relucir su espíritu más batallador y están dispuestos a plantar cara a la Administración pública y sus responsables políticos. La conflictividad social y laboral va en aumento en el País Vasco. Este martes están prácticamente vacías las aulas de la escuela pública no universitaria. Y este miércoles están llamados a la huelga 150.000 empleados del sector público. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acusado de “populistas” a las centrales y critica su actitud “irresponsable”, además de guiarse por intereses políticos a pocos meses de convocarse las elecciones autonómicas, inicialmente previstas en la primavera de 2024.

Los datos son incontestables. Hasta el pasado mes de junio se registraron un total de 209 huelgas en el País Vasco, lo que representa el 60% de todas las que se contabilizaron en España, según los últimos datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi. En estas movilizaciones participaron 28.371 empleados y dejaron de trabajarse un total de 100.098 jornadas laborales. Las cifras van a engordar de aquí a diciembre a la vista de las protestas que los sindicatos vascos han anunciado para uno de los otoños más calientes de los últimos años. Se prevén paros en las residencias de mayores, en el sector de las ambulancias, en la enseñanza concertada, entre los docentes de la UPV, en Bilbobus.

“Vienen a por nosotros”, proclamó Urkullu ante miles de afiliados y simpatizantes del PNV en la celebración del Alderdi Eguna a finales de septiembre pasado. El presidente de este partido, Andoni Ortuzar, advirtió en esa misma cita de que van a plantar batalla: “No lo vamos a permitir. Tenemos 128 años de historia. Tenemos una hoja de servicios a este país impecable”. La secretaria general de CC OO Euskadi, Loli García, le ha replicado esta semana: “No hacemos huelgas por intereses políticos”.

Una muestra de la alta tensión existente en el mundo laboral son las 342 huelgas contabilizadas en 2022 en el País Vasco. Esta cifra supone el 50,4% de las que contabilizó el Ministerio de Trabajo en el conjunto del país. Existe una gran desproporción en relación con el peso que esta comunidad autónoma tiene en España (el 6,24%, según el cálculo para el Cupo). No se habían dado tantos paros laborales desde 2013 (fueron 350), aunque en el pasado ejercicio el alcance de las huelgas fue muy superior a aquel año, puesto que se triplicaron las personas que participaron en esas protestas (107.000 trabajadores) y se perdieron casi 385.000 jornadas de trabajo. Nunca antes se había llegado a estas cotas.

Hoy se han ausentado profesores, personal de educación especial y trabajadores de cocina y limpieza de la educación pública vasca no universitaria. El 22% del profesorado ha secundado la huelga, según los datos del Departamento de Educación, mientras que las centrales convocantes han elevado el seguimiento al 55% de los docentes. Bajo el lema “Mejorar las condiciones de trabajo para reforzar la educación pública vasca”, los sindicatos Steilas, ELA y CC OO han celebrado manifestaciones en las tres capitales vascas para instar al Departamento de Educación del Ejecutivo autónomo a que abandone “su política de privatización y precarización”. Reclaman a las autoridades educativas que alivien la carga de trabajo, se dote de recursos para responder a la realidad del alumnado actual y se recupere el poder adquisitivo de los últimos años, cuya pérdida cifran las centrales convocantes en un 20%. Entre sus reivindicaciones figuran el rejuvenecimiento de la plantilla docente, bien a través de jubilaciones anticipadas o reducciones de jornada, y rebajar la temporalidad real del 30% actual a un 8%.

Estos mismos empleados de la enseñanza pública volverán a la huelga este miércoles, en este caso en el marco de una huelga que engloba a todo el sector público vasco. Son un total de 150.000 funcionarios de la Administración general, Osakidetza, la enseñanza pública, justicia, además de empleados de las tres diputaciones, los ayuntamientos, de la Administración del Estado en el País Vasco y de empresas públicas como Metro Bilbao, Euskotren o los autobuses forales y municipales. Esta gran movilización está respaldada por todos los sindicatos, excepto UGT, esto es, el 85% de la representación en el País Vasco. Los paros afectarán a los hospitales y centros de atención primaria, las residencias de mayores, los centros educativos y el transporte de viajeros, principalmente. Este paro se repetirá el día 19 de diciembre. Para el conjunto del sector público demandan al Ejecutivo un aumento salarial del 10%, reducir la temporalidad real al 8%, reducir la jornada a 32 horas semanales, entre otras medidas de mejora de las condiciones económicas y de empleo.

El Gobierno vasco encuadra esta escalada de conflictividad laboral y social en una estrategia política que pretende condicionar la celebración de las próximas elecciones vascas en 2024. Bingen Zupiria, su portavoz, se ha expresado así esta semana en una entrevista en Radio Euskadi: “Consideramos que hay una estrategia para dar la sensación de que esto es una catástrofe, un caos total, y de que los servicios públicos se están deteriorando a marchas forzadas. Frente a los discursos que quieren hacer prevalecer el caos y el tremendismo, la sociedad vasca vive otra situación en la que se cuidan los servicios y el empleo públicos”.

La Consejería Trabajo y Empleo, dirigida por la vicelehendakari Idoia Mendia, ha establecido unos servicios mínimos para la huelga de este miércoles que obligan a que las Urgencias hospitalarias funcionen plenamente y con el personal de un día festivo en el resto de áreas, en Atención Primaria se trabajará como un sábado. En la educación no universitaria se impone la presencia de una persona del equipo directivo y otra para el control de acceso, además de un profesor por cada etapa universitaria. Los sindicatos han calificado de “abusivos” estos servicios mínimos.

En las principales acciones de protesta figura siempre el sindicato mayoritario ELA, una organización surgida en 1911 al amparo del PNV que se ha convertido en la actualidad en el ariete más crítico contra las políticas de la formación nacionalista. El pulso entre el PNV y ELA es total. Ortuzar ha llegado a criticar la “acción combinada” que ELA, LAB y EH Bildu están llevando a cabo con el objetivo de desgastar al PNV en el poder. Urkullu ha reiterado que los recursos de las instituciones son “finitos” y estos se gestionan “de la manera más eficiente posible”. El lehendakari, frente a los mensajes críticos de los sindicatos, sostiene que el PIB vasco ha crecido un 30% en una década, hasta los 86.200 millones, que hace diez años la tasa del paro era del 16,6% y en la actualidad se ha reducido al 7,4% y que en sanidad y educación Euskadi es la comunidad autónoma que más dinero público destina.