Dos policías se personan en el ‘caso Tsunami Democràtic’ para acusar por “terrorismo callejero”

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic, ha admitido este martes la personación como acusación particular de dos agentes de la Policía Nacional que, según han denunciado, resultaron heridos en Barcelona el 18 de octubre de 2019, durante las protestas convocadas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes políticos del procés. El magistrado ha tomado la decisión tras recibir esta mañana un escrito de los dos funcionarios, en el que se presentan como víctimas de “actos de terrorismo callejero”. La Fiscalía recurrió la pasada semana la citación como imputados de una docena de personas por delitos de terrorismo: entre ellas, el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Los abogados de los policías explican que, tras la sentencia del Supremo, se convocó una huelga general para el 18 de octubre. Aquel día, los dos agentes formaron parte del dispositivo de seguridad desplegado ante la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana, en Barcelona, donde “se produjeron diferentes disturbios protagonizados por sectores radicales violentos”. Entre otros, según detallan los letrados, algunos manifestantes lanzaron “intensos ataques” contra los agentes, empleando un “estilo de terrorismo urbano o kale borroka” y utilizando “adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje”, con el “evidente intento de producir el mayor número de bajas posibles” entre los funcionarios de las fuerzas de seguridad.

Según continúan los policías, estos disturbios se tradujeron en que, a la altura de la plaza de Urquinaona, el primer agente personado “recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes, que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo”. El segundo sufrió “un fuerte impacto en su mano”, que le provocó “una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho”, de la cual no ha podido recuperarse pese a “varias intervenciones quirúrgicas” y que ha supuesto que haya tenido que jubilarse con 45 años al no “reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía”.

En su auto de imputación, García-Castellón incluyó la huelga del 18 de octubre entre las movilizaciones que se mantienen bajo sospecha en esta causa, abierta por delitos de terrorismo. Según escribió el juez, Tsunami anunció “en las redes sociales la convocatoria a una huelga general con el siguiente texto: ‘Pensábamos que la sentencia era el final de un movimiento y ha sido su reinicio. Hoy bloqueamos el país para recordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades”.

“Bajo la cobertura de esta ‘huelga’, el 18 de octubre se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público. Es importante destacar el ataque que sufrió un agente de la Policía Nacional tras impactar en su cabeza una piedra que le dejó inconsciente y fue trasladado en ambulancia al hospital, siendo necesaria su hospitalización en la UCI. La jornada se saldó con más de 80 policías heridos y cuantiosos daños sobre el mobiliario público y bienes privados”, apuntó el magistrado, que añadió: “La instrucción deberá esclarecer la relación entre el llamamiento a la huelga por parte de Tsunami y los disturbios ocasionados. Y determinar si los resultados lesivos en las personas y los bienes resultan objetivamente imputables a los investigados. La imputación del resultado material de las lesiones y de los daños causados a Tsunami no resulta gratuita; y, por el contrario, se ve reforzada por la consciencia que desde la organización se tenía del peligro que podía suponer la tensión a la que transmitía la organización en la calle en esos momentos”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que descarta delitos de terrorismo y solo aprecia desórdenes públicos, no comparte esa tesis. En su recurso a la Sala de lo Penal, el ministerio público afirma que no detecta “hechos delictivos” en la convocatoria de la huelga y considera “inverosímil” que se pueda establecer la relación de los imputados con “las lesiones que, al parecer, sufrió un agente de la Policía Nacional” aquel día. “No es posible atribuir a ninguno de los investigados fallecimientos, lesiones o daños”, prosigue la acusación pública en sus alegaciones, en las que añade: “No consta en el procedimiento ni un solo dato que permita imputar a los investigados su criterio favorable a los mismos, a la ejecución de actos violentos contra cuerpos policiales o demás actuaciones, como destrozo de mobiliario urbano, y menos aún su inducción, cooperación o participación”.

Dos aforados

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, personada como acusación popular en el sumario, ha solicitado paralelamente al juez que envíe una exposición razonada al Tribunal Supremo para que dicho órgano continúe con la investigación. El colectivo considera que el alto tribunal debe asumir la competencia del caso Tsunami al constar dos investigados que se encuentran aforados: Carles Puigdemont, que es miembro del Parlamento Europeo; y Ruben Wagensberg (ERC), integrante de la Mesa del Parlament de Cataluña.

La competencia es uno de los grandes campos de batalla de la causa. Al no apreciar delitos de terrorismo, la Fiscalía y las defensas de algunos acusados apuestan por sacar el sumario de la Audiencia Nacional y enviarlo a los juzgados de Cataluña. Por su parte, Dignidad y Justicia y el partido ultraderechista Vox, también presente en la causa como acusación popular, habían defendido hasta ahora que el juzgado encabezado por Manuel García-Castellón siguiera al frente de las pesquisas.