Las enmiendas de ERC y Junts pretenden blindar la amnistía para Puigdemont, Rovira y el resto de encausados por Tsunami Democràtic y los CDR

Tras varios días de negociaciones entre el PSOE y algunos de sus socios de investidura, el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley de amnistía se ha saldado con tres textos diferentes: uno registrado por los socialistas y cuatro de sus socios (Sumar, ERC, EH Bildu y BNG); otro por Junts y un tercero presentado por ERC con modificaciones que el Partido Socialista no ha aceptado incluir en su escrito. Entre ellas, el alcance de la amnistía a los delitos de terrorismo, como el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa de Tsunami Democràtic.

La proposición de ley de amnistía, registrada en noviembre, dejaba fuera de la medida de gracia los delitos de terrorismo, pero solo cuando haya recaído sentencia firme. Esta condición garantizaba, en principio, la medida de gracia en las dos causas por terrorismo abiertas en la Audiencia Nacional, que afectan a activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y dirigentes independentistas por Tsunami Democràtic, pero ERC y Junts han querido blindar este aspecto y cada uno ha presentado una enmienda para sacar el terrorismo del listado de delitos excluidos de la medida de gracia. Ambos grupos proponen también modificaciones en la aplicación de la norma para asegurar, entre otros aspectos, que la presentación de cuestiones prejudiciales ante la justicia europea no retrase los primeros efectos de la amnistía una vez que la ley esté aprobada.

Las nueve enmiendas conjuntas registradas por el PSOE y cuatro de sus socios (Sumar, ERC, EH Bildu y BNG) a la proposición de ley de amnistía tienen un carácter eminentemente técnico que buscan apuntalar la interpretación de algunos aspectos de la proposición de ley. Así, se precisa que se amnistían los delitos ejecutados “en el contexto del denominado proceso independentista catalán”, una frase que se incorpora, según justifica el texto registrado en el Congreso, para “dotar de mayor coherencia y taxatividad al conjunto de conductas amnistiadas”. También se aumentan los supuestos cubiertos por la amnistía respecto a actos de crítica “o agravio” vertidos contra las autoridades o funcionarios públicos para incluir los llevados a cabo a través de “la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet o mediante el uso de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes”, que el texto original no incorporaba. Las enmiendas en común del PSOE y cuatro de sus socios aclaran asimismo que corresponderá al juez que lleve cada caso el levantamiento de las medidas cautelares y las órdenes de detención en cuanto entre en vigor la ley.

Ese texto toca también el artículo 2 de la proposición de ley, el que fija qué conductas no pueden amnistiarse, pero la modificación que propone implica solo excluir de la medida de gracia los delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio. Los socialistas mantienen la exclusión de la amnistía para los delitos de terrorismo cuando haya recaído sentencia firme, a diferencia de las enmiendas registradas por ERC y Junts, que optan directamente por borrar de la proposición de ley el apartado C del artículo 2 que recogía esta exclusión.

ERC salda la justificación de esta enmienda como una “mejora técnica”, mientras que Junts incorpora un amplio argumentario en el que sostiene que no existiendo “ninguna obligación conventual ni jurisprudencial” que imponga excluir de una amnistía los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos o como delitos de terrorismo “no existe razón alguna para mantener tal exclusión”. El partido de Puigdemont alega, además, que se está haciendo un “uso indebido” del Código Penal para perseguir a los independentistas catalanes, por lo que “resulta del todo conveniente retirar de entre los delitos excluidos los actos así tipificados”.

“Es una realidad que, nada más hacerse público el texto de la proposición de ley de amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento”, justifica Junts. “A lo largo del todo el periodo que abarca la proposición de ley de amnistía no existe ningún acto que pueda ser tipificado como delito de terrorismo, sin embargo, nos encontramos que, al menos, existen dos procedimientos en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes por hechos que no serían tipificables como tales, pero que lo están siendo y, para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la Ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos castigados [...] y los actos tipificados como delitos de terrorismo”, añade el texto registrado por este grupo. La enmienda de Junts, además de borrar el apartado sobre los delitos de terrorismo, elimina el que deja fuera de la medida de gracia los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional.

Los dos partidos independentistas catalanes coinciden también en registrar una enmienda para que la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no frene los efectos inmediatos que la proposición de ley prevé una vez que la norma entre en vigor, como el levantamiento de las medidas cautelares o de las órdenes internacionales y europeas de ingreso en prisión. El texto registrado por el PSOE en noviembre establece que se alzarán las medidas cautelares “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones”, pero no decía nada sobre la presentación de una cuestión prejudicial, una vía por la que se prevé que operen algunos de los tribunales que tienen que aplicar la amnistía. ERC y Junts pretenden que se incorpore esta referencia para blindar los primeros efectos de la medida de gracia, pero el PSOE lo ha dejado fuera de su texto.