La trama de compra de votos en Melilla amañó contratos públicos para “corromper” dos elecciones

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, María del Carmen Perles, que investiga la presunta trama de compra de votos para las elecciones del pasado 28 de mayo en la ciudad autónoma, ordenó este martes la detención de Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CpM), y otros seis destacados dirigentes de su partido, entre ellos su número uno para el 28-M y exconsejera de Hacienda, Dunia Almansouri, como presuntos integrantes de una “organización criminal” que de forma “planificada” desvió fondos a través del amaño de contratos públicos para “corromper” los resultados de las elecciones autonómicas de 2019 y 2023, según señalan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la causa. La magistrada concluye que, con ello, la formación política pretendía “alcanzar el Gobierno” ―lo consiguió en la anterior legislatura, cuando se integró en el tripartito que encabezó el candidato de Ciudadanos y en el que también estaba el PSOE― y “mantenerse” en el mismo tras el 28-M mediante la compra de votos en ambos comicios. La jueza recalca que hubo “una distribución de funciones entre las personas implicadas” en lo que denomina “entramado delictivo”.

Además, de Aberchán y Almansouri, los otros detenidos son Rachid Bussian Mohamed, exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes; Hassan Mohatar, exconsejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad; Mohamed Ahmed Al-Lal, exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y que ya fue detenido en mayo en la primera fase de la operación; Fátima Mohamed Kaddur, exviceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales, y Yonaida Sel-lam, presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa). El martes por la noche, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional de cuatro de los investigados ―uno de ellos, eludible con el pago de una fianza de 5.000 euros― y a un quinto le dejó en libertad con medidas cautelares. Está previsto que este miércoles tome declaración a los dos que fueron detenidos fuera de Melilla, entre ellos Aberchán.

La investigación ha revelado que las consejerías que estaban en manos de CpM desviaron el dinero mediante la adjudicación presuntamente irregular de contratos menores, así como de diversas subvenciones, con el objetivo final de financiar la trama y beneficiar a sus presuntos cabecillas. Las pesquisas apuntan al supuesto amaño de adjudicaciones por valor de seis millones de euros. Aberchán, que acudió a una comisaría de Santander cuando conoció que era buscado por la Policía y declarará ante el juez este miércoles, ya fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación por liderar otra trama de compra de votos por correo en las elecciones al Senado de 2008. Esta pena, que le impidió presentarse a las elecciones del 28-M, quedó extinguida el pasado agosto. Aberchán fue presidente de la ciudad autónoma de Melilla durante un breve periodo entre 1999 y 2000.

La bautizada como Operación Santiago-Rusadir había tenido una primera fase el 23 de mayo del año pasado, solo cinco días antes de los comicios autonómicos. Entonces, la Policía Nacional detuvo a una decena de personas, entre ellas Mohamed Ahmed Al Lal, alias Himmi, en aquel momento consejero en funciones de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de aquel Gobierno y número tres de la lista electoral de CpM para el 28-M. También fueron arrestados Abdelilah N., yerno de Aberchán, y un hermano de aquel. Todos ellos fueron acusados de delito electoral y de pertenencia a grupo criminal después de que se detectase una presunta trama de compra de votos cuyos integrantes recorrían las barriadas humildes de la ciudad autónoma en busca de personas dispuestas a vender su sufragio a cambio de cantidades que oscilaban entre los 100 y los 150 euros. En aquella operación se efectuaron 10 registros, en los que fueron encontrados dinero y papeletas, entre ellas algunas supuestamente robadas a carteros en las semanas previas. Entre los domicilios y locales en los que la policía entró, estaba el que usaba CpM como “centro de datos” y que servía además como sede del equipo de campaña de la formación.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que aquella primera fase de la operación impidió que se consumara un fraude electoral que presuntamente hubiera permitido a CpM mejorar los resultados de 2019, cuando obtuvo 10.472 sufragios y se convirtió en la segunda fuerza más votada tras el PP, lo que le permitió entrar en el Gobierno. De las 11.727 peticiones de voto por correo tramitadas en la ciudad autónoma para el 28-M, finalmente solo fueron enviadas 5.814 papeletas. Los cerca de 6.000 votos restantes no se emitieron después de que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Melilla y la Junta Electoral Central (JEC) decidieran exigir a todo melillense que acudiese a una oficina de Correos a entregar su papeleta en persona y con el DNI tras detectarse indicios de compra masiva de sufragios. En aquellos comicios, CpM bajó a 5.557 sufragios y logró cinco de los 25 consejeros, tres menos que en las elecciones de 2019. Pasó a la oposición y perdió las consejerías.

Tras aquellos primeros arrestos, el foco de la investigación se puso en los contratos públicos de las consejerías que durante el periodo 2019-2023 estuvieron en manos de CpM. En concreto, las carteras de Hacienda, Empleo y Comercio; la de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes; la de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, y la de Medio Ambiente y Sostenibilidad. La sospecha recae en aquellas adjudicaciones que fueron troceadas en contratos más pequeños para evitar la convocatoria de concursos públicos y, de este modo, tener manos libres para adjudicarlos evitando su fiscalización. De hecho, días después, la magistrada reclamó al Ejecutivo de Melilla los expedientes de contratos públicos adjudicados a, al menos, seis empresas, todas ellas pequeñas constructoras locales, algunas con tan solo un empleado.

Algunas de ellas habían recibido adjudicaciones de las consejerías controladas por el partido de Aberchán para realizar pequeñas obras que, en muchos de los casos, no superaban los 10.000 euros: desde arreglar bancos instalados en la calle a levantar pequeños muros en determinadas zonas. Junto a estas empresas, la jueza ordenó entonces al Gobierno melillense que suspendiera cualquier pago que estuviera previsto hacer a estas empresas por parte del propio ejecutivo, empresas municipales o sociedades públicas dependientes del mismo. También se ordenaba evitar transferir fondos públicos a 15 personas, de las que al menos cinco estaban relacionadas con estas empresas, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

El análisis de esta documentación ha revelado que una parte de los fondos presuntamente recibidos por la trama por estas adjudicaciones irregulares fue destinada a la compra de votos, aunque fuentes cercanas a la investigación detallan que en realidad esa cantidad fue “pequeña”. La investigación intenta aclarar a qué se destinó el resto, aunque todo apunta a que otra parte sirvió para pagar a individuos que ejercían de matones ante terceras personas a las que integrantes de la trama querían amedrentar por diferentes motivos. Las pesquisas buscan también indicios de si hubo enriquecimiento personal por parte de alguno de los principales implicados. En la causa se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación y malversación de caudales públicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En mayo del año pasado, cuando se produjeron aquellas primeras detenciones, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el decreto por el que encargaba las pesquisas a la Fiscalía Anticorrupción, ya apuntaba en ese sentido. García Ortiz señalaba en aquel documento que los entonces arrestados presuntamente “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada” de “individuos afines” o “relacionados” con el partido Coalición por Melilla y que “la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”.

El origen de la operación que ha destapado la trama fue un hecho casual: el supuesto amaño de partidos de un modesto equipo de fútbol de la ciudad que era investigado por la Policía Nacional. Durante aquellas pesquisas sobre el fraude en las apuestas deportivas que tenían como epicentro el CD Huracán Melilla, un equipo de la Tercera RFEF (el quinto escalón del fútbol español), los agentes interceptaron con orden judicial una conversación telefónica del expresidente de este equipo, Felipe Heredia Núñez, en la que este supuestamente presumía de haber conseguido más de 500 votos para CpM. En abril del año pasado, este club recibió supuestamente una subvención para financiar sus desplazamientos a la Península a disputar partidos oficiales cuando, paradójicamente, la temporada estaba prácticamente concluida. Heredia fue uno de los detenidos en mayo por el fraude electoral.