El Consejo de Ministros aborda la modificación de la Ley de Suelo con incierto futuro

En una legislatura enrevesada, la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana volverá a poner a prueba la resistencia del bloque de investidura y las costuras de la propia coalición. Marcado por un contexto de permanente campaña electoral y mayorías parlamentarias extremadamente ajustadas, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un plan normativo —y en el que se incluye este texto— que todavía no tiene garantizados los apoyos necesarios para salir adelante en las Cortes, ni el consenso de los dos socios. Fuentes de Sumar han confirmado a EL PAÍS que presentarán una observación formal en el seno del Consejo sobre el contenido de la reforma. Podemos, que se cuenta entre los aliados del Gobierno, ya ha explicitado su rechazo a una medida que, según denuncian, “solo serviría para dar vía libre a la cultura del pelotazo”. El anteproyecto, que había recibido el visto bueno del Ejecutivo la pasada legislatura —con el partido de Ione Belarra dentro—, no pudo avanzar en su tramitación en el Congreso por el adelanto electoral.

Aunque por el momento la formación de Yolanda Díaz evita ofrecer detalles, desde Sumar trasladan su disconformidad con aspectos del texto y aseguran que llevan tiempo en conversaciones bilaterales con el Ministerio de Vivienda, al que le han hecho llegar observaciones sobre el contenido de la ley. También la advertencia de Podemos fue clara este lunes. “Si el Gobierno trae el mismo texto de nuevo, en Podemos nos volveremos a oponer a que el PSOE reforme la ley del suelo para rebajar las garantías de los proyectos urbanísticos cuando necesitamos todo lo contrario”, aseguró en rueda de prensa la coportavoz de la formación María Teresa Pérez, dando a entender que su partido ya hizo batalla sobre este asunto, aunque en su día esa discrepancia no trascendió a la opinión pública. Pese a las críticas ahora, su organización formaba parte del Consejo de Ministros que dio el visto bueno, en diciembre de 2022, a la modificación de la norma. “Le recomendamos al PSOE que deje de hacer las mismas políticas que la derecha, que deje de cuidar a los especuladores y que trabaje por ampliar derechos y no descafeinarlos como está ocurriendo con la vivienda”, incidió.

La amenaza no es baladí. Podemos —que cuenta con tan solo cuatro diputados y está en el Grupo Mixto desde el pasado diciembre— ya tumbó en enero el decreto sobre la reforma del subsidio impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, máxima dirigente de Sumar. Solo su rechazo obliga ya al Gobierno a mirar a la bancada de la derecha para lograr reunir los votos suficientes.

La ley es una reivindicación del sector inmobiliario, que desde hace años reclama un marco normativo que brinde mayor seguridad jurídica y evite que se anulen los planes urbanísticos por deficiencias de carácter meramente formal, algo que según los analistas ocurre con frecuencia en España. De hecho, la Asociación de Promotores y Constructores de España estima que en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.

La reforma tiene como objetivo evitar esta paralización. Para ello, acota y restringe en el artículo 55 de la ley las causas que pueden ocasionar que se anule por completo un proyecto. Se limita a cuatro y entre ellas destaca la falta de una evaluación ambiental o de la memoria que justifique las decisiones de ordenación adoptadas. Además, en el mismo apartado se contempla la subsanación de los “vicios formales”, de forma que un proyecto pueda continuar una vez que se presenten los documentos correctos. También incluye modificaciones para simplificar la burocracia y mejorar la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las comunidades autónomas.

Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil y Fundador de la Cátedra UNESCO de vivienda URV, ve con buenos ojos que se flexibilice el régimen de nulidad de los planes urbanísticos, pues hasta ahora lo que ha ocasionado la ley es que se “revivan” proyectos obsoletos. “Como ejemplo están los planes hechos en el año 2000, cuando se pensaba que las ciudades crecerían. Para 2010 ya no funcionaban e intentaron cambiarse, pero al tener un vicio no esencial [un defecto de forma que no se considera grave] se anularon por completo. En la práctica, esto hace que la ciudad quede paralizada porque lo que se prevé ya no tiene nada que ver con la realidad y las necesidades de la nueva ciudad”, detalla.

Jorge Hervás Más, profesor del departamento de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, coincide en que es urgente llevar a cabo estas modificaciones para que las ciudades se modernicen a la par que las del resto de Europa. “Todos los urbanistas esperamos esta modificación con los brazos abiertos y no es porque se favorezca al constructor ni al especulador, sino porque aumentamos las garantías para todos. Si ahora viene alguien de fuera a invertir hay que decirle que nuestros plazos urbanísticos son de al menos dos legislaturas y que en caso de un defecto de forma el proyecto se va a anular por completo. Eso es vivir en la indefensión”, asegura.

Reducción del margen de “acción pública”

En línea con este demanda, la ley modifica el artículo 62 para impedir que cualquier particular pueda anular todo un plan urbanístico y reduce el margen de la “acción pública” solamente a “los aspectos materiales o sustantivos del plan”. Además, impide que puedan impugnarse los planes cuando la acción sea contraria a “la buena fe” o “pueda constituir un abuso de derecho”, es decir, que se busque paralizarlo por un interés personal. Aunque esto pueda implicar menos garantías, los analistas consideran que la norma deja margen a los tribunales para analizar caso a caso, por lo que no debería suponer un aumento de planes irregulares o mal diseñados.

La Ley de Suelo ha sufrido varias modificaciones desde que se aprobara por primera vez en 1975. La última reforma fue en 2015, después de la burbuja especulativa que se generó en el mercado inmobiliario. Hervás explica que ese cambio supuso un punto de inflexión porque se incorporaron medidas para la regeneración del espacio urbano. En esa ocasión, Podemos abandonó las negociaciones aludiendo a que el Partido Popular, que entonces gobernaba, buscaba un pacto con Ciudadanos para impulsar “un nuevo ciclo especulativo”.

En un año plagado de citas electorales, con vascas en menos de cuatro semanas (21 de abril), catalanas el 12 de mayo y europeas el 9 de junio, el Gobierno enfrenta grandes obstáculos para sacar adelante su agenda legislativa. Pedro Sánchez ya renunció hace dos semanas a seguir adelante con los Presupuestos de 2024, que con probabilidad le llevarían a hacer nuevas concesiones a los partidos independentistas cuando todavía los socialistas están pagando el coste político de aprobar la ley de amnistía, ahora en el Senado. Además de los problemas para conjugar los intereses de la amalgama de partidos que conforman el bloque de investidura, la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta alarga aún más cualquier tramitación.