La división del bloque conservador del CGPJ propicia la aprobación del voto telemático para las salas de gobiernos de los tribunales

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dividido este jueves en el pleno en el que se ha debatido la incorporación del voto telemático para la elección de los miembros de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia. El CGPJ tenía sobre la mesa un plan para reformar el reglamento que regula esas elecciones y e incorporar el voto telemático, una medida que han reclamado tres de las cuatro principales asociaciones de jueces (Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), pero a la que se opone la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que copa la mayoría de puestos en las salas de gobierno de los principales tribunales. Estas salas se han pronunciado en las últimas semanas en contra de la incorporación del voto telemático y parte del bloque conservador del CGPJ se ha movilizado para intentar frenar la propuesta de reforma que se llevaba al pleno. Finalmente, el voto telemático ha salido adelante por 10 votos a 5, después de varios vocales propuestos por el PP se sumaran a la postura defendida por los progresistas.

La incorporación del voto telemático ha abierto un nuevo foco de tensión en el CGPJ, si bien esta vez se ha saldado con un resultado distinto al habitual. El debate que existe en la carrera judicial acerca de la incorporación de esta modalidad de voto, con la que las asociaciones minoritarias pretenden que las elecciones sean más “transparente” se ha trasladado al grupo de vocales del sector conservador que habitualmente funcionan como un bloque compacto y mayoritario capaz de imponer sus decisiones en el seno del órgano. Los progresistas, favorables a la regulación del voto telemático, temían que esta vez volviera a ocurrir lo mismo y que los consejeros propuestos por el PP tumbaran la reforma del reglamento que regula las votaciones a las salas de gobierno, a pesar de que este cambio cuenta con el aval del gabinete técnico del Consejo.

Los que el pleno votaba es la convalidación del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el pasado 2 de noviembre -en el que se aprobó un informe del gabinete técnico del CGPJ favorable a introducir el voto virtual- y continuar con la tramitación de la modificación reglamentaria. Han votado a favor el presidente suplente, Vicente Guilarte; los vocales progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas -que ha anunciado la formulación de un voto concurrente-; y los conservadores Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán. Los consejeros José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Carmen Llombart, José María Macías y Wenceslao Olea han votado en contra. Macías ha anunciado un voto particular al que se adherirá Carmona, y Olea formulará otro al que se unirá Llombart. La vocal Pilar Sepúlveda no ha participado en el pleno por enfermedad.

La incorporación del voto telemático es una victoria de tres asociaciones judiciales que lo reclamaron al CGPJ y que el pasado lunes enviaron una carta conjunta al Consejo en la que mostraban su “preocupación” por que pudiera no salir adelante. En la misiva, las tres agrupaciones judiciales explicaban que, hasta ahora, las elecciones a las salas de gobierno se han realizado siempre por correo, pero que “en no pocas ocasiones” la documentación para votar por correo no llega a tiempo a las sedes judiciales. “Con el consiguiente perjuicio al derecho de voto”. Las asociaciones argumentan que el voto telemático “da mayores garantías” que el sistema actualmente usado por muchos jueces para votar, que es la delegación del voto a otro compañero. “El método del compañero que se desplaza con los sobres de votos de otros compañeros no garantiza que el voto sea anónimo y secreto al tiempo de la preparación del sobre, ni al tiempo de su transporte y depósito en la urna. En cambio, el voto telemático sí asegura el anonimato y con este método el elector puede comprobar que el voto se ha recibido sin modificación por la junta electoral”, señalaban las asociaciones.

La fórmula vigente, según las asociaciones minoritarias, beneficia a la mayoritaria APM, que tiene más afiliados, muchos de ellos en cargos de gobierno, y una maquinaria engrasada para recoger votos delegados. Esta asociación, en un comunicado enviado este martes a toda la carrera, sostiene que la introducción del voto telemático “es positiva”, pero asegura que hoy “no existe cobertura legal” para regularlo. Con estos mismos argumentos, se han opuesto al voto virtual las salas de gobierno de los principales tribunales, incluido el Supremo, en las que hay mayoría de miembros electos de la APM.

Las salas de gobierno son los órganos colegiados que toman las principales decisiones organizativas y administrativas de los tribunales, desde informar sobre las comisiones de servicio que determinan los nombramientos, a proponer inspecciones o redactar los informes en función de los que se decide la creación de nuevos órganos. El número de jueces que la integran varía en función del tribunal, pero todas están compuestas por miembros natos (entre ellos, el presidente y los presidentes de sala) y un número igual de magistrados o jueces elegidos por sus compañeros tras un proceso electoral que se celebra cada cinco años y al que se pueden presentar candidaturas independientes o propuestas por asociaciones judiciales.

En las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, la APM (1.413 asociados) obtuvo 61 de los 117 puestos en liza (un 52,1% del total). En el Tribunal Supremo, logró tres de cinco -uno fue para la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, 434 socios) y otro para un no asociado-. En la Audiencia Nacional, consiguió los tres puestos que se elegían. También arrasó en las Salas de Gobierno de los TSJ con mayor número de jueces: Comunidad Valenciana (seis de seis); Galicia (siete de siete), Castilla-La Mancha (ocho de ocho); País Vasco (seis APM; uno JJpD); Andalucía (14 APM; 1 Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV, con 885 socios); Madrid (tres APM; uno AJFV/Foro Judicial Independiente) y Cataluña (seis APM; uno JJpD).