Anticorrupción rechaza que la Fiscalía Europea asuma el ‘caso Koldo’

La Fiscalía Anticorrupción considera que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar el caso Koldo. Así, ha respondido el fiscal Luis Pastor Motta a la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad de la investigación, que reclamó hace casi un mes la remisión de las diligencias que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Por este motivo, el representante de la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ha instado al juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que eleve el asunto al Tribunal Supremo para que resuelva quién debe analizar, y hasta qué punto, las presuntas irregularidades en compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, desde los gobiernos de Canarias, Baleares, incluso en varios ministerios.

El fiscal Anticorrupción considera que la institución europea no puede llevarse toda la investigación porque la mayor parte de los fondos afectados son de procedencia estatal. “No hay duda de que existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE. En primer lugar, porque la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos”, subraya el escrito presentado ante el juez Moreno. En concreto, el importe de los fondos de la UE empleados en la adquisición del material sanitario ascendió a 13,9 millones de euros, mientras que los fondos nacionales, ya sean de la administración general del Estado o de la administración balear, suman 38 millones euros, apunta.

En segundo lugar, el fiscal señala que “atendiendo a los bienes jurídicos afectados”, la Audiencia Nacional investiga una “trama que ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración española”. Entre los investigados, el fiscal destaca a Koldo García, quien fuera asesor del socialista José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y da nombre a la causa judicial; el subsecretario de este ministerio, Jesús Manuel Gómez García y varios responsables de Puertos del Estado y de ADIF, además de un comandante y un subteniente de la Guardia Civil.

La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, ya asumió el pasado mes de marzo la investigación del suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias, si bien el pasado 30 de mayo, tras analizar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso, anunció que se arrogaba la totalidad del mismo, al entender que las adjudicaciones bajo sospecha encajan en una sola trama que operaba en diferentes partes. En este sentido, consideró que lo más lógico es que encargue de toda la investigación, puesto que en algunos expedientes afecta a cuantías económicas procedentes del presupuesto de la UE.

Desde que la Fiscalía Europea comenzó a funcionar en España hace tres años, ya ha habido alguna que otra discusión con Anticorrupción por la competencia de determinados casos. El primero de ellos fue por las comisiones que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, que cobró también por unos contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. En este caso, como las diligencias aún se encontraban en manos del ministerio público, y que finalmente acabaron en archivo, la cuestión de competencia la resolvió la Fiscalía General del Estado. En el caso actual, como la investigación ya se encuentra judicializada, será el Tribunal Supremo el órgano que determine la competencia.

La causa es “mucho más amplia y compleja”

En defensa de que la investigación del caso Koldo continúe como hasta ahora, el fiscal Pastor Motta destaca que “la relación entre la Fiscalía Europea y los órganos judiciales españoles no se basa en la subordinación de estos a aquella ni en una inexistente supremacía de una Fiscalía solo aparentemente supranacional”. En este sentido, recuerda que la competencia de la Fiscalía Europea es “indiscutible” cuando los intereses financieros de la Unión se ven afectados o cuando los delitos investigados por una autoridad nacional están “indisociablemente vinculados” a los analizados por la institución comunitaria, algo que, en su opinión, no se cumple en este caso. Y añade que los delitos que no perjudican a los intereses financieros comunitarios son la “esencia” de la causa abierta en la Audiencia Nacional.

De hecho, asegura que la causa que investiga el magistrado Ismael Moreno es “mucho más amplia y compleja” de lo que considera la Fiscalía Europea. “Lo que investiga el Juzgado es una trama que desborda con mucho la mera adjudicación de unos contratos afectos a fondos europeos, pues se expande por distintas administraciones públicas, ajenas a cualquier financiación de fondos europeos, una organización que preexistía a las adjudicaciones afectadas por fondos europeos y que ha subsistido a la celebración y ejecución de los correspondientes contratos, tal y como se desprende de las intervenciones telefónicas y los seguimientos policiales realizados durante la fase de secreto del procedimiento”.