Sumar reivindica su papel en el pacto sobre el Poder Judicial y trata de aplacar el malestar interno

El día después del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sumar trata de surfear el desconcierto interno sobre este asunto y rentabilizar unas negociaciones en las que ha tenido un papel secundario, el que le corresponde como socio minoritario del Ejecutivo. La coalición izquierdista, que reclama ir más lejos en la democratización de la justicia, propuso a dos de los diez vocales del CGPJ de la cuota del Ejecutivo —Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros— y reivindica esa aportación. Pero, a la vez, ante las críticas de varios partidos del bloque de investidura —Podemos y ERC arremetieron contra la “gran coalición” de PSOE y PP—, Sumar reclama a los socialistas que “no se lleven a engaño” con el PP como nuevo socio. El acuerdo deja al grupo coordinado por Yolanda Díaz en una posición complicada, con cierto malestar interno por la falta de información durante todo el proceso.

Fuentes de las negociaciones aseguran que, si bien Sumar no ha participado formalmente en los contactos con el PP, su portavoz de Justicia en el Congreso y diputado de IU, Enrique Santiago, ha estado en todo momento informado a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los vocales propuestos por Sumar son Inés Herreros Hernández, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, quien también fuera presidenta de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) y vocal del Consejo Fiscal; y Carlos Hugo Preciado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalado por Juezas y Jueces para la Democracia.

Además de esos dos magistrados, el grupo de Yolanda Díaz saca pecho de que finalmente el PP haya renunciado a su máxima de que sean los jueces quienes elijan directamente a los jueces. Y reivindica también el logro de se ponga coto a las puertas giratorias entre la política y la justicia, ya que los futuros vocales no podrán formar parte del CGPJ si se han dedicado a la política en los cinco años anteriores.

El acuerdo, que fue saludado tímidamente el martes por Yolanda Díaz como “un paso adelante”, ha desatado las críticas de los socios del Gobierno y tampoco satisface plenamente a Sumar, que reclama ahora más medidas para “avanzar en la democratización de la justicia”. “Garantizar mecanismos para que esta situación de bloqueo no se vuelva a repetir y reformar el acceso a la carrera judicial”, ha pedido específicamente este miércoles el portavoz parlamentario de la formación, Íñigo Errejón. “El PSOE no puede llevarse a engaño. Conseguir un acuerdo concreto con el PP no quiere decir que el PP sea un socio fiable para esta legislatura (…) A partir de ahora, hay que avanzar en la democratización de la justicia, y esto, en mi opinión, no se va a hacer con el PP”, ha advertido el diputado en los pasillos del Congreso.

Aunque todos en Sumar saludan lo que consideran el “fin del secuestro” del Poder Judicial por parte de los populares y creen que el pacto, necesario para salir de una situación de anomalía democrática, supone por tanto una “buena noticia”, hay voces en el grupo que apostillan que, si el paquete para la regeneración democrática no incluye nuevas medidas, el acuerdo será solo “pan para hoy y hambre para mañana”.

Fuentes de Compromís, por ejemplo, recuerdan que, tras la reapertura del caso contra la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra la semana pasada, han exigido a Pedro Sánchez un paquete legislativo y de reformas que debe ir encaminado a combatir el lawfare (guerra jurídica al adversario político). En este sentido, desde la formación recelan de la futura reforma y advierten de que no validarán una modificación que conlleve “retrocesos corporativistas”. ”El PSOE tendrá que esforzarse más si quiere el apoyo en materia de regeneración”, insisten.

La dirección de Sumar, que siempre abogó por rebajar las mayorías requeridas para elegir a los vocales del CGPJ —para poder prescindir así del acuerdo con el PP—, se muestra muy escéptica sobre las futuras modificaciones legales que incluye el acuerdo entre socialistas y populares. Este recoge que, en el plazo de seis meses, el nuevo CGPJ presentará una propuesta de reforma del modelo de elección del órgano que deberá ser aprobada por tres quintos de los nuevos vocales y remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado. Un consenso amplio que a priori no parece sencillo, argumentan.

A la desconfianza por lo que está por venir se suma el desconcierto y la incomodidad suscitada entre algunos diputados de Sumar por la ausencia de detalles cuando el acuerdo se hizo público. Fuentes de Més, que cuenta con un parlamentario en el grupo, señalan que deben estudiar aún los perfiles de los vocales propuestos para decidir el sentido de su voto. Aunque numéricamente su posición no es relevante porque el PP y el PSOE suman los tres quintos de la Cámara requeridos, sí lo es para el engranaje interno de Sumar, que atraviesa un momento de debilidad extrema tras los malos resultados electorales, la dimisión de Díaz como líder de su partido y el intento de establecer un nuevo modelo de relaciones entre las formaciones que componen la coalición.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, tildó al PP este miércoles de “nuevo socio del Gobierno”. Pero distintas voces de Sumar restan importancia a las críticas vertidas desde el bloque de investidura y rechazan que el acuerdo entre PSOE y PP inaugure “una nueva era del bipartidismo”. “Cada uno tiene que decir lo que tiene que decir de cara a su electorado. Todas sabemos de qué va esta partida”, zanjan.