El PP comunica al Gobierno su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería

El PP rechaza la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes llegados solos a Canarias entre el resto de comunidades autónomas, según fuentes conocedoras de la negociación. Los populares han tomado la decisión de no respaldar la admisión a trámite proposición de ley que se votará el martes en el Congreso después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, hayan intercambiado mensajes este domingo. Según el PP, el ministro ha trasladado al portavoz popular que “no acepta” sus condiciones para apoyar la reforma, mientras que fuentes gubernamentales señalan que Tellado ha dejado que claro que su grupo votará en contra y no se limitará a abstenerse. “El texto que proponen no es el nuestro. Si no aceptan nuestras condiciones, no podemos ayudarles”, afirman fuentes de la dirección popular. “Nosotros en ese planteamiento no podemos acompañarles”, remachan en el PP, aunque eluden confirmar si su voto será negativo.

El partido de Alberto Núñez Feijóo llevaba días amagando con rechazar la reforma de la Ley de Extranjería, que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con el Ejecutivo de Canarias (del que forma parte el PP), para aliviar la situación crítica de las islas, sobrepasadas por la llegada de menores migrantes. Sin embargo, pese a que la norma venía avalada por el PP canario (también la respalda el PP de Ceuta), la dirección nacional era muy reacia a refrendarla, presionada por el resto de presidentes autonómicos del PP. Los populares se han inclinado finalmente por no respaldar la reforma legal. “El Gobierno no acepta nuestras condiciones”, sostienen en el PP, que había remitido al Gobierno un documento con sus exigencias, entre las que figura la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional. Según el PP, el ministro Torres les ha dado a entender que la reforma saldrá adelante sin el PP. “Suponemos que con Junts”, sostienen fuentes de la dirección popular.

Fuentes gubernamentales niegan que exista un acuerdo con Junts, imprescindible por el voto negativo de los populares, aunque reconocen que este lunes se hará un último intento de acercar posturas y atribuyen esa insinuación a un intento del PP por sacudirse las propias responsabilidades. También niegan que el Gobierno haya rechazado las propuestas del PP y alegan que, si la reforma se admite a trámite, el texto “podrá mejorarse en el trámite parlamentario con las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP. Según fuentes próximas a la negociación, el rechazo del PP “deja la pelota en el tejado del presidente canario”, Fernando Clavijo, que ve como el pacto alcanzado con el Gobierno para paliar la gravísima situación del archipiélago la frustra en Madrid el mismo partido con el que gobierna su comunidad.

La decisión del PP llega después de que la extrema derecha haya roto cinco Gobiernos autonómicos conjuntos con los populares por haber aceptado un reparto mínimo de menores migrantes (en total, 347, de los 3.000 que necesita reubicar Canarias). Un movimiento que propició el líder del PP.

El próximo martes, 23 de julio, se cumplirá un año de las elecciones generales en las que Alberto Núñez Feijóo se quedó a las puertas de gobernar. Su victoria en las urnas resultó insuficiente, lastrada por los acuerdos de Gobierno de sus barones con Vox, que ni quiso ni supo controlar. Aquella decisión de dejar al libre albedrío a los presidentes populares para que pactaran con la extrema derecha le costó La Moncloa y, un año después, el líder del PP parece haber aprendido la lección. Por primera vez desde entonces, Feijóo ha tomado las riendas ante sus barones en una posición política ―la de la acogida de los menores no acompañados llegados a Canarias― que les afecta directamente. Hasta el punto de que la consecuencia ha sido que los ultras rompieran los cinco Gobiernos autonómicos que compartían con los populares. El “golpe de autoridad” de Feijóo, en palabras de un presidente popular, ha provocado incomodidad en algunos territorios.

Los líderes autonómicos del PP se resignan a tener que gobernar ahora en minoría, pero no a que les pase la extrema derecha por delante en el debate sobre la inmigración, que preocupa mucho en el PP por cómo ha arrasado a las derechas tradicionales en varios países de la UE.

La intervención de Feijóo en la acogida voluntaria de los menores migrantes fue decisiva en el sorpresivo divorcio en la derecha. En el PP creen que Abascal había calculado que las comunidades del PP defenderían una posición desigual en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que decidió el reparto voluntario de 347 menores (de los 3.000 que necesita reubicar Canarias) y que, en consecuencia, solo tendría que romper algunos Gobiernos conjuntos con el PP. Pero no todos.

El líder de Vox cometió un error de cálculo al echar un órdago al PP sin medir que esta vez, aunque los barones populares tenían opiniones diferentes, el líder popular ejercería su autoridad y propiciaría una posición en bloque de su partido, lo que no le dejaría más remedio que irse a la ruptura total. “No era lo mismo dejar caer el Gobierno de Castilla y León, donde solo queda un año y medio de legislatura, o el de Extremadura, donde solo tenían una consejería, que el resto”, analiza un presidente del PP que ha sufrido la salida de los ultras.

Abascal pensaba que algunas comunidades gobernadas por el PP dejarían sin respaldar el reparto voluntario de menores migrantes porque varias tenían muchas dudas sobre hacerlo. Era el caso, sobre todo, de la Comunidad Valenciana y de Murcia. El Gobierno de Carlos Mazón apostaba por abstenerse, y el de Fernando López Miras dudaba. Las comunidades del PP con costa en el Mediterráneo (también Andalucía), que sufren más presión migratoria, eran las más reacias. Ninguna estaba en el no, pero para asegurarse un voto favorable de todas, Feijóo movió ficha.

El líder del PP habló por teléfono con López Miras, con María Guardiola, presidenta de Extremadura; con Jorge Azcón, presidente de Aragón (aunque fue este último quien le llamó), y se mensajeó con el presidente valenciano Carlos Mazón justo antes de anunciar que el PP iba a ver el órdago de Abascal; es decir, iba a comprobar si el líder de Vox iba de farol. “Todos los presidentes autonómicos del PP”, proclamó desde Ermua la mañana de la conferencia, celebrada en Tenerife, “van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran en el orden del día”. Con esa declaración cambió todo.

“Feijóo vio la jugada de Abascal y pensó: aquí yo no aflojo”, cuenta uno de sus más estrechos colaboradores. “Una vez que te lanzan un órdago, lo que no puede parecer es que te lo gana el partido más pequeño. Si Abascal no hubiera hecho la rueda de prensa del lunes insistiendo en el envite, a lo mejor algún presidente del PP se habría abstenido”.

El movimiento de Feijóo tiene una lectura importante en los equilibrios internos en el PP. Un año después de haber errado desentendiéndose de los acuerdos de sus barones con Vox, ahora ha ejercido de líder. Superados todos los puntos de partido en el carrusel electoral que terminó el pasado junio con las elecciones europeas (que ganó el PP, aunque por estrecho margen), puede permitirse ejercer otro tipo de liderazgo. “Feijóo ha tenido dos golpes de autoridad: el acuerdo del CGPJ y la política migratoria”, analiza un presidente autonómico del PP. No es casualidad que ambas decisiones las haya tomado después de haberse consolidado en la presidencia del PP tras cumplir en todas las citas electorales. La victoria en las europeas terminó por cortar el paso a las aspiraciones nacionales de Isabel Díaz Ayuso, que acabó aceptando (aunque se oponía) el pacto para renovar el CGPJ.

“Feijóo se ha implicado, pero no le impuso el voto a nadie. Entendía que esto trascendía la política autonómica. Fue una decisión colegiada”, argumentan fuentes de su equipo. Otros barones estaban de acuerdo con plantar cara a los ultras y animaron a su líder a ir hasta el final. “Yo le decía: tienes que aguantar el órdago”, recuerda uno de ellos. “Abascal quería doblarnos el brazo. Y como te cojan la medida una vez, te ponen de rodillas enseguida”.

La reforma de la ley de extranjería

La decisión del PP sobre los menores migrantes se ha movido, por tanto, en una clave de competición con la extrema derecha, que sigue muy vigente. Los populares están muy preocupados por las consecuencias electorales del debate sobre la inmigración. Los presidentes autonómicos del PP alertan en privado de que el rechazo a los extranjeros moviliza a una parte de su votantes y advierten de que este debate se ha llevado por delante en varios países europeos a la derecha tradicional, como en Francia, donde Marine Le Pen vio hace tiempo el filón.

Estos barones avisan a la izquierda de que también corre riesgo ante este explosivo debate, porque los ultras han llegado a gobernar a lomos del discurso antiinmigración en lugares como Italia (Giorgia Meloni) o Hungría (Viktor Orbán). “El Gobierno está planteando esto como una trampa y haciendo un debate frentista. Lo lógico sería que hubiera conversaciones fuera de las cámaras... En lugar de eso, hay declaraciones en las que nos insultan”, se queja un presidente del PP. “Este es un debate de una complejidad y profundidad que me parece fatal que se trate con esta frivolidad”, lamenta.

Pero el PP también ha usado la inmigración como arma arrojadiza dejándose contaminar por el discurso de Vox. En las pasadas elecciones catalanas, Feijóo vinculó inmigración y delincuencia en plena pelea con los ultras. Hace 10 días, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, planteó enviar a la Armada a impedir el paso de los cayucos, haciendo suya una propuesta de la extrema derecha.

Este contexto ha influido en que el PP haya decidido no avalar la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes de Canarias. Por mucho que la norma haya nacido de un pacto entre el Gobierno central y el canario (del que forma parte el PP), los populares han confirmado que no apoyarán la toma en consideración de la proposición de ley el próximo martes. Los barones populares no comparten la reforma y apuestan por seguir acordando repartos voluntarios, a pesar de que la ejecución es demasiado lenta y no sirve para aliviar la situación desesperada de Canarias. Presidentes como Ayuso o López Miras se han manifestado de forma contundente en contra. “El Gobierno quiere una Ley de Extranjería para tomar decisiones unilaterales; yo prefiero acuerdo y diálogo”, dice el presidente de Aragón en una entrevista en EL PAÍS este domingo. Y Génova comparte la tesis.

Aunque algunas fuentes de la dirección deslizaban la semana pasada que una abstención condicionada podría ser una posibilidad, en el equipo directo de Feijóo sostienen que “no hay diferencias entre la abstención y el sí”, y que no estaban por la labor de una cosa ni de la otra si el Gobierno no atiende a sus propuestas. Estas fuentes recuerdan la frase que el líder del PP le dijo a Sánchez en su debate de investidura: “Cuando le fallen sus socios, no me busque”. Algunas cosas no han cambiado un año después del 23-J. Otras sí: el debate central ya no es Cataluña, sino la inmigración. Y Feijóo lidia con una extrema derecha todavía más asilvestrada.