La financiación coloca a Montero entre el fuego cruzado del PP y Junts

La nueva temporada parlamentaria se ha estrenado este miércoles con tramas renovadas y el mismo tono de siempre. La ley de amnistía y las actividades de la esposa del presidente del Gobierno, los grandes hilos argumentales en los capítulos anteriores, han dejado paso a la financiación singular de Cataluña, la principal línea de ataque del PP, o la inmigración, el asunto al que Vox se ha entregado con armas y bagajes hasta olvidar todo lo demás (el feminismo, el separatismo, la “estafa climática”...). Pero hay algo que siempre permanece invariable: la melodía de fondo, esa estridencia con la que el hemiciclo ya casi ni se inmuta aunque el popular Jaime de Olano asegure que “el modelo de Sánchez es Franco” o su portavoz, un Miguel Tellado que lo da todo en cada intervención, clame contra los “socialistas corrompidos por la narcodictadura de Maduro”.

Con Pedro Sánchez de viaje en China, la primera sesión de control al Gobierno del curso tuvo algo de esos descoloridos choques futbolísticos de pretemporada. En ausencia del presidente, la primera responsabilidad recayó sobre María Jesús Montero, porque es la vicepresidenta primera y porque como ministra de Hacienda debe responder del gran tema del momento, el acuerdo de los socialistas con ERC para traspasar la recaudación y gestión de los impuestos a Cataluña, coincidiendo además este miércoles con la celebración de la Diada.

Montero se enfrentó a tres preguntas: dos del PP y otra de Junts. Un fuego cruzado y tan contradictorio que permitió a la vicepresidenta colocarse en una posición equidistante y seguir echando balones fuera, sin muchas más explicaciones que la promesa de que no se va a romper la solidaridad interterritorial ni ninguna comunidad saldrá perdiendo. Por un lado atacaban los populares Cuca Gamarra y Juan Bravo para acusarla, en palabras de la primera, de abrazar “punto por punto la hoja de ruta separatista”. Y desde el bando exactamente contrario percutía la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para ridiculizar el acuerdo con ERC, que “no es un concierto ni nada parecido”, una afirmación que la propia Montero suscribió semanas atrás. “Si piensan que luchamos por la independencia para conformarnos con un poco de morralla…”, remató Nogueras.

El Gobierno no se limitó a defenderse de las acometidas, sino que pasó a la ofensiva. Frente a las recriminaciones de Gamarra de que el plan para Cataluña supondría dejar “con menos recursos al que menos tiene”, Montero esgrimió las rebajas fiscales a las rentas altas en las comunidades gobernadas por el PP. Y acusó a Andalucía de renunciar a 110 millones de euros en transferencias para abrir guarderías. El asunto siguió presente en las preguntas a otros ministros, que también se lanzaron al ataque. El de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, echó mano de viejos programas y declaraciones del PP, incluido su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, en favor de un concierto fiscal con Cataluña. Bolaños se marcó un tanto haciendo morder el anzuelo a los populares con la lectura de un documento que rezaba así: “Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación para Cataluña que responda al objetivo de resolver la insuficiencia financiera sistemática de la Generalitat para atender a sus competencias. Aseguraremos que el nuevo modelo de financiación respete el principio de ordinalidad”. El ministro preguntó entonces a Manuel Cobo, el diputado popular interpelante:

—¿A usted esto le parece separatismo fiscal? ¿Le parece que se rompe la unidad fiscal de nuestro país?

—Síííííí— rugió con entusiasmo parte de la bancada popular.

—¿Verdad que sí? Pues es el programa electoral del PP de Cataluña en 2012… ¡Gracias!

Bolaños enfrentó las más furiosas acometidas del PP, protagonizadas por Tellado y su compañero De Olano. Al portavoz popular, entregado estos días a la cuestión venezolana, no le vale que el Gobierno se haya negado a reconocer el triunfo electoral de Nicolás Maduro y haya concedido asilo político al líder opositor Edmundo González Urrutia. Con Tellado nunca hay medias tintas y, según él, Sánchez y los suyos están “haciendo el juego al socialismo genocida”. De Olano discurrió por otro de los temas favoritos del PP, la “colonización sanchista de las instituciones”, a propósito del controvertido nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Fue entonces cuando equiparó a Sánchez con Franco y llamó al presidente “autócrata de manual”.

Las dos preguntas de las que disponía Vox se centraron en la inmigración, lo que dio pie a que su diputado José María Figaredo volviera con el bulo de que el Gobierno va a traer “a gastos pagados” a 250.000 mauritanos. En el duelo entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el joven diputado popular —y vallisoletano como él— Eduardo Carazo se invirtieron los papeles. Esta vez fue Puente quien debió encajar la afilada ironía de su rival, que le afeó que sostenga que España pasa “por el mejor momento ferroviario de su historia” tras el caos vivido en el verano.

ERC decidió no agitar el asunto del acuerdo de financiación y se colocó discretamente en un segundo plano. Gabriel Rufián se limitó a conmemorar la Diada preguntando al ministro de Cultura por sus medidas para proteger el catalán. Ernest Urtasun le contestó en esa lengua (“la de mi padre y mi madre”, ilustró) y se convirtió así en el segundo miembro del Gobierno —tras el de Industria, Jordi Hereu, que lo hizo el pasado diciembre— que realizaba en la Cámara baja una intervención íntegra en una de las lenguas cooficiales.