La justicia deja en suspenso la orden del Gobierno canario de no acoger menores migrantes sin su autorización

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de forma cautelar la instrucción que el Gobierno canario había dado a las ONG que gestionan los centros de acogida en las islas para que no recibieran a más menores migrantes sin su autorización previa. Los jueces han tomado esa decisión tras la denuncia de la Red Española de Inmigración y de Ayuda al Refugiado, según ha anunciado el propio TSJC. El tribunal señala que acepta “la medida cautelar provisionalísima” para “proteger el interés de los menores no acompañados que [esos centros] ya están atendiendo”. El Gobierno canario no se ha pronunciado aún sobre la suspensión.

El TSJC accede a la medida al apreciar la “especial urgencia” que alegaba la ONG, pues, expone, la decisión del Gobierno canario “supone que, desde la adopción del acuerdo impugnado, los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias”. Esta recepción, aseguran, “queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.

La decisión judicial llega pocos días después de que el mismo tribunal suspendiese a petición de la Fiscalía el protocolo de atención a los menores migrantes aprobado por el Gobierno canario, que impone trámites más largos en la acogida de los niños y adolescentes llegados en patera. El Ejecutivo canario ya ha recurrido esta decisión.

La intención de Canarias, asevera el auto, pasaba por que los menores quedasen “bajo la guarda y custodia de las autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación”. Esta circunstancia es la que lleva a los tres jueces a aceptar la suspensión. “Nos encontramos ante una medida que altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados”, aseguran. Su “puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable, de ahí que apreciemos la especial urgencia en la adopción de la medida”.

El auto, con todo, no supone el cierre definitivo del procedimiento. La suspensión, aclara el TSJC, da respuesta a la petición de suspensión con carácter provisionalísimo, sin dar audiencia a la parte por motivos de extrema urgencia. En los próximos días, la comunidad autónoma podrá hacer las alegaciones que estime oportunas. En su decisión, la sala ha decidido seguir el mismo criterio que llevó a paralizar el protocolo de acogida: mantener “el actual statu quo” ante la intención del Ejecutivo trataba de imponer “una innovación no poco relevante” en la operativa actual.

”El Tribunal Suprema de Justicia de Canarias ha aceptado nuestra pretensión, que no es sino la de proteger a los menores”, ha declarado el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero. “Instamos al Gobierno canario a que se siente de verdad para hablar con espíritu tranquilo, con capacidad suficiente. Y sobre todo, que deje de intentar utilizar el estado de derecho contra los más vulnerables”. Reclama, por ello, que “se vuelva a la normalidad en la asistencia. Una normalidad que se ha truncado por la pelea partidaria en torno a un tema que debe ser siempre de unidad”.

Canarias tutela en a actualidad a unos 5.400 menores migrantes sin tutor legal. Esta situación ha desembocado en un abierto enfrentamiento político y en un recrudecimiento del discurso migratorio. El pacto inicial entre el Gobierno y Coalición Canaria para reformar la ley de extranjería e imponer la distribución de los niños saltó por los aires el 23 de julio, cuando la propuesta decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Junts y Vox.

A principios de septiembre, el Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo desplegó una serie de movimientos que agravaron el enfrentamiento con el PSOE (“Me siento engañado por el PSOE”, llegó a declarar en una entrevista con este diario). El día 2, Clavijo anunció que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los niños sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado. Ese mismo día, el Consejo de Gobierno aprobó la disposición suspendida ahora que prohibía a las entidades colaboradoras recibir nuevos migrantes sin permiso del Ejecutivo. Diez días después, el archipiélago anunciaba un nuevo protocolo de recepción, que pretendía actualizar el vigente desde 2014, y que frenaba la atención a los menores migrantes no acompañados al condicionarla a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas. La Fiscalía se opuso a este nuevo reglamento y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo suspendió el viernes.

Este lunes, el Consejo de Gobierno de Canarias acordó además remitir un requerimiento al Ejecutivo central en el que lo acusa de estar incurriendo en una “acumulación de incumplimientos” en la atención a los menores migrantes. El archipiélago dio entonces al un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Pasado ese tiempo, asegura que ejercerá las acciones legales y judiciales que vea “adecuadas”.

A la sombra de estos encontronazos públicos, el trabajo político parece seguir adelante. Antes de difundirse la suspensión cautelar de la instrucción, Fernando Clavijo ha asegurado este jueves en Madrid que confía en que habrá un acuerdo que permitirá la derivación de los menores migrantes antes de su próximo encuentro con Pedro Sánchez, previsto para el 11 de octubre. “Estamos muy cerca de la solución. La cerraremos en reuniones que tendremos en dos o tres semanas, cuando dispongamos de determinados informes del Gobierno”, ha señalado en un desayuno informativo.

Sánchez ha citado a Clavijo dentro de su ronda con presidentes autonómicos relacionada con la financiación singular para Cataluña. “Somos un partido de Estado, leales a nuestra palabra, pero la agenda canaria no se está cumpliendo y nuestro apoyo a los presupuestos va a depender del grado de ese cumplimiento, y de que contemplen los compromisos con Canarias. En todo caso, creemos que España debe tener presupuestos”.