El ‘caso Begoña Gómez’ afronta una semana de deliberaciones clave para su futuro

El caso Begoña Gómez y sus derivadas no dan una semana de respiro. Los tribunales afrontan este lunes y martes otras dos citas clave, que marcarán de nuevo la agenda política, con la derecha y ultraderecha lanzada contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la investigación del juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez, mujer del presidente, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Audiencia de Madrid se reúne este lunes para debatir si archiva, restringe o respalda las pesquisas contra Gómez, tras suspender la deliberación el 30 de septiembre (para cuando se había fijado inicialmente) por un error del juzgado de Peinado. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha convocado una vista el martes para decidir si admite a trámite la querella por prevaricación que presentó la Abogacía del Estado contra Peinado, en nombre del jefe del Ejecutivo.

Las partes esperan expectantes las resoluciones de la Audiencia de Madrid y del TSJM —este último, además, aún tendrá que pronunciarse en el futuro sobre otra querella presentada por Begoña Gómez contra el magistrado—. De una forma u otra, sus decisiones tendrán un impacto directo en la investigación del Juzgado de Instrucción 41 de la capital, que dirige Juan Carlos Peinado. El foco principal se centra en el tribunal provincial, que tiene sobre la mesa los recursos de la Fiscalía y de la defensa de la mujer del presidente, donde se acusa al juez Peinado de haberse construido una causa “carente de indicios”.

La defensa de la esposa del presidente, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, ha reclamado que se archive toda la investigación al haberse convertido, en opinión del abogado, en una “causa general” contra Gómez, “prohibida por la legislación”. En su caso, la Fiscalía ha solicitado a la Audiencia que, al menos, se marquen los límites de la instrucción —el ministerio público también se ha mostrado muy crítico con el procedimiento: ha denunciado la “incertidumbre” y “deriva procesal” de las pesquisas, y ha reprochado al juez que emprenda iniciativas “genéricas y carentes de concreción”—. Fuentes del entorno de Peinado han relatado que él está muy tranquilo respecto a la decisión que pueda adoptar el tribunal provincial.

Aunque la Audiencia de Madrid decida el mismo lunes qué hacer con la causa, su dictamen no se conocerá previsiblemente hasta varios días después. Cuando el debate se iba a celebrar el pasado 30 de septiembre (que acabó suspendido finalmente), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya advirtió que “la resolución derivada de esa sesión de deliberación y fallo se conocerá con posterioridad, tras la redacción por parte de su ponente y de la notificación del correspondiente auto”. Fuentes jurídicas prevén que ocurra lo mismo con la decisión del TSJM prevista para este martes sobre la admisión a trámite de la querella de Sánchez contra Peinado.

El Tribunal Superior de Justicia regional tenía que estudiar tres querellas contra el juez instructor. La primera es del periodista Máximo Pradera, para la que ya se reunió a debatir la pasada semana —aunque aún no se conoce su decisión al respecto— y que cuenta con el rechazo de la Fiscalía. La segunda es la del propio presidente del Gobierno, que sí respalda el ministerio público. Y la tercera fue presentada por Begoña Gómez (sobre la que la fiscal aún no se ha pronunciado, ni el TSJ ha fijado fecha para deliberar).

En el caso de admitirse a trámite alguna querella, el juez podría quedar apartado del sumario que mantiene abierto contra la mujer del jefe del Ejecutivo.

La dimensión política

Cada paso que se da en los tribunales sobre este caso tiene rápidamente su replica en el debate público. La derecha y la ultraderecha han convertido las pesquisas de Peinado en parte de su política de oposición contra el Gobierno. “Para demostrar que no tiene nada que esconder, Begoña Gómez borra la web en la que ofrecía el software de la Complutense que puso a nombre de su empresa. Di que sí, Pedro, otra medida a favor de la transparencia”, tuiteó el PP el jueves, después de que las acusaciones aseguraran que la esposa del presidente había “borrado pruebas” —ella había avisado casi un mes antes a la UCM (Universidad Complutense de Madrid) que el dominio caducaba este septiembre y el centro docente rechazó renovarlo, como publicó EL PAÍS este viernes—.

El Ejecutivo insiste en que la instrucción de Peinado no tiene base y se ha mostrado muy crítico contra él. La pasada semana, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó la investigación como un “caso político”. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, añadió el miércoles: “Mi confianza en el Estado de Derecho y en los jueces y tribunales de este país que ejercen con independencia e imparcialidad sus labores. Como ministro de Justicia me preocupan todos los retrasos y dilaciones que se puedan producir en los procedimientos. En este caso, estoy convencido de que España, que es un Estado de Derecho, hará que prevalezca la verdad y la justicia”.