Claves de la causa contra el fiscal general: un bulo del PP y un ‘email’ filtrado a la prensa

El Tribunal Supremo ha inaugurado un escenario inédito en la actual etapa democrática. Cinco magistrados de la Sala de lo Penal han decidido por unanimidad abrir por primera vez una causa al fiscal general del Estado, cargo actualmente ejercido por Álvaro García Ortiz, para investigar si se encuentra detrás de la filtración a la prensa de un correo electrónico enviado al ministerio público por la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid —en ese email, el novio de la política admitía que había cometido varios delitos fiscales y ofrecía un pacto—. A los pocos minutos de trascender la decisión del alto tribunal, la derecha se ha lanzado en tromba contra García Ortiz, al que mantiene en la diana como parte de su política de oposición al Gobierno. El PP ha pedido su dimisión.

Estas son las principales claves de una causa que comienza con un bulo propagado por el equipo de Ayuso y una información tergiversada:

¿Cuándo y cómo comienza la historia? A principios de marzo, Ayuso y su pareja se encontraban inmersos en un importante escándalo. La Fiscalía de Madrid había presentado una denuncia contra González Amador por urdir una trama de facturas falsas para defraudar más de 350.000 euros a Hacienda, que provocó su imputación días después. La presidenta de Madrid optó entonces por levantar una férrea defensa en torno a su novio y lanzarse al contraataque, señalando a los fiscales y presentándose como víctima de un complot político.

En ese contexto, sus asesores y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, comenzaron a maniobrar para tratar de sostener el relato de Ayuso. Y el 13 de marzo, poco más de 24 horas después de que se conociera que la Fiscalía había presentado su denuncia contra González Amador, el equipo de la presidenta empezó a difundir el bulo de que el ministerio público le había ofrecido un pacto. De hecho, en la misma noche de ese día, El Mundo publicó esa información tergiversada —reproduciendo en su supuesta noticia un email del fiscal del caso, Julián Salto, fechado el 12 de marzo, donde remitía a la defensa de González Amador una copia de la denuncia interpuesta y le manifestaba que no había obstáculos para llegar a un acuerdo entre las partes, como se negocia en casi todos los procedimientos judiciales—.

Miguel Ángel Rodríguez se hizo eco de esa información tergiversada con el objetivo de construir su tesis de que la supuesta oferta de la Fiscalía, que después se habría retirado, formaba parte de una especie de chantaje con fines políticos para desgastar a la dirigente del PP. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Había sido el propio novio de Ayuso quien, más de un mes antes, había tomado la iniciativa para tratar de alcanzar ese acuerdo, y su abogado Carlos Neira había enviado un correo al ministerio público el 2 de febrero para intentarlo.

Ese detalle, que desmontaba la tesis del PP de Madrid y la información tergiversada, lo desvelaron varios medios (entre ellos EL PAÍS y la SER) entre la medianoche del mismo 13 de marzo y la primera hora de la mañana del 14, publicando además ese correo originario de la pareja de la presidenta. A las 10.20 horas del día 14 de marzo de 2024 y ante la avalancha de peticiones de información por parte de los medios de comunicación, la Fiscalía también emitió una nota de prensa que echaba por tierra las mentiras que el equipo de la presidenta estaba propagando y dejaba claro que la iniciativa de intentar un pacto había partido de González Amador.

¿Quién denuncia? Tras la publicación de esa nota de prensa, se sucedieron los movimientos. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) consideró que ese comunicado implicaba varios delitos, y anunció que acudiría a los tribunales contra la Fiscalía. Por su parte, González Amador presentó una querella contra María Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, y Julián Salto, el fiscal de su caso, por supuesta revelación de secretos: tanto por la difusión de la nota de prensa —que no revelaba ningún dato que no se conociera ya por la prensa— como por la filtración a los medios del email enviado el 2 de febrero por su defensa.

¿Es delito la emisión de esa nota de prensa? El 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió aceptar la querella del novio de Ayuso y abrió una causa contra la Fiscalía. En su resolución, los magistrados se apoyaban principalmente en que la difusión de esa nota de prensa podía implicar supuestamente una revelación de secretos e, incluso, compraban la tesis de González Amador de que el comunicado incluía datos desconocidos para la opinión pública.

Con esa teoría como gran punto de partida, el TSJM inició una investigación que giró en buena parte sobre esa nota de prensa. Es más, el pasado 15 de julio, cuando el tribunal decidió enviar un escrito al Supremo para que asumiera la causa al apuntar ya al fiscal general, su principal conclusión era que la difusión de ese comunicado “excedía” lo publicado por la prensa y suponía “la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros”. “La nota podría haber tenido otro formato y contenido que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse”, escribió el magistrado Francisco José Goyena, encargado de la instrucción en el tribunal autonómico.

De esta forma, esta tesis constituyó la parte principal usada por el TSJM para levantar su causa. Pero el Supremo la ha echado por tierra este miércoles en buena parte. El alto tribunal ha concluido que ese comunicado “no” incluye, “aparentemente, información indebidamente revelada ante el conocimiento público de los hechos”: “Hay que apuntar que las informaciones contenidas en la citada nota informativa habían sido sacadas a la luz por distintos medios informativos de prensa y programas radiofónicos”. Pero el tribunal, para decidir investigar al fiscal general, se aferra entonces a que los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador fueron revelados a la prensa horas antes de que se publicara el comunicado oficial, cuando esos emails estaban ya en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial.

¿Quién filtró el correo? La clave del caso se sitúa ahora, por tanto, en quién filtró esos emails —un aspecto al que el juez instructor Goyena no dedicó ni un argumento en el escrito de nueve páginas enviado al Supremo—. La Fiscalía ya se defendió respecto a este tema y sostuvo que no existen indicios que apunten a miembros del ministerio público con más intensidad de los que puedan señalar a otras decenas de personas que pudieron tener acceso a ellos. En un escrito enviado al TSJM, la Fiscalía incidió en que las primeras noticias que hablaban de ese intento de alcanzar un acuerdo citaban a “fuentes próximas a la defensa” como origen de la información —e incluían el email enviado por el fiscal Salto el 12 de marzo—. Eso “sitúa el origen de la filtración en el entorno de la defensa de González Amador”, concluyó el ministerio público, que se mostró sorprendido de que el tribunal no hubiese hecho nada por mirar en esa dirección.

“Ninguna prueba existe que acredite con un mínimo de verosimilitud que el origen de esa filtración sea del lado del Ministerio Fiscal, sino más bien al contrario. Todo indica que esas filtraciones se han producido de forma interesada para crear un clima de confusión y desinformación”, continuó la Fiscalía en dicho escrito, donde añadió: “La atribución de la filtración al Ministerio Fiscal no pasa de ser una temeraria conjetura carente de toda base probatoria”. El ministerio público ya puso sobre la mesa que muchas personas pudieron acceder a esos correos: el abogado de González Amador envió su email a una cuenta genérica del ministerio público, al que tenían acceso 16 personas (12 fiscales y cuatro funcionarios), quienes a su vez pudieron facilitar esos correos a decenas de personas “dentro del ámbito” de su trabajo. A ellos se sumarían muchos miembros del entorno de Ayuso y su pareja.