El Gobierno cree injusta la imputación del fiscal y cierra filas con los socios para arroparlo

Se eleva al máximo la tensión entre el Gobierno y la Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, un juez que se ha convertido en un personaje fundamental en la conversación política en España. La imputación de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, con unos argumentos jurídicos que todos los miembros del Ejecutivo consultados consideran muy endebles —algunos incluso hablan abiertamente de lawfare, esto es, prácticamente de prevaricación— es una gota más, muy grande, en un vaso completamente rebosado de las relaciones entre el Gobierno y la sala clave del Supremo, que ha admitido la exposición razonada de un juez por unanimidad de los cinco magistrados que han debatido el asunto.

Ya se llegó al límite cuando Marchena, apoyado por otros magistrados, pero con el voto en contra entonces de Ana Ferrer, dejó fuera de la amnistía a Carles Puigdemont al entender que sí se había lucrado indirectamente con el procés al ahorrarse el dinero que tendría que haber puesto de su bolsillo para organizar el referéndum. Pero ahora, al leer el auto en el que el Supremo no imputa a García Ortiz por la nota explicativa que hizo, como se esperaba, sino por la posibilidad, muy difícil de demostrar, de que haya sido el autor de la filtración de un email que desmentía el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando era al revés, muchos miembros del Gobierno se han indignado. “No tiene sentido que digan que no hay delito en la nota de prensa, que parecía el problema principal, y ahora pidan investigar la filtración del email. No tienen ninguna prueba de que fue García quien lo filtró, deberían haberlo devuelto al juzgado de instrucción para que los investigara”, resume un ministro.

Antes de este miércoles, García Ortiz no tenía un apoyo unánime en el Ejecutivo por su gestión. Hay algunos miembros que creen que ha perdido el control de la Fiscalía, que está demasiado cuestionado en el sector. Pedro Sánchez y Félix Bolaños, los más importantes en esta decisión, siempre lo han respaldado, pero otros sectores eran más críticos. Pero eso cambió este miércoles. La imputación ha sido tan injusta a los ojos del Gobierno, que el cierre de filas con él ha sido absoluto esta vez. Incluso los ministros que son jueces, y, por tanto, más sensibles a la gravedad de que un fiscal general haya sido imputado, algo que no ha sucedido jamás en democracia, salieron rápidamente a apoyarlo y, por tanto, descartar que tenga que dimitir por la imputación, como hizo el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. También lo hizo Sumar, a través de Yolanda Díaz. El cierre de filas fue muy claro en la coalición.

El auto ha dejado desconcertados a todos los miembros del Gobierno con formación jurídica o interés por este asunto, porque se imputa para investigar una filtración que no hay ninguna prueba de que sea responsabilidad del fiscal y que lo más probable es que nunca se llegue a aclarar, como sucede siempre en estos casos, porque los periodistas que publicaron la noticia apelarán al secreto profesional para no revelar sus fuentes, y ahí suele morir la investigación. Bolaños fue muy claro en este sentido, al decir que está convencido de que el caso “acabará en nada”. Por eso, porque creen que es una imputación injusta y sin base jurídica, que quedará en nada en pocos meses, el Gobierno ha decidido respaldar a García y apoyarle para que soporte la presión de la oposición y de algunas asociaciones judiciales que están pidiendo su dimisión.

Sánchez ya había dado una instrucción clara hace meses, cuando se temía que esta imputación podía llegar, y era la de convencer a García Ortiz para que no dimita y mantener su apoyo cerrado hasta el final. Después de ver el auto, esa decisión inicial se ha reforzado y el Gobierno salió de forma muy clara y con distintas voces a apoyar al fiscal general. Pero también lo hicieron los socios del Ejecutivo, que cerraron filas con García Ortiz pese a la imputación. De hecho en los pasillos del Congreso algunos dirigentes insistían en que a pesar de que es un golpe institucional duro tener por primera vez en la democracia a un fiscal general imputado, la que salió perjudicada este miércoles es la imagen de la Sala Penal del Supremo, que ya ha sufrido críticas importantes por decisiones anteriores que también han sido muy criticadas.

Bolaños, que es el ministro de Justicia, evitó en todo momento criticar al Supremo y aseguró que mantiene el máximo respeto, pero de sus palabras era evidente que está en total desacuerdo con la decisión. “¿Puede ser delito contar la verdad?”, llegó a decir el ministro, poniendo en duda así que tenga sentido la imputación. En su opinión, lo único que hizo el fiscal general fue “desmentir un bulo surgido de la Comunidad de Madrid”, en referencia a que el ministerio público le había ofrecido un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando era lo contrario.

El PP y Vox salieron en tromba a pedir la dimisión del fiscal general, y a trasladar la sensación de que el Gobierno está acorralado por escándalos de corrupción y decisiones judiciales como esta. Feijóo le dijo a Sánchez que “su agonía legislativa va a ser una broma al lado de su agonía judicial”, y ese fue el mensaje que trasladó la oposición en el Congreso. Pero los mensajes internos en el Gobierno y con los propios socios van en sentido contrario: se está intentando recomponer la mayoría y fraguar un acuerdo de Presupuestos que consolidaría definitivamente la legislatura, aunque no parece inminente. Habrá que esperar a los congresos de Junts y ERC. Pero se va instalando la idea en la mayoría —incluso después de una jornada difícil como la de este miércoles, con la imputación de García— de que hay legislatura para largo.