La condena de la memoria: el ‘apartheid’ funerario diseñado por Franco

Hoy se cumplen 49 años de la muerte de Francisco Franco y un mito extendido por la derecha y la ultra derecha ha servido - a espera de la respuesta definitiva del Tribunal Constitucional- para tumbar leyes regionales de memoria bajo el pretexto de que las que había eran sectarias y solo para las víctimas de un bando. Ambas premisas son falsas. Esas normas amparaban a familiares de cualquier ideología, pero es cierto que sus principales beneficiarios han sido los descendientes de los represaliados por el franquismo, los que no habían sido reparados. Una exhaustiva investigación de Miriam Saqqa, Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), explica, a lo largo de 453 páginas, el desarrollo legislativo del dictador para, en una especie de “apartheid funerario”, localizar a sus caídos, juzgar a los responsables de sus muertes -algo que, subraya, los leales al Gobierno legítimo nunca han tenido- y excluir deliberadamente a las víctimas republicanas. Lo llama “damnatio memoriae”, la condena de la memoria.

Mientras las víctimas vinculadas al bando sublevado eran buscadas, exhumadas, enterradas dignamente, homenajeadas ante autoridades civiles, religiosas, políticas y militares y sus familiares reparados económicamente, las del bando perdedor no pudieron, en muchos casos, ni siquiera inscribir la muerte de su ser querido. Un decreto franquista publicado en el Boletín Oficial del Estado en agosto de 1939 explicita que las inscripciones de desaparecidos se debían llevar a cabo “siempre que se refieran a personas afectas al Glorioso Movimiento Nacional”. La investigación parte del proyecto El pasado bajo tierra, de Francisco Ferrándiz, antropólogo investigador del CSIC. Saqqa, con un perfil multidisciplinar - es historiadora, arqueóloga y antropóloga forense- dedicó cuatro años y medio a bucear en el BOE y en la llamada Causa General. Estas son las principales aportaciones del estudio.

El plan. Los ‘cuerpos nación’

Ya durante la Guerra Civil, las autoridades rebeldes subvirtieron las normas proclamadas con anterioridad por la República y empezaron a legislar los procesos para recuperar los cadáveres de los “mártires y caídos por Dios y por España”. Esta “administración de la muerte” que recoge el Boletín Oficial del Estado a partir de 1936 incluía la declaración de las fosas como “lugares sagrados”, un modelo de actas de exhumación o la supresión de impuestos que gravaban las inhumaciones. Pero, según rezan todas estas órdenes, leyes y decretos, aquella “piadosa finalidad” de enterrar dignamente a las víctimas solo se aplicaba sobre “las personas caídas por Dios y por España, bien en los campos de batalla, o asesinadas o fallecidas a causa de padecimientos sufridos durante la dominación marxista”. Por si quedaba alguna duda, en 1940 se modificó la ley del Registro Civil para incluir “la defensa de la Fe católica o de los ideales nacionales” como motivo de muerte, especificando que esa medida había de adoptarse con cautela para “impedir que se aplique a personas que en realidad no la ganaron o la merecieron”. Del otro lado, estaba la categoría de personas “no afectas o contrarias al Glorioso Movimiento Nacional, a las que se condenaba como enemigos”, subraya Saqqa, “a no poseer un espacio legal de muerte”. “Era una exclusión deliberada”, añade, “porque desde el principio, el objetivo no es humanitario, sino político”. Lo que la investigadora llama “cuerpos nación”, es decir, esos mártires sacrificados por Dios y por España, “se convirtió en una figura aglutinante y propagandística muy útil para el Régimen, tanto para sustentar el golpe de Estado como su represión”.

El método. Forenses convertidos en agentes políticos

La antropóloga forense ha documentado 171 exhumaciones de 3.518 víctimas a manos del bando republicano, 116 de ellas en Madrid, donde apenas fueron identificados el 32,6% de los cuerpos. Saqqa, que ha visto múltiples informes forenses de aquellos trabajos, explica que ese bajo porcentaje de identificaciones no se debe a falta de recursos, sino a la orientación de la misión. Tenían prisa. “El principal objetivo no era determinar la causa de la muerte, sino la identificación ideológica de los cadáveres. Y los forenses llevan a cabo procesos negligentes porque están al servicio de los intereses del Régimen. Se convierten en agentes políticos”. En sus informes científicos expresan su deseo de “aportar algunos datos más a la historia de la barbarie roja que ensangrienta el suelo patrio” o añaden comentarios como este: “¡Que Dios se apiade de todas y que ellas, desde la gloria que han alcanzado con su martirio, velen por el resurgimiento de la España que nace al mágico conjuro de las armas victoriosas de nuestro invicto Generalísimo”. Cuando la investigadora comparó esos procesos forenses con los que había llevado a cabo la justicia republicana durante la guerra, descubrió una “diferencia técnica y metodológica abismal”. De hecho, explica, muchas de las identificaciones que realizó la dictadura fueron gracias al trabajo previo de las instituciones republicanas.

La meta era encontrar nuevos mártires para la Causa General, pero probar la adscripción ideológica de las víctimas no siempre era fácil. No es posible asegurar que víctimas republicanas no hayan acabado, como ocurrió en el Valle de Cuelgamuros, en monumentos a los Caídos por Dios y por España. “De los traslados que se hicieron hasta 1948 desde diferentes municipios de Madrid a Paracuellos del Jarama, solo se identificó al 16% de los 749 cuerpos que se iban a trasladar”, explica Saqqa. De cómo actuaban estos forenses convertidos en agentes políticos cuando se encontraban cadáveres del bando republicano dan cuenta dos ejemplos. El primero es la autopsia que uno de ellos realiza sobre el cadáver del alcalde republicano de Calera y Chozas (Toledo), Felipe Fernández Varela, antes de que lo enterraran con otras víctimas en una fosa común. El médico señala como causa de la muerte el “alcoholismo”. Cuando, en 2012, se abrió esa fosa, Saqqa y su equipo comprobaron que el esqueleto presentaba una fractura de grandes dimensiones en el cráneo y varias más dispersas por el cuerpo que podían indicar torturas. El otro caso es de 1941. “En diferentes puntos de la Casa de Campo de Madrid, aparecen varios cadáveres y se envían a la escuela de Medicina Legal para su investigación”, relata la investigadora. “Al estudiar los restos, los objetos asociados, la munición... comprueban que pertenecen al bando republicano. Y lo que hace la Fiscalía de la Causa General es parar la investigación. No intenta identificarlos, localizar a sus familiares o investigar criminalmente la causa de la muerte. Fueron enterrados en una fosa sin nombre en el cementerio de La Almudena”.

La difusión de la Causa General. Traducciones y artículos en prensa

Cada exhumación e inhumación de los caídos por Dios y por España, explica Saqqa, se convertía en “un acto político y propagandístico”. Y ahí, añade, la prensa de la época jugó un “papel fundamental”, como muestra el relato al que contribuyeron numerosos artículos periodísticos analizados, muchos de los cuales, exageraban las cifras de víctimas. Con el mismo fin propagandístico de justificación del golpe de Estado y ocultación de la violencia perpetrada, el Régimen publicó en 1943 la obra Causa General. La dominación roja en España: avance de la información instruida por el Ministerio Público, de la que hubo cuatro ediciones más hasta 1961. De la primera se imprimieron 20.000 copias y se aconsejó que la mitad fueran distribuidas en Latinoamérica, Portugal y Marruecos. Los ejemplares fueron impresos por reclusos de los talleres penitenciarios. Un expediente localizado por la investigadora y fechado el 26 de marzo de 1946 recoge las discusiones entre la Fiscalía de la Causa General y sectores de la diplomacia de la dictadura sobre la conveniencia de difundir ese libro en el extranjero. El jefe de la Oficina de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis María de Lojendio, afirma: “Nos hace parecer como gentes brutales”. El agregado cultural de la embajada de España en Londres advierte de que lo que interesa a los ingleses es la “soldadura” de los “rojos” con los españoles y que la obra, por tanto, no es oportuna. Sus objeciones fueron desoídas. El libro se tradujo al inglés y al francés. “Ningún diplomático que llegaba a España se iba sin una copia”, explica la historiadora.

Saqqa ahonda en el carácter represivo de la Causa General en sí, y no solo hacia los considerados enemigos, “sino también con los familiares de esos mártires y caídos, los agentes religiosos y municipales, a los que amenazaban con penas de prisión o multas por obstaculizar la justicia si no contribuían al proceso con sus declaraciones, que en algunas provincias se solicitaban domicilio por domicilio”. En aquellos juicios sin garantía procesal alguna, la principal prueba incriminatoria fueron esos testimonios de familiares o supuestos testigos.