Cuatro detenidos en una nueva fase de la operación contra el fraude de los hidrocarburos que llevó a la cárcel a Aldama

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes a cuatro personas por su presunta implicación en la misma trama dedicada al millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos desmantelada en la operación que el pasado octubre llevó al comisionista Víctor de Aldama a prisión. Si en aquella primera fase se destapó una defraudación a la hacienda pública de 182 millones durante los ejercicios 2022 y 2023, las nuevas pesquisas han revelado un fraude de otros 45 millones cometido presuntamente en 2021. Entre los arrestados en esta segunda fase están la empresaria María Del Carmen Pano Sánchez y su hija, Leonor María González Pano, que encabezan Have Got Time, una sociedad comercializadora de hidrocarburos. Esta mercantil fue usada para comprar un chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara supuestamente el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, presuntamente a petición de Aldama.

Pano Sánchez afirmó en octubre en un medio digital, sin revelar su identidad inicialmente, que en 2020 llevó dos bolsas con un total de 90.000 euros a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para que el Gobierno concediera a cambio la licencia de operador de hidrocarburos a la empresa Villafuel, otra de las sociedades utilizadas al fraude. Fuentes cercanas a la investigación desvinculan esta acusación de los arrestos de este lunes, centrados exclusivamente en el fraude del IVA, una causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El tercer detenido es Luis Alberto Escolano Marín, socio de Aldama y que también figura como imputado en el caso Koldo, en el que se investiga a la supuesta trama corrupta que anidó en varias administraciones antes, durante y después de la pandemia. La Guardia Civil ha registrado este lunes un domicilio en Calatayud (Zaragoza) que figura como sede social de cuatro empresas de las que Escolano es administrador: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start. Según consta en el sumario del caso Koldo, la trama investigada en esta causa usó una de ellas, Serma Elecom, para costear el alquiler de la vivienda que pagó a una de las parejas de José Luis Ábalos, exministro del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). La UCO también ha realizado a lo largo de la jornada registros en las provincias de Madrid, Sevilla y Toledo

El último detenido es Carlos del Castillo Recio, quien, según los datos del registro mercantil, figura como administrador y socio de seis compañías donde Carmen Pano figura o ha figurado como apoderada. Entre ellas, hay dos mercantiles vinculadas al sector de los hidrocarburos, con sede en Badajoz (Combustibles Lucinala y Combustibles Virila); y las otras cuatro, también radicadas en la provincia extremeña, se dedican al “comercio de productos diversos; importación y exportación de toda clase de mercaderías”. Los arrestados están acusados de los delitos de blanqueo y organización criminal. La causa permanece bajo secreto de sumario.

Según consta en una resolución firmada por Pedraz cuando ordenó en octubre el ingreso en prisión de Aldama, la trama de hidrocarburos desmantelada creó una “estructura empresarial paralela” para poder blanquear las ganancias obtenidas a través del fraude. Esta red de compañías contaba supuestamente con toda una batería de cuentas bancarias para mover el dinero. Según las pesquisas, en la primera fase ya se detectaron transferencias al extranjero por valor de más de 73 millones de euros a países como Portugal, Colombia y China. Según ha detallado este lunes el instituto armado en una nota, “la organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal” y que iba siendo modificada para “asegurar la perfección del fraude” a lo largo de los años.

La trama desmantelada aprovechaba las lagunas legales de la liberación del mercado de los hidrocarburos para cometer un fraude que mantiene un sistema de actuación muy similar a otras redes desarticuladas en los últimos años. Para ejecutarlo, estas tramas crean una empresa a la que inscriben como intermediaria en la compraventa de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquiere legalmente importantes cantidades de productos petrolíferos a un mayorista. Luego, ese combustible es revendido a estaciones de servicio a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas las partidas que han adquirido. Eso sí, exigen el pronto pago de las mismas. Para evitar pagar al erario el IVA que cargan, simulan haber soportado en otras operaciones el pago de este mismo impuesto. De este modo, evitan ingresar dinero alguno al tesoro público o, como mucho, lo hacen en cantidades simbólicas. Una vez que Hacienda detecta las irregularidades y reclama a la mercantil que cumpla con sus obligaciones fiscales, la empresa desaparece y sólo deja el nombre de un administrador que es en realidad un testaferro. El negocio no acaba ahí ya que, al poco, tienen en funcionamiento otra sociedad similar que además hereda la cartera de gasolineras y el ritmo de fraude no desciende.

Uno de los detenidos este lunes, el empresario Escolano, negó en su día ante el juez Ismael Moreno su vinculación con la trama del caso Koldo. Pero la Guardia Civil sostiene que “Escolano estaría siendo utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero”. En opinión de los investigadores, los vínculos entre ambos empresarios constituyen una clave de las dos instrucciones judiciales abiertas sobre Aldama en la Audiencia Nacional. Su relación es tan estrecha que, cuando Aldama fue detenido por primera vez el pasado febrero por el caso Koldo, pidió a la Guardia Civil que avisara a Escolano de su captura y “lugar de custodia”, aunque los agentes no lograron dar con él. Escolano había sido también interrogado esa misma mañana por la UCO durante el despliegue policial.