¿Se imaginan que los primeros condenados por los delitos del novio de Ayuso sean políticos y periodistas?

El Partido Popular y muchos de sus dirigentes fueron condenados en el caso Gürtel, una trama de corrupción masiva que colonizó administraciones gobernadas por la formación conservadora. Mucho antes de que el caso llegara a juicio, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada para investigar una supuesta revelación de secretos porque EL PAÍS dio cuenta detallada de las corruptelas acreditadas por la investigación. El PP entendía que con la causa secreta, eso era un delito que había que investigar. El locuaz Mariano Rajoy lo interpretó así: “Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP”.

¿Se imaginan que el juez que instruía el caso, los fiscales que investigaban o los abogados de las distintas acusaciones populares hubieran sido condenados en esta causa antes incluso de que se hubiera celebrado el juicio contra el PP y sus dirigentes?

El Partido Popular y su secretaria general, Dolores de Cospedal, demandaron a EL PAÍS por la publicación de la contabilidad secreta que durante al menos 20 años manejaron sus gerentes y tesoreros para abonar a los principales dirigentes cuantiosos sobresueldos y para financiar las obras de reforma de su sede nacional con dinero negro nunca declarado a Hacienda. ¿Se imaginan que los tribunales hubieran condenado a EL PAÍS por publicar las pruebas de una grave corrupción que afectaba al partido del Gobierno? Cospedal acabó retirando la demanda cuando el extesorero Luis Bárcenas, admitió ser el autor del documento publicado por EL PAÍS.

El juez Manuel García Castellón abrió una pieza separada para investigar una supuesta revelación de secretos por la publicación en EL PAÍS de la respuesta de las autoridades suizas a una comisión rogatoria donde se desmontaba con argumentos jurídicos toda la causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. ¿Se imaginan que algún funcionario del juzgado de García Castellón, el propio juez o los departamentos suizos y español que manejaron el documento pudieran ser condenados en la causa por terrorismo contra Puigdemont, finalmente archivada por un error grueso del juez Manuel García Castellón?

El juez Juan Carlos Peinado encargó un informe a la Guardia Civil sobre las presuntas corruptelas perpetradas por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Cuando EL PAÍS publicó ese informe, que descartaba irregularidades en la actuación de Gómez, el juez abrió una pieza separada para investigar la supuesta revelación de secretos. ¿Imaginan ustedes que la causa contra Gómez, en la que el juez todavía no ha hallado tras nueve meses de investigación ni un solo indicio sólido de los delitos que persigue, se pudiera convertir en una condena contra el propio juez, funcionarios de su juzgado, o la Guardia Civil, únicos que tenían el documento que publicó EL PAÍS y que unos días después fue distribuido a todas las partes?

El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargó un informe a la Guardia Civil tras registrar el teléfono móvil de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, también investigada en esta causa. En un auto donde facilitó el contenido del informe a las partes, el instructor advirtió de que no se podía difundir a terceros. Pero sólo unos minutos después de su advertencia, el informe estaba copiado y pegado en todos los medios de comunicación, incluyendo conversaciones de particulares que nada tenían que ver con la causa. ¿Imaginan que, retorciendo mucho el derecho como se hace en algunos tribunales a diario, esta causa acabe investigando la gestión del juez Hurtado por no impedir con todos los medios a su disposición la supuesta revelación de un secreto que, por otra parte, la opinión pública tiene el derecho a conocer?

El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, que investigaron el denominado caso Noos, los contratos corruptos de administraciones gobernadas por el PP a favor de Iñaki Urdangarín, entonces yerno del rey Juan Carlos I, fueron investigados por revelación de secretos porque los detalles fiscales del esposo de la entonces infanta Cristina, obrantes en el sumario del caso, fueron publicados en los medios de comunicación. ¿Se imaginan que el juez, el fiscal o los abogados de las acusaciones populares hubieran sido condenados por aquel caso?

La supuesta filtración de sumarios donde se destapan casi siempre las corruptelas de un delincuente acaban en investigaciones judiciales que se archivan sin que los instructores tomen medidas especiales.

En todos los casos menos en uno, donde el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, conocido principalmente por intentar exculpar al PP en el caso Gürtel cuando era juez de la Audiencia Nacional, ordenó de urgencia registrar el despacho del fiscal general del Estado y clonar todos sus dispositivos electrónicos con la orden de almacenar información de ocho meses ―rectificada días después a solo ocho días―. El delito que persigue Hurtado es una supuesta revelación de secretos como otras muchas que se relatan en este artículo. Con una diferencia, el delito aquí revelado desmontaba una mentira mayor difundida por el entorno del supuesto delincuente Alberto González Amador, comisionista y pareja de Isabel Díaz Ayuso. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, reveló secretos de la causa con una interpretación manipulada que difundieron varios medios y, además, acusó en falso a la fiscalía de maniobras políticas inexistentes, mentira que airearon otros medios.

Para rizar el rizo de lo irracional. El comisionista Alberto González Amador lleva semanas presentando demandas por difamación contra políticos y periodistas que se atreven a llamarle lo que él mismo confesó ante la inspección de Hacienda y ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

La sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la primera de las demandas contra la vicepresidenta María Jesús Montero. ¿Se imaginan una condena al Gobierno de 40.000 euros por decir que el defraudador confeso Alberto González Amador tiene un piso pagado en parte con el botín del fraude?

El entorno de González Amador presume de que con las demandas por difamación que ha presentado (unas 15 contra políticos y periodistas) va a recaudar tanto dinero como la multa que está dispuesto a pagar (491.000 euros) para evitar la cárcel por los dos delitos que confesó.