El Congreso creará un registro para controlar las gestiones de los ‘lobbies’ ante los diputados

El Congreso creará un registro para controlar las actividades de los grupos de interés o lobbies que intentan influir sobre los diputados para que la legislación recoja sus demandas. La Cámara trata así de implantar prácticas ya vigentes desde hace tiempo en el Parlamento Europeo y en algunas comunidades autónomas para que los ciudadanos puedan conocer con mayor detalle cómo se elaboran las leyes y qué grupos privados han intervenido en su gestación. La iniciativa forma parte del Plan de Parlamento Abierto que este martes aprobará la Mesa del Congreso con el objetivo de dar mayor transparencia a la institución y abrirse a la participación ciudadana.

El mes pasado, el Gobierno ya envió un proyecto de ley al Congreso para regular ese tipo de actividades en la Administración y poner fin al vacío legal que existe en España sobre este asunto. Y ahora va a dar el paso la propia Cámara, donde es continuo el flujo de visitantes que acuden a entrevistarse con los diputados a fin de influir en la legislación o en otro tipo de decisiones que afectan a las entidades que representan.

La primera medida será crear un registro donde obligatoriamente se tengan que inscribir todas las entidades o personas interesadas en desarrollar este tipo de actividades. Esa inscripción será requisito indispensable para poder acceder al Congreso a entrevistarse con los diputados. El registro lo crearía directamente la Mesa, donde están representados PSOE, PP y Sumar, por lo que, según fuentes parlamentarias, sería una de las medidas previstas en el plan que se podría poner en práctica con mayor celeridad. En España ya existen registros autonómicos similares en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, además de uno municipal en el Ayuntamiento madrileño. Partiendo de los datos de estas comunidades, el Gobierno calculó que para el caso de la Administración central deberían apuntarse como grupos de presión unas 28.000 entidades o personas individuales.

Más complicada puede resultar la aplicación de otras propuestas que requerirían de una reforma del Reglamento y, por tanto, de un acuerdo entre grupos políticos. Entre ellas figura una que resulta indispensable para un completo control de las relaciones con los grupos de presión: las sanciones a aquellos diputados que no hagan públicas sus agendas de trabajo. El código de conducta de los parlamentarios ya estipula como una obligación divulgar las actividades y contactos con ese tipo de entidades. Pero solo uno de cada siete diputados lo cumple, como ha subrayado por cuarto año consecutivo la Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso, y no se dispone de ningún mecanismo legal para forzarlos a respetar el código. Para imponer sanciones por esos incumplimientos se necesita reformar el Reglamento, que tiene rango de ley y un trámite de elaboración similar.

Lo mismo ocurre con otro de los objetivos enunciados en el plan, también imprescindible para que la ciudadanía pueda conocer en detalle la actuación de los grupos de interés: la elaboración de la llamada “huella legislativa”, la trayectoria que ha seguido la elaboración de una ley haciendo constar los contactos mantenidos por cada grupo con los sectores sociales afectados por ella. “Esto evita la percepción de unas posibles prácticas opacas, refuerza la confianza ciudadana y permite que cualquier partido político evidencie que defiende procesos transparentes de cara al público”, afirma uno de los documentos que este martes estudiará la Mesa.

El plan ha sido elaborado a partir de cientos de aportaciones presentadas en los últimos meses por entidades sociales y los propios grupos políticos. La Cámara se compromete a mejorar su transparencia con la divulgación de cuestiones que hasta ahora no se publicaban de oficio como las enmiendas transaccionales —las pactadas entre varias formaciones— o los votos individuales en cada comisión. El Congreso creará una sede electrónica para que los ciudadanos puedan canalizar peticiones a través de ella y mejorará su página web a fin de hacerla más accesible al público. Para esto último, la secretaría general, que dirige el cuerpo de letrados de la Cámara, elaborará una guía con el objetivo de explicar el procedimiento legislativo “en un lenguaje claro”.

El Congreso trata de aplicar de este modo las recomendaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto, una organización internacional creada por 77 países, que celebrará su cumbre mundial el próximo octubre en Vitoria.