El colapso en la atención primaria calienta la precampaña en Andalucía

El 28 de enero, horas antes de que en el Parlamento de Andalucía se celebrara un pleno extraordinario sobre la situación de la Sanidad —convocado gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos y Vox―, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunciaba que en el próximo Consejo de Gobierno se aprobaría un plan de refuerzo en la Atención Primaria. “Mi energía está en solventar la tensión que hay en la atención primaria como consecuencia de esta sexta ola”, afirmó en una entrevista en RNE. Sin embargo, el contenido de esa iniciativa, conocido el pasado martes y que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha descrito como una “adecuación del plan de alta frecuentación [presentado en octubre de 2021] a la situación de la sexta ola”, evidencia que los esfuerzos del dirigente del PP y de su Ejecutivo están centrados en poner sordina al creciente malestar por la situación de colapso en la atención primaria en esta comunidad. Una situación denunciada por los profesionales desde hace meses, que los ciudadanos han padecido, sobre todo durante las Navidades, y a cuya protesta, a las puertas de unas elecciones que aún no tienen fecha, se ha sumado toda la oposición.

Los médicos de atención primaria —que han tenido que soportar estas Navidades un 30% más de carga laboral por el incremento de consultas por covid, las bajas de los compañeros y la burocracia de gestionar las bajas laborales― asisten hastiados al intercambio de reproches por parte de los dirigentes políticos andaluces. “Llevamos 37 años de gobiernos socialistas y tres del PP y nadie se ha terminado de creer a la atención primaria, nadie ha querido aprovechar la potencialidad de tener un médico en cada pueblo y en cada barrio. Las declaraciones de los políticos son estéticas, pero nadie va al fondo del asunto, ni se pregunta cómo hemos llegado a esta situación”, se lamenta Marta García Caballos, médica de familia de Granada.

“Siento la incertidumbre, la demora en la atención y en la respuesta dada por el sistema. Me siento responsable directo”, reconoció este lunes el presidente de la Junta, para apostillar, eso sí, que el problema no era exclusivo de esta comunidad. El PP de Andalucía es muy consciente del potente efecto erosivo que ejerce el descontento de los ciudadanos con la gestión de la sanidad pública. La indignación por los recortes en “la joya de la corona” —como en el PSOE-A se denominaba al sistema de salud― fue minando desde 2012 la credibilidad de los gobiernos socialistas hasta provocar la histórica pérdida del poder en la Junta en 2018. Los populares canalizaron ese malestar haciendo suyas las reivindicaciones del sector y saben que cuando los andaluces acudan a las urnas este año, en la papeleta pesará más el tiempo que tienen que esperar hasta conseguir cita con su médico de cabecera o con un especialista que el cambio en el modelo de financiación o la llegada de fondos europeos, explican fuentes del partido.

“En todo lo relacionado con la gestión y la percepción del gasto en lo público, el debate perjudica más a los partidos liberales y de derecha porque tradicionalmente abogan por un menor intervencionismo”, explica Carmen Ortega, profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. “La socialdemocracia, como hemos visto recientemente en Portugal, quiere poner en primer plano los servicios públicos y hacer bandera de que es con su gestión con la que se puede salir de esta crisis”, abunda.

El PSOE de Andalucía no es ajeno a esa realidad y su secretario general, Juan Espadas, ha hecho de las críticas a la gestión sanitaria de la Junta en esta sexta ola uno de los ejes de sus oposición al Gobierno de Moreno. Después de poner como condición para apoyar los presupuestos autonómicos que la Junta renovara a 8.000 de los 20.000 sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia —sumándose a las reclamaciones de los sindicatos―, a finales de año ofreció al presidente andaluz un gran pacto por la Sanidad que ha ido seguido de una movilización de alcaldes socialistas para pedir soluciones al colapso de la atención primaria en sus municipios.

Los sindicatos mayoritarios del sector han convocado huelgas los próximos 10 y 19 de febrero y los socialistas forzaron el pleno extraordinario sobre Sanidad. Aunque el presidente y otros consejeros de la Junta han reiterado en este tiempo que la situación en la atención primaria se iba a estabilizar a finales de mes, conforme amainara la sexta ola, la presión política y social obligó a Moreno a anunciar un plan de refuerzo de la atención primaria, que ni siquiera estaba en el orden del día del Consejo de Gobierno del pasado martes.

Medidas antiguas

Esa iniciativa, tal y como reconoció el consejero, lleva en funcionamiento desde enero y su inversión de 14, 7 millones de euros está prevista que culmine a finales de febrero. “Hemos adecuado a esta presión asistencial el plan de alta frecuentación con una reestructuración del funcionamiento actual”, explicó el consejero Aguirre. En octubre, coincidiendo con las críticas de los sindicatos por la no renovación de los 8.000 sanitarios de refuerzo covid, la Junta anunció que era la primera comunidad en retomar la completa normalidad en los centros de salud y acompañó la noticia con un plan estratégico de atención primaria, que presentó como la gran solución para descargar de trabajo a los médicos de familia, reducir las listas de espera y aumentar el tiempo de consultas presenciales de seis a ocho minutos.

Esa propuesta pretendía reducir las listas de espera de 3,4 días, que era la media, a 72 horas y el número de pacientes por médico a 1.500, además de garantizar que el tiempo medio por consulta iba a ser de ocho minutos (dos más que el tiempo fijado). En la remodelación anunciada este martes, Aguirre reconoció que se esperaba acotar a cuatro días la espera para consultas presenciales y a cinco las solicitadas a través de Salud Responde. También ofreció la posibilidad a los profesionales que superaran un percentil determinado su demora en la atención a pacientes que pudieran hacer turno de tardes, una opción que ya se venía aplicando desde finales de diciembre y que la consejería no ha cuantificado todavía.

“Este último plan es superficial, llega tarde, justo cuando está remitiendo la sexta ola, y la única novedad es que atiende a una demanda histórica de los médicos de atención primaria de poder hacer horas extraordinarias por la tarde como nuestros colegas de hospitales, aunque se nos paga menos”, apunta García. “No hay un análisis profundo sobre un mejor reparto de las funciones, sobre por qué estamos perdiendo profesionales, qué va a pasar cuándo se jubile buena parte de la plantilla en los próximos años o por qué cada vez hay más gente que se está haciendo seguros privados. Más que un plan para reforzar la atención primaria pública, parecería un plan para perjudicarla”, se cuestiona.

María López, nombre ficticio porque prefiere guardar el anonimato, es médico de familia en un centro de salud del Campo de Gibraltar (Cádiz). No sabe si entra dentro de los percentiles que ha establecido la consejería para poder doblar turnos, pero si los cumple hará turno de tarde. “Más que nada para no tener la sensación de que atiendo a mis pacientes deprisa y corriendo para que entren dentro de mi horario. Pero a ver cómo me las arreglo, porque también tengo niños, guardias, arrastro el cansancio de las vacaciones de no me he podido coger…”.

Un problema de visibilidad

Como a García, a López le incomoda que los partidos políticos utilicen la sanidad como arma arrojadiza. “Todos quieren colgarse las medallas, pero por hacer cosas inmediatas se les olvida que la atención primaria es prevención y promoción de la salud y eso pasa por garantizar la calidad en la atención”, advierte. No todas las jornadas son iguales, pero ella suele atender a unas 70 personas, entre las consultas a demanda, las telefónicas, las urgencias, la gestión de bajas, las visitas a domicilio o pacientes de otros colegas. “¿Quién preferirías ser, el paciente 60 en un día en el que no he podido hacer ninguna pausa y he estado atendiendo sin parar de cinco en cinco minutos o el primero?”, bromea.

La pandemia puso el foco en las UCI y apenas había consultas presenciales en los centros de salud. Conforme amainaban las olas, Moreno empezó a inaugurar hospitales y a poner primeras piedras de infraestructuras sanitarias, mientras la vacunación avanzaba a buen ritmo. “Moreno ha conseguido que se le vea como un candidato moderado, pragmático, capaz de hacer políticas públicas”, apunta Ortega. Los contagios desatados por la variante ómicron bloquearon la capacidad de respuesta de los centros de salud y han avivado las protestas de los profesionales, que ya venían alertando del déficit estructural que arrastraban, y han alentado las críticas de la oposición.

Interesado en no perder ese centro que ha conseguido apuntalar en estos tres años, Moreno apela a la herencia recibida en materia sanitaria después de 37 años de gobiernos socialistas y opone los datos de inversión —con un incremento del 25% en los presupuestos respecto de las últimas cuentas socialistas― y de profesionales contratados en esta legislatura —125.218 frente a los 95.000 de 2018― para exorcizar las imágenes de las colas en los centros de salud, mientras acusa al “partido único de la oposición” —donde engloba a PSOE, IU y Vox― de hacer política con la sanidad. La gestión de la salud pública se ha instalado en la precampaña andaluza.

Mientras, en medio de los dardos de los partidos, los profesionales y los pacientes aguardan a una solución que no llega. “La Atención primaria adolece de un problema de visibilidad, los políticos solo se acuerdan de nosotros y nos utilizan cuando se bloquea”, se lamenta García. “Esto nos provoca enfado porque se aprovechan de muchos años de colapso para sacar rédito por unas elecciones anticipadas. La mayoría de los partidos no conocen cómo funciona”, abunda.