“Estamos hartos de respirar veneno”. El Ayuntamiento de Coria rechaza el plan de emergencia que piden los vecinos que viven sobre suelo contaminado

“Estamos hartos de respirar veneno”. Así trasladaba Rogelia Gómez el malestar de los 4.000 vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla, 31.136 habitantes), que llevan inhalando desde hace casi una década gases tóxicos que emanan del suelo contaminado de una gasolinera vecina y que les han provocado graves problemas de salud, desde mareos a leucemia. Acudía, junto con otros residentes, esta mañana al pleno extraordinario del Ayuntamiento en el que se debatía la situación de su barrio, con la esperanza de que se aprobara la petición de la oposición (PSOE, PP y Vox) sobre la puesta en marcha de un plan de emergencia sanitario municipal para recuperar medioambientalmente la zona afectada y atender a sus necesidades sanitarias. Sin embargo, la mayoría absoluta de Andalucía Por Sí, que gobierna en el consistorio, ha tumbado esta reclamación vecinal, al entender que del último informe de la Fiscalía de Medio Ambiente se infiere que los competentes para adoptar medidas son la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

“Es otro capítulo más en el abandono en el que nos sentimos”, se lamentaba Rogelia, presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río, tras el pleno extraordinario. La petición para que sea su Ayuntamiento quien lidere las reclamaciones de los vecinos de esta barriada y que ponga en marcha un plan de emergencia sanitario no es nueva. Pero sus llamadas de atención ante los problemas de salud que les están provocando la inhalación constante de compuestos tóxicos procedentes de hidrocarburos por encima de lo permitido por la ley, se han visto reafirmadas con el reciente informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, del 20 de enero, que además de advertir que hay un “riesgo sustancial para la salud de los vecinos”, concluye que no solo los suelos de la gasolinera están contaminados, sino que esas sustancias tóxicas también han afectado a la calidad de las aguas subterráneas del entorno y de las superficiales del río Guadalquivir.

Estas conclusiones son las que ha esgrimido el portavoz del gobierno municipal, José Antonio Sánchez, para rechazar las propuestas de los vecinos, recogidas por la oposición, de activar el plan de emergencias municipal, crear una comisión de seguimiento para coordinar las diferentes acciones y reclamaciones de los vecinos y aprobar una partida presupuestaria para realizar un informe pericial sobre la relación entre la inhalación de los gases y las enfermedades que sufren los residentes y sus secuelas. “El informe concluye que el suelo de la gasolinera está contaminado, y sobre los suelos es competente la Junta, y que también lo están las aguas subterráneas, de las que es competente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, según la ley”, ha dicho Sánchez, que ha aprovechado para reprochar a la Fiscalía su tardanza de dos años en emitir un informe “en el que reconoce que hay riesgo para las personas”; y a la Junta que el Servicio Andaluz de Salud haya tardado el mismo tiempo en tener listo el informe sobre las historias clínicas de los pacientes afectados o que no haya puesto un juez de refuerzo para impulsar la instrucción penal, en la que está imputado, entre otros, el alcalde de Coria, Modesto González.

“Están jugando con los sentimientos de las personas”, reprocha Rogelia, profundamente decepcionada por los alegatos del Ayuntamiento. “En el caso de que las competencias fueran de la Junta y del Gobierno, que remen a favor y que insten a que actúen”, demanda al consostorio. Los vecinos reprochan la falta de interés del alcalde hacia sus problemas. Recuerdan cómo el Ayuntamiento ha dilatado hasta finales del año pasado la orden del TSJA, que en noviembre de 2023 le instó a reactivar la declaración de la zona como suelo contaminante -que el gobierno municipal archivó en 2021- y tampoco se les olvida su pasividad e interés por minimizar las consecuencias de la inhalación de esos gases en su salud. “No digo que se inventen nada, pero sí pueden estar confundiendo olores”, sostuvo González, tras conocer el fallo del TSJA, quien también dio entonces por terminada una descontaminación, que tanto el informe de la Fiscalía, como otro de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de la Junta del pasado mes de agosto, han desmentido. “En estos años no ha pasado a visitarnos, no ha entrado en ninguna de nuestras casas”, incide Rogelia.

En 2021 ya se debatió la activación del plan de emergencia sanitaria por primera vez. Entonces, el gobierno municipal lo rechazó alegando que la situación de los gases tóxicos que afectaban a la barriada estaba siendo investigada judicialmente. Se apoyaba, también, en un auto del TSJA de julio de ese mismo año, que estipulaba que “no había lugar” para la petición de alerta sanitaria y en la Delegación provincial de Salud de la Junta, que también había negado que concurrieran los requisitos para adoptar esa medida, sosteniendo que el daño “carecía de carácter irreversible”.

Cuatro años después, el proceso judicial sigue en fase de instrucción, pero hay nuevos documentos oficiales que son concluyentes sobre la contaminación de los suelos y su vinculación con los trastornos de salud que padecen los vecinos de la barriada. La Fiscalía también vincula “la exposición a hidrocarburos aromáticos como el toluleno, los bencenos y xilenos” -todos hallados en cantidades por encima de los niveles aceptables- a los “efectos negativos para la salud”, entre los que se citan la cefalea, náuseas, mareo, desorientación, confusión e inquietud, leucemia mielógena aguda, pérdida de consciencia, depresión respiratoria, irritación respiratoria, palpitaciones, mareos”,… todas las enfermedades que están padeciendo los residentes de la barriada.

Grupo de trabajo en el Parlamento

“Un plan de emergencia sanitario requiere de recursos económicos de los que no pueden disponer los ayuntamientos, y ahí puede apoyar la Junta y otras instituciones, pero es el consistorio quien debe tomar las riendas, atender a los problemas de los vecinos y el alcalde de Coria no ha tenido la valentía para hacerlo en estos años”, sostiene Rafael Recio, diputado del PSOE de Andalucía e impulsor de la PNL en el Parlamento para la creación de un grupo de trabajo que diagnostique el problema de la emanación de los gases y acompañe a los vecinos en sus problemas de salud. Esa iniciativa, aprobada por unanimidad, incluye a representantes de los grupos políticos de la cámara, la Junta de Andalucía, a través de las Consejerías de Medio Ambiente y Salud, el ayuntamiento de Coria, las empresas públicas de gestión de agua y la CHG. Los vecinos, a petición del PP, han sido excluidos.

“Estamos acostumbrados a perder”, se resigna Rogelia. Los residentes de la barriada Guadalquivir han perdido la esperanza en las instituciones. Por eso, tampoco celebran que un año después de que se aprobara esa PNL, la Junta haya anunciado la activación del grupo de trabajo para investigar la contaminación y acometer de manera integral la situación ambiental derivada de la presencia de contaminantes en la barriada. “Llegan un año tarde y además no cuentan con nosotros, que somos los que podemos contar de primera mano nuestros problemas, se nos ha excluido”, se lamenta Rogelia.