La patronal pide 1.125 euros al mes por alojar a familias vulnerables en pisos turísticos

El 20 de marzo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciaba un acuerdo entre el Ayuntamiento y la patronal de los pisos turísticos, Apartur: la ciudad dispondría de 200 apartamentos para alojar a familias vulnerables durante la cuarentena para frenar la covid-19. Un mes después, los pisos no han sido ocupados, porque no ha sido necesario, dice el consistorio. El acuerdo entre las partes, firmado el 10 de abril, estipula que el consistorio pague 1.125 euros al mes por piso.

En concreto, el acuerdo fija, por dos meses de uso, un precio de 1.800 euros, más 450 de gastos en concepto de suministros e IVA. En paralelo, Apartur ha cedido gratuitamente 250 viviendas para sanitarios o empleados de residencias para que puedan evitar el riesgo de contagiar a sus familiares en sus casas. Estos sí se están utilizando, pero la patronal no precisa cuántos, porque de la gestión se encargan los propietarios directamente con los hospitales, explica.

Tanto el Ayuntamiento como Apartur defienden que el precio acordado para alojar a familias vulnerables está por debajo de los precios de mercado. El consistorio apunta que el precio es el que se pudo conseguir. Pero, con la economía parada y la ciudad sin turistas, basta echar un vistazo a pisos turísticos (de tres habitaciones y hasta seis plazas) anunciados en plataformas de internet para encontrar precios inferiores a los 1.125 euros citados y en el centro de la ciudad.

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara afirmó el pasado 20 de marzo que los pisos se cederían por un precio “que no es el de mercado ni mucho menos”. Con el convenio firmado, fuentes de la patronal añaden que los recursos que ahora utiliza el consistorio para alojar a las familias vulnerables también tienen un coste y alertan de la complejidad del convenio: “Apartur no es propietario de los pisos [son de particulares o de empresas] y las familias no son los inquilinos”.

Sobre la razón por la que los pisos no han sido utilizados, fuentes municipales informan de que inicialmente el recurso de los apartamentos de uso turístico se contempló para realojar a familias que están en albergues o en pensiones. El consistorio buscó una alternativa por si las autoridades decidían cerrar estos equipamientos, pero al seguir abiertos no fue necesario utilizar los pisos turísticos.

El consistorio apunta además que en el acuerdo alcanzado el Instituto Municipal de Servicios Sociales “se reserva en cualquier caso la posibilidad de activarlos o no, en función de las necesidades detectadas entre la ciudadanía atendida por los Servicios Sociales municipales”. Y señala que actualmente, “las aproximadamente 1.700 personas que conforman familias vulnerables y que ya estaban alojadas en diferentes recursos residenciales” costeados por el Ayuntamiento “han podido seguir viviendo en las plazas que ya tenían otorgadas antes de la declaración del estado de alarma”.

Por último, el consistorio recuerda las plazas abiertas “para dar respuesta a la población vulnerable de la ciudad” durante la crisis de la covid-19: 720 para personas vulnerables (sin techo, con adicciones, jóvenes o mujeres), servicios de duchas y lavandería, el doble de comidas diarias (de 3.700 a 7.900) y el doble de ayudas de emergencia.

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