Convergència Democràtica ultima su disolución tras presentar un concurso de acreedores

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha dado este jueves el último paso que le quedaba para completar su disolución. La representación legal del que fue el principal partido de Cataluña bajo la tutela de Jordi Pujol y Artur Mas ha presentado un concurso de acreedores en el juzgado mercantil número 9 de Barcelona. La formación se encuentra en una delicada situación financiera por los múltiples embargos y además tiene que responder a la decisión del Tribunal Supremo para que devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales por obra pública, el caso Palau.

El partido tenía que presentar el concurso el pasado 30 de marzo, después de que iniciara la fase de preconcurso en diciembre de 2019, según ha adelantado el diario Ara. Sin embargo, la pandemia obligó a cerrar los juzgados y solo hasta ahora se puede seguir con el procedimiento legal. CDC bajó la persiana oficialmente en 2016, después de que sus militantes decidieran dar el salto y fundar el PDeCAT, en un intento de reinventarse tras los escándalos de corrupción y la confesión de presunto fraude fiscal de su exlíder, el expresidente Jordi Pujol. Ahora el juez deberá nombrar a un administrador concursal e iniciar la liquidación de CDC.

El pasado mayo, el Supremo ratificó que entre 1999 y 2009, Ferrovial pagó comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de grandes proyectos de obra pública en Cataluña, como por ejemplo la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. La sentencia obliga a que devuelva los más de seis millones de euros que recibió, pero la formación no los tiene. El partido, que funciona con una estructura mínima de tres personas mientras completa su desaparición, posee una docena de sedes embargadas, a la espera de la subasta, de un total de 40 locales en toda Cataluña. Sin embargo, el valor de esas 12 sedes solo cubre poco más de la mitad del importe (3,6 millones). Sus deudas bancarias rondan los cuatro millones.

CDC también está pendiente de la responsabilidad económica que se pueda derivar del caso del 3%, que lleva la Audiencia Nacional. De momento, el PDeCAT, que siempre ha querido desmarcarse de la formación de la que se deriva, no ha visto tocado su patrimonio. En el juicio del caso Palau, el fiscal intentó que el comiso fuese aplicado al “sucesor” de Convergència en caso de ser necesario. La sala rechazó esta opción porque los neoconvergentes nunca fueron parte en el procedimiento.