La Generalitat recibe 77 propuestas de proyectos eólicos en nueve meses

Tras una década seca en la puesta en marcha de nuevos molinos de viento en Cataluña, la Generalitat ha recibido en los últimos nueve meses un aluvión de proyectos: 77. La potencia acumulada de todas esas tramitaciones iniciales alcanza los 2.691 megavatios (MW) y aunque difícilmente saldrán adelante la mitad de los proyectos, el interés mostrado por los promotores supondría duplicar la actual potencia instalada: 1.269 MW. A esas demandas de implantar energía renovable por toda Cataluña se suman también otros 67 proyectos de generación fotovoltaica, que comportarían aproximadamente otros 365 megavatios más.

Esta lluvia de propuestas obedece a dos razones: por una parte, al decreto que aprobó el Govern en noviembre para facilitar la implantación y tramitación de parques eólicos y no solo en zonas acotadas. Y, por otra, al hambre de unos operadores que han visto cómo Cataluña no afrontaba la apertura un nuevo complejo desde hace ocho. Y eso que el objetivo europeo que señala que la mitad de la producción energética consumida ha de proceder de fuentes renovables a partir de 2030. Los dos factores han hecho explosionar el número de solicitudes para realizar inversiones, que ha empezado a tramitar el Departamento de Territorio, encargado del primer cribado de la Generalitat, después de que el de Empresa modificara la normativa. Con todo, cinco proyectos dependen del Gobierno central (los que prevén una potencia de más de 50 megavatios).

De esa primera selección a cargo de la Generalitat, en la que se desechan aquellos proyectos cuya ubicación se considera inviable, han caído 18 propuestas con 610 megavatios. “Si lo miras en su conjunto, estamos frenando más proyectos de los que Energía querría, pero hay que tener en cuenta que estamos mirando con lupa cada propuesta y respetando todas las normas que afectan a este tipo de instalaciones”, admite Manel Torrent, director del Instituto Catalán de Energía (Icaen), quien admite que el alud de iniciativas procede de los que los operadores tenían guardados desde hacer años en el cajón. .

Y habrá otros descartes, ya que antes de su aprobación definitiva, cada proyecto tendrá que superar la declaración de impacto ambiental, obedecer exigencias urbanísticas y conseguir la autorización —que conceden las empresas Endesa o Red Eléctrica, dependiendo del tamaño del parque— para conectarse a la red de distribución energética. Además de los recursos financieros para ejecutarla finalmente.

“Que haya solicitudes no quiere decir que se acaben desarrollando, entre otras cosas porque todas las presentadas no cabrían”, explica Ferran Miralles, director de Políticas Ambientales y Medio Natural y presidente de la ponencia creada para evaluar los proyectos. Miralles se refiere a que algunos de los nuevos proyectos registrados se interesan por el mismo emplazamiento, por lo que será imposible que todos acaben siendo una realidad.

Jaume Morrón, gerente de la patronal de los operadores Eoliccat, calcula que puede haber unos 1.000 megavatios de potencia propuestos que podrían estar afectados por esa duplicidad en el territorio, pero, en su opinión, eso no significa que no haya espacio suficiente en Cataluña para acoger parques eólicos. El anterior modelo administrativo de desarrollo de energía eólica fracasó en parte porque la Generalitat decidió que los parques de más de 10 MW de capacidad solo se podían ubicar en unas zonas previamente delimitadas, denominadas zonas de desarrollo prioritario (ZDP), basándose en su potencial de materia prima: el viento. “La tecnología ha avanzado con torres más altas y aspas de mayor longitud, lo que permite buscar el viento más alto e implantarse en lugares donde antes era imposible”, destaca Morrón. Eso ha provocado que la dispersión geográfica de los proyectos que tiene que atender la Generalitat también sea mayor.

El retraso por la pandemia

El problema, no obstante, que ya asumía el Departamento de Empresa, era la tarea ingente de hacer pedagogía sobre los beneficios de implantar molinos de viento pese a la oposición en algunos territorios. Miralles considera que la primera purga de expedientes que realiza la ponencia de energías renovables es justamente “para no alarmar de forma innecesaria”.

Aunque cuando se aprobó la norma se preveía que cada uno de los proyectos podría ser tramitado en un plazo récord de trece meses, la pandemia y la paralización de tramitaciones administrativas provocada por el estado de alarma ha retrasado los trabajos. “Quizás en cinco meses podemos tener alguno, pero no lo podemos saber”, afirma Miralles, quien señala que lo único que está claro es que de aquí a 2030, diez años, Cataluña necesita poner en marcha 10.000 megavatios de energías renovables, de los que 4.000 corresponden a eólica.

En agosto la ponencia se ha seguido reuniendo para analizar los proyectos presentados, prueba del retraso que ha generado la pandemia y el estado de alarma en el proceso.