La justicia obliga a la Generalitat a renovar el concierto a las escuelas que separan por sexo

El Departamento de Educación deberá renovar el concierto a los 11 colegios que separan a los alumnos por sexo. Así lo ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha estimado el recurso presentado por estas escuelas, en el que pedían, como medida cautelar, suspender la resolución de Educación que les retiraba el concierto. En un auto, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo obliga a la Generalitat a renovar la financiación durante seis años para preservar el interés de las familias y la viabilidad económica de los centros. Con todo, el tribunal solo se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que solicitaban los centros, pero falta que se posicione sobre el fondo de la cuestión: si estos colegios tienen derecho a recibir financiación pública.

El pasado mes de mayo, Educación publicó una resolución provisional -que elevó a definitiva en julio- en que retiraba el concierto a 11 colegios que separan a los alumnos por sexo -lo que también se conoce como modelo de educación diferenciada-, todos ellos vinculados al Opus Dei. Los centros afectados son: Canigó de Barcelona, Bell-lloc del Pla de Girona, Les Alzines de Girona, Pineda de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Xaloc de L’Hospitalet de Llobregat, Institució Lleida, Campjoliu de L’Arboç (Tarragona), Institució Tarragona de Reus (Tarragona), La Vall de Sabadell (Barcelona), La Farga de Sant Cugat y Viaró de Sant Cugat (Barcelona). Con todo, la Generalitat les prorrogó el concierto un año, ya que entonces la preinscripción escolar ya se había realizado.

Educación, que ya ha anunciado que recurrirá el auto, exigió a los colegios que presentaran el proyecto educativo y justificaran la separación de niños y niñas, algo que no quedó acreditado según el Departamento, que se ampara en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que recoge el principio de “coeducación mediante escolarización mixta”. Además, recuerda que “la concesión del concierto no presupone su renovación para cursos posteriores”.

Por su parte, las escuelas afectadas recurrieron la decisión de la Generalitat argumentando que siempre habían estado concertados y la retirada de la financiación vulnera el derecho “a la igualdad y la no discriminación, así como el de libertad de enseñanza”. Además, aseguraron que se trata de una decisión “ideológica y política” porque el consejero Josep Bargalló se había manifestado, en numerosas ocasiones, contrario a conceder el concierto a este tipo de escuelas.

Los colegios demandantes también alegaron que la retirada del concierto les supondría “daños irreparables por la pérdida de alumnos”, ya que los padres cambiarían a sus hijos de colegio, un movimiento de alumnos que incluso supondría una gran “perturbación” y “el colapso del sistema”. Pero también comportaba un perjuicio a los padres, “a los que se privará de poder optar por una escuela diferenciada”, alegaron. Los colegios aportaron diferentes correos electrónicos de padres expresando su inquietud ante la retirada del concierto y apuntando que no podrían asumir las cuotas sin la financiación pública.

El TSJC acepta adoptar las medidas cautelares, tal y como pedías las escuelas, teniendo en cuenta los intereses, no solo de ambas partes -escuelas y Generalitat- sino también de las familias. En este sentido, la sentencia apunta que “la pérdida del concierto supondrá que las familias deban asumir el coste de la enseñanza […] y, en consecuencia, que algunos padres decidan cambiar a sus hijos de colegio”, teniendo en cuenta la crisis económica actual. El tribunal añade que este cambio supone un impacto también para los menores -nueva escuela, nuevos compañeros, nuevo método de enseñanza-, cosa que “puede repercutir en sus resultados académicos.

El tribunal también asume los argumentos de los colegios sobre el riesgo de pérdida de alumnos e incluso apunta a la repercusión económica que ello tendría, aunque a la vez admite que las escuelas no han aportado documentación sobre la falta de viabilidad de los centros si se les denegara el concierto. “Pero se trata de una consecuencia lógica si los ingresos disminuyen como consecuencia de la pérdida de alumnos”, argumenta el auto.

Asimismo, el TSJC considera que renovar el concierto no va a suponer “un grave perjuicio para los intereses públicos”, ya que estos centros siempre han estado financiados por la Generalitat, aunque Educación niega este punto. El tribunal también cuestiona el hecho que la Generalitat exija ahora a estas escuelas, cuando nunca se había hecho, el proyecto educativo donde justifiquen la educación diferenciada.

El auto cuenta con el voto particular de uno de los siete magistrados de la sala, Pedro Luis García Muñoz, que discrepa de las consecuencias económicas de la retirada del concierto porque, asegura, las escuelas no han aportado documentación que corrobore sus afirmaciones, como en el riesgo de pérdida de alumnos, que las demandantes solo aportaron correos de padres, pero no los datos de preinscripción. Asimismo, considera que no hay motivo para aceptar las medidas cautelares solicitadas por las escuelas, ya que no existe un perjuicio irreparable.

El sector de la diferenciada se ha mostrado satisfecho con la decisión judicial. “Esperábamos esta respuesta porque era la que tocaba. Sabíamos que era una decisión política, pero que no tenía recorrido judicial por las sentencias anteriores que avalan el modelo”, destaca Carles Camí, de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (Fapel) también han mostrado su satisfacción y consideran que el auto es un buen “precedente” ante futuras sentencias.

Por su parte, Educación asegura que “mantiene la voluntad de no renovar estos conciertos, y más ahora cuando hay un consenso mayoritario en el Estado” con la aprobación, la semana pasada en el Congreso, de la nueva ley de educación, la Lomloe, que contempla también la retirada de financiación a estos centros. El Departamento también tiene pendiente de sacar adelante el decreto de conciertos, que también recoge esta medida, pero que hace meses que está en trámite y todavía sin fecha de aprobación.