La justicia lleva la campaña electoral catalana a la máxima incertidumbre

Cataluña enfila la campaña del 14 de febrero sin que esté claro aún que ese día se vaya a votar. El proceso judicial surgido tras la decisión del Govern de aplazar los comicios hasta el 30 de mayo por el coronavirus aboca a la máxima incertidumbre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó el jueves que por ahora sigue en vigor la convocatoria del 14-F. El TSJC acelerará para dictar sentencia “como máximo, antes del 8 de febrero”, de modo que la decisión, de apurarse ese plazo, llegaría a solo seis días de la votación y la paralizaría. El Govern ve “irresponsable” mantener la fecha inicial y cree que se obliga a la ciudadanía a “escoger entre el voto y la salud”.

La convocatoria está pues en vigor y los preparativos para los comicios tienen que seguir en marcha y recuperar los días perdidos esta semana. Ambas son decisiones cautelares, o sea, provisionales, hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados no han atendido por ahora las razones del Gobierno catalán, que defiende aplazar los comicios por motivos de salud pública. Los informes sanitarios que el Ejecutivo del president en funciones, Pere Aragonès, había adjuntado a las alegaciones, y que se incluyen en el preámbulo del decreto recurrido, pronostican que el pico de ocupación de las UCI llegará tres días antes de la votación. Además se calcula que unos 200.000 catalanes estarán en cuarentena o serán positivos por covid-19 y sus posibilidades de votar están en entredicho.

Tras su derrota (provisional) en los tribunales, la Generalitat cargó contra los jueces. “Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud”, aseguró Pere Aragonès en una comparecencia sin preguntas tras conocerse la decisión de los magistrados. Para la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, los magistrados “condicionan la política catalana”.

El proceso judicial comenzó cuando dos particulares y cuatro partidos políticos extraparlamentarios (como la Lliga Democràtica o Izquierda en Positivo) interpusieron demandas ante el TSJC. Solicitaban la suspensión del decreto que aplazó las elecciones y denunciaban la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho al voto.

El martes, la Sección Quinta atendió las medidas “cautelarísimas” (en las que no se consulta a la otra parte) y el jueves confirmó, tras estudiar las alegaciones, las medidas “cautelares”. El tribunal solo avanzó el sentido del fallo, pero no el contenido íntegro de la resolución con los argumentos de los magistrados. Ese texto se dará a conocer este viernes.

Acabada esa fase —las medidas cautelares pueden recurrirse, pero el recurso no suspende su validez— comienza ahora la tramitación de la demanda y la resolución del fondo del asunto: es decir, si el decreto de suspensión del 14 de febrero y que anuncia la convocatoria del 30 de mayo “previo análisis de las circunstancias epidemiológicas” vulnera derechos fundamentales.

Consciente de lo apremiante del calendario electoral, el tribunal ha acortado los plazos para que la sentencia llegue, con toda seguridad, antes del 14 de febrero. Demandantes y demandados dispondrán de cuatro días cada uno —en lugar de los ocho habituales— para elaborar sus escritos. Se trata de días sucesivos, de modo que hasta que no se reciben todas las demandas no se dará traslado a la otra parte. Con el calendario en la mano —si se toma este viernes como punto de partida y se considera que los fines de semana no cuentan—, el tribunal tendría todos los escritos a su disposición el 3 de febrero. Sería seis días después de que comience la campaña electoral con la pegada de carteles la medianoche del 29 de enero. El tribunal dispondría entonces de tres días hábiles para cumplir su compromiso de tener lista la sentencia el día 8 como máximo. Todo ello, si se consumen los plazos de cuatro días. Pero pueden no consumirse: si el tribunal dispone de todos los escritos la semana que viene, puede ponerse a trabajar de inmediato. En ese caso, su margen para redactar la sentencia sería de apenas dos días, hasta el 29.

El escenario más probable, coinciden las fuentes consultadas, es que la decisión final llegue en plena campaña electoral. Pese a lo que han sostenido en las medidas cautelares, existe la posibilidad de que los magistrados acaben dando la razón a la Generalitat y validen el decreto que aplaza los comicios. Se habrán gastado entonces recursos públicos y consumido días de campaña sin que haya votación.

Ismael Peña-López, el encargado de procesos electorales del Govern, asegura que hay gastos por 25 millones de euros en riesgo. Estas elecciones son más caras, pues de entrada se han destinado ocho millones de euros extra para las medias de protección ante el virus. “Puede ser surrealista, sí, pero nuestra obligación es proteger derechos”, señalan fuentes judiciales.

En el Govern preocupa enormemente la contradicción de tener que invitar a la participación en los comicios y, al mismo tiempo, pedirles a los ciudadanos, ahora mismo confinados perimetralmente en sus municipios, que eviten la interacción social. Aragonès recordó que la mayor recomendación de los expertos es evitar los contactos y, al mismo tiempo, cinco millones de catalanes están llamados a las urnas. “No es una decisión de motivo jurídico, sino de sentido común”, defendió el jueves la consejera de Justicia, Ester Capella.

El Govern, sin plan b

Capella (ERC) evitó este jueves dar pistas sobre si el Ejecutivo catalán sopesa un plan b e insistió en que se trabaja para poder votar con seguridad. Aclaró que el Gobierno catalán no se plantea ni un nuevo decreto ni una fecha que no sea la del 30 de mayo, pero después añadió: “Las decisiones han de tomarse en base a argumentaciones jurídicas”. “En estos momentos”, apuntó, “no tenemos sobre la mesa ninguna resolución”. Las explicaciones que este viernes ofrezca el tribunal superior podrían abrir alguna grieta; otras voces del Govern no descartan que se evalúen nuevos escenarios.

Incluso el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, sugirió este jueves la posibilidad de rehacer el decreto “chapuza” para blindar una nueva fecha. El Govern llevará ante la mesa de partidos en la que se decidió el aplazamiento la decisión de la justicia y cualquier nuevo paso tendrá que contar con su aval, dicen fuentes del Ejecutivo. Izquierda en Positivo, una de las fuerzas que recurrió el decreto, invitó al Gobierno catalán a reunir a todas las partes recurrentes para decidir entre todos una nueva fecha, y propuso el día 28 de marzo.

Un nuevo decreto —con la fecha que sea— alteraría la vía judicial abierta ahora. Pero nada hace pensar que no puedan llegar acciones legales de otra parte. El líder del PSC, Miquel Iceta, evitó referirse a esta posibilidad o a la propuesta de Izquierda en Positivo y se mostró respetuoso con el trabajo de los magistrados. Los socialistas propusieron en su día votar a mediados de marzo, pero el resto de partidos rechazó esa posibilidad.