La causa judicial que amenaza la carrera política de la candidata Borràs

Laura Borràs aspira a presidir la Generalitat al tiempo que afronta una causa judicial por delitos de corrupción. La candidata de Junts fraccionó presuntamente contratos por casi 260.000 euros para adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, Isaías H., cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018. Está investigada por prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad. Aunque el asunto ha salpicado su campaña, insiste en que “no hay caso” y ha rechazado abordarlo en las entrevistas concedidas en esta campaña. Asegura que es víctima de una “persecución política” por independentista; que el proceso penal está plagado de irregularidades; y que la “policía patriótica” vio delitos donde los Mossos no los apreciaron. EL PAÍS ha conversado con las fuentes de la investigación y consultado documentos de la causa para reconstruir el caso Borràs.

El error y la llamada. En 2017, el informático Isaías H. atraviesa un mal momento. Ha recaído en su adicción a las drogas. En la dark web (Internet oscura) encuentra a un tipo que, desde Holanda, le suministra billetes falsos. Los recibe en un apartado postal de Castellbell i el Vilar. Pero un día se produce un error. Una mujer recibe en casa una notificación de Correos. Cuando recoge el paquete, descubre 1.000 euros en billetes de 50. Y denuncia a los Mossos. La policía inicia una investigación, llega hasta Isaías H. y logra que el Juzgado de Instrucción 6 de Manresa intervenga su teléfono. Solo dos días después, en una larga charla con un amigo, el informático habla de sus trapicheos con pastillas de MDMA: acabará aceptando, a fines de 2019, una pena de cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda. No entrará en prisión porque se compromete a seguir tratamiento de desintoxicación. En esa llamada, Isaías menciona a Laura Borràs, que dirige el organismo del Departamento de Cultura que promociona la literatura catalana. “Yo con la Borràs, con la jefa, facturo unos trapis por allí”, le dice.

Los Mossos investigan. Nada más escuchar la conversación, los Mossos la ponen en conocimiento del juez. Es lo que en derecho penal se conoce como “hallazgo casual”, aunque Borràs dirá más tarde que fue objeto de una “investigación prospectiva”. Por fuentes abiertas (como el portal de contratación de la Generalitat), los agentes hacen una primera indagación. Comprueban que la ILC ha adjudicado trabajos a Isaías que parecen haberse fraccionado: el objeto es el mismo (el portal web de la institución) pero los contratos se camuflan bajo diferentes conceptos. Señalan, en un oficio preliminar, que puede haber irregularidades administrativas. A ese dato se acogerá Borràs, una vez investigada, para decir que los Mossos pidieron el archivo de la causa, pero lo cierto es que en informes posteriores concluirán que aprecian indicios claros de delito. La Fiscalía pide deducir testimonio —y el juez lo acuerda— a los juzgados de Barcelona, sede de la institución pública. Por las normas de reparto, el asunto cae en manos de Silvia López, titular del Juzgado de Instrucción 9.

Indicios y registros. Los Mossos piden nuevas diligencias y la juez de Barcelona decreta el secreto del sumario. López deja claro que no quiere filtraciones: se trata de proteger la identidad de quien ya entonces es diputada en el Parlament (2017) y consejera de Cultura del president Quim Torra (2018). La causa no investiga en esta fase a Borràs, sino los hechos: no puede ser de otra forma porque es aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero la jurisprudencia señala que, antes de enviar el asunto al órgano que toque, debe reunirse un mínimo de indicios. Borràs asegurará más tarde que la juez era “incompetente”, y que por tanto el proceso está viciado. Los investigadores ahondan en el fraccionamiento de contratos, todos por importe inferior a 18.000 euros, lo que permite eludir el concurso público. Aunque la candidata niega que sean amigos, sus trayectorias profesionales han ido en paralelo en los últimos años: en el grupo de investigación Hermeneia, en el máster en literatura digital de la Universidad de Barcelona. Los Mossos ya aprecian, y así lo reflejan, indicios de delito. Pero necesitan más pruebas y en noviembre de 2018 registran, con autorización judicial, el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), la sede de la ILC y el domicilio de Isaías. El objeto de la investigación se filtra a los medios, lo que enfurece a la juez.

Filtración y correos. El buzón de correo de Isaías lleva la investigación a otra dimensión. En un mensaje de 2013 —al comienzo de su andadura al frente de la ILC, donde llega con la misión de acercar el organismo a la era digital—, Borràs le anuncia que dispone de presupuesto para rediseñar la web y le indica “en qué forma debería fraccionarse”. “Son líneas generales para que, conociendo las cifras, tú puedas afinar a nivel de presupuestos”, le dice. En otro correo de 2014, Borràs sigue adiestrándole sobre la presentación de distintos presupuestos: “Hay que hacer tres por cada una de las personas o empresas diferentes. Yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganes uno, el más económico de su serie. Si tú haces los cuatro vuestros yo hago los otros, ¿te parece bien?” Fuentes judiciales coinciden en que es ella quien dirige la operación, e Isaías quien la acepta para trabajar y cobrar. Los Mossos apenas tienen tiempo de elaborar un primer informe con el material incautado cuando son apartados del caso por falta de confianza debido a la filtración, como consta en las actuaciones y prevé el decreto de policía judicial. La Guardia Civil toma las riendas de las pesquisas, pero se limita a seguir la línea de investigación de la policía catalana. “Todo el trabajo estaba hecho”, señalan las mismas fuentes. Borràs opinará más tarde que la juez quiso poner a su “equipo titular” porque las conclusiones de los Mossos no le habían gustado.

Los testigos y el Supremo. La juez López mantiene a tres investigados: Isaías (que no declara), un amigo al que subcontrató uno de los trabajos y una funcionaria de administración de la ILC. En el juzgado declara también la interventora de la Generalitat de ese organismo. Confirma que los trabajos no se podían fraccionar porque, bajo distintos conceptos, correspondían a una tarea: la página web. Mientras la instrucción sigue su curso, Borràs se convierte en diputada en el Congreso (mayo de 2019). La juez resume todos los indicios contra ella en un auto (exposición razonada) que envía al Tribunal Supremo. Cuando el Congreso debate el suplicatorio del Supremo, Borràs se defiende con uñas y dientes en una rueda de prensa de más de una hora. En julio de 2020, llega su turno de declarar en el Supremo. Pero por consejo de su abogado, Gonzalo Boye —letrado de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra— se acoge a su derecho a no declarar.

Los delitos y el futuro. Los correos, prueba clave del caso Borràs, dejan poco margen de duda, expresan las fuentes consultadas: Borràs no es que conociera el fraccionamiento: es que lo ordenó. No es per se un delito; sí lo es si se hace para eludir el concurso público y adjudicarlo a quien uno desee. Ahí está la posible prevaricación, que conlleva pena de inhabilitación, la que más puede afectar a Borràs. Las fuentes coinciden en que la malversación será más difícil de probar: hasta ahora, los testigos (empleados de la ILC) que han declarado coinciden en señalar que Isaías dedicó horas de trabajo y esfuerzo al portal web. Asumen que Borràs no se embolsó un euro, admiten que Isaías era el indicado para el encargo, e incluso reconocen que, comparado con los grandes asuntos de corrupción, parece un caso menor. Pero señalan que la reacción de Borràs, negándolo todo y presentándose como víctima, no le ayuda. Si, como es previsible, resulta elegida diputada en el Parlament, el caso bajará del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde seguirá su curso.