La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por desoír al Tribunal Constitucional para reprobar la Monarquía

La Fiscalía ha presentado querella por supuesto delito de desobediencia contra el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa de la Cámara que en 2019 apoyaron la tramitación de resoluciones en favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía. Los fiscales consideran que esta decisión contravino las expresas órdenes del Tribunal Constitucional para que esas resoluciones no se tramitasen, por la falta de competencias del parlamento autónomo sobre esas materias.

La querella, presentada por la Fiscalía de Cataluña tras obtener luz verde de la Fiscalía General del Estado, considera que los hechos serían constitutivos del delito de desobediencia previsto en el artículo 410.1 del Código Penal. Este precepto prevé una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

En una de las resoluciones aprobadas se afirmaba que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. En otra se subrayaba que el parlamento autónomo “reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía”. Previamente, el Constitucional había admitido a trámite los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno contra estas resoluciones, acordando la suspensión de su tramitación. El tribunal había ordenado asimismo advertir personalmente al presidente y a los miembros de la Mesa de la Cámara catalana “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada, con apercibimiento de incurrir en eventuales responsabilidades, incluida la penal”.

La actuación de la Fiscalía fue instada por el Constitucional el 28 de enero de 2020, desde el convencimiento de que era preciso estudiar la procedencia de la actuación en vía penal después de que la Mesa del Parlament hubiera desoído varias veces sus advertencias. Además de Torrent, la querella se dirige contra Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, ambos de JxCat, y contra Adriana Delgado, de ERC. En el Constitucional existía extrañeza por la falta de respuesta de la Fiscalía, un año después de la resolución por la que se acordó remitir a los fiscales testimonio de particulares sobre la supuesta desobediencia.

La Fiscalía no pudo obtener con rapidez toda la documentación parlamentaria del caso, y luego decidió esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebrase el juicio oral contra cuatro diputados de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, también acusados de desobedecer con “contumacia” al Tribunal Constitucional en 2017.

El objetivo de los fiscales era comprobar qué hacían los tribunales en ese caso precedente en el que los querellados fueron acusados también de desobediencia por permitir que se tramitaran varias resoluciones que derivaron en el referéndum ilegal de 2017 y en la declaración unilateral de independencia. La sentencia, dictada en octubre de 2020, expuso que no se juzgó la ideología de los acusados, y consideró que todos ellos habían actuado en función de un “cálculo estratégico” a sabiendas de que incurrían en actos ilegales.

Una vez conocida la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acerca de las resoluciones parlamentarias de 2017, y viendo su identidad con las investigadas en este caso, de 2019, la Fiscalía de Cataluña remitió a la Fiscalía General del Estado un borrador de querella sobre el que las dos instancias han intercambiado criterios.

Acción penal

De hecho, la acción penal hubiera podido producirse antes, pero la disolución del Parlament el pasado 22 de diciembre, y la convocatoria de elecciones autonómicas para el pasado 14 de febrero retrasaron la formalización de la iniciativa. Eso con objeto de evitar interpretaciones políticas, tras la salida de Quim Torra de la presidencia de la Generalitat, el pasado 28 de septiembre, una vez que el Supremo confirmó su condena a un año y medio de inhabilitación por el delito de desobediencia. Torra no retiró una pancarta a favor de los presos del procés durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, desoyendo las órdenes dadas por la Junta Electoral Central.

La querella llega cuando se negocia la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la posible participación de un vocal que sería designado a propuesta de ERC. Podría ser Joan Ridao, letrado mayor del Parlament en el momento de los hechos descritos en la querella y ahora en excedencia en dicho puesto. Ridao solicitó ese permiso tras haber instado su reincorporación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, una labor que es compatible con la pertenencia al órgano de gobierno de los jueces, al que podría acceder por el turno de juristas de reconocido prestigio. La querella recoge que el secretario general del Parlament advirtió de la ilegalidad de las iniciativas parlamentarias por las que se ha iniciado la vía penal, un aviso que también transmitió Ridao en su condición de letrado mayor de la Cámara.