Colau propone extender a ciudades españolas la obligación a los promotores de construir un 30% de pisos sociales

El equipo de vivienda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado al ministro José Luis Ábalos una propuesta de articulado de una futura Ley estatal de Vivienda que, en síntesis, busca extender al conjunto de España las medidas que se han tomado en la capital catalana y en Cataluña en materia de vivienda pública, alquiler o desahucios. El texto no cuenta con el apoyo del PSC, socio de gobierno de los comunes, que este jueves ha expresado en las redes sociales su apoyo a la propuesta de Ábalos. La propuesta llega cuando la futura ley de vivienda ha provocado una crisis política, entre los socios del ejecutivo del presidente Pedro Sánchez (PSOE y Podemos), y de apoyos al gobierno.

Además de impedir las subidas del precio de los alquileres (vigente en Cataluña desde el pasado septiembre), el texto apuesta por aumentar el parque de vivienda pública al 15% del total de pisos en dos décadas en los municipios de más de 5.000 habitantes. Para ello, propone, entre otras medidas, habilitar a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que puedan intervenir en la promoción privada, con el objetivo de extender la obligación a los promotores de destinar el 30% de los pisos que construyen en zonas urbanas a vivienda protegida, una medida ya vigente en Barcelona. En nuevos planeamientos, y en municipios con el mercado tensionado, el articulado contempla que cuando se recalifique suelo rural habrá que reservar un 40% a vivienda protegida y en suelo urbanizado, el 30%.

La propuesta ha sido elaborada por la concejalía de Vivienda del consistorio. Su titular, Lucía Martín, diputada de los comunes en el Congreso en la pasada legislatura, ha defendido este viernes la “necesidad de poner en el centro el derecho a al vivienda” y la “regulación catalana ya vigente”, además de “medidas imprescindibles para cambiar estructuralmente y no con pequeñas medidas de maquillaje las políticas de vivienda, respecto a los desahucios, las obligaciones de los grandes tenedores o fiscalidad antiespeculativa que penalice” “Se trata de cambiar las reglas del juego, no inventamos nada, lo que proponemos ya funciona en muchos países europeos”, ha asegurado. El texto defiende también “fortalecer las asociaciones de inquilinos”.

En materia de desahucios, el texto propone cuestiones también vigentes en Cataluña, como imponer la mediación obligatoria con los propietarios de los pisos si son grandes tenedores (dueños de más de 15 viviendas) y el ofrecimiento de un alquiler social si la familia es vulnerable. El redactado también apuesta por prohibir los desahucios con fecha abierta.

El alquiler, los precios no podrían subir respecto al contrato anterior o deberían bajar si superan el índice oficial de rentas en las áreas que las ciudades o las comunidades declaren de “demanda tensionada”. Solo en algunos casos (como si las viviendas han sido objeto de grandes reformas) se podrían subir los precios un máximo del 10%. En el articulado también figura imponer la regulación de una primera prórroga de los contratos, salvo en casos excepcionales, y busca crear la figura de un registro estatal de alquileres. En Cataluña, este registro lo lleva el Instituto Catalán del Suelo, de la Generalitat, a partir de las fianzas que depositan los propietarios cada vez que firman un contrato.

Además de la medida del 30% para incrementar el parque público, la propuesta cita otras fórmulas que también se han aplicado en Cataluña, como que la administración pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto (compra preferente) de vivienda en determinadas zonas, para adquirir pisos sociales a precio inferior al de mercado.

En materia fiscal, las medidas están orientadas a ampliar el parque de alquileres protegidos y orienta las bonificaciones a empresas y particular al alquiler por debajo de los índices de alquiler, al alquiler protegido y a la rehabilitación. Prevé mantener las bonificaciones del impuesto de sociedades a las sociedades de gestión inmobiliaria como las entidades de alquiler (EDAV), las SOCIMIs y las instituciones de inversión colectiva (IIC), cuando destinen al menos la mitad de sus activos al alquiler de vivienda a precio asequible. La idea pretende aflorar pisos asequibles a partir de los activos que acumulan estas sociedades y el texto apunta a 100.000 alquileres protegidos y 100.000 a precio inferior a los índices de referencia.

Para los particulares, propietarios de más de tres millones de viviendas (según el texto), el actual modelo fiscal establece una reducción del 60% de los ingresos para el alquiler en el IRPF sea cual sea el número de pisos alquilados, su precio y duración de los contratos. La propuesta de ley limita la bonificación a siete viviendas, y la reducción se ampliaría al 80% y hasta el 99%. Por último, se propone que las ayudas públicas a la rehabilitación o alquiler de vivienda estén exentas de tributación.