Barcelona afronta el futuro de las 3.700 terrazas ampliadas en pandemia

Barcelona se dispone a regular las terrazas de bares y restaurantes que permitió ampliar durante la pandemia para facilitar las distancias entre mesas y apoyar al sector, que suma meses de afectaciones y horarios limitados. Pero no será sencillo. El Ayuntamiento ha concedido 3.700 licencias extraordinarias que suman 10.168 mesas y 39.366 sillas, cifras del portal de datos abiertos. El 66% de los negocios han ampliado sus terrazas y el 33% no tenían terraza y ahora la tienen. Por ubicación, del conjunto de licencias extraordinarias 2.100 han crecido en la acera (un 57%) y 1.600 negocios han ubicado mesas y sillas en la calzada o en chaflanes, donde antes había coches aparcados (un 43%).

Pero la ubicación sobre el asfalto no tiene paraguas legal y el gobierno de la alcaldesa Ada Colau aprobó en julio una modificación de la Ordenanza de Terrazas. El texto es el mismo que se aprobó con amplia mayoría en 2018 (tras años de enfrentamiento con el Gremio de Restauradores): la modificación consiste en añadir texto en 13 artículos sobre los requisitos que deben cumplir las terrazas sobre el asfalto. Cómo se delimitarán, ubicaciones, obligatoriedad de instalar plataformas, distancias con otros elementos, condiciones para instalar sombrillas, separadores o jardineras… etc.

La modificación sale de un nuevo pacto entre el ejecutivo de Colau y el Gremio. Pero ahora la cuestión no es tanto la consolidación de las terrazas en calzada para dar carpetazo a las vallas de cemento pintadas de amarillo. La cuestión es qué pasa con las sillas y mesas añadidas en las aceras. El texto afronta la primera votación en el Ayuntamiento la próxima semana. Luego habrá exposición pública y la idea es aprobarlo antes de fin de año. “Las licencias excepcionales caducan el 31 diciembre. Se prorrogarán automáticamente el 1 de enero y los restauradores tendrán dos meses para pedir su continuidad. La permanencia de la terraza estará siempre condicionada que el Ayuntamiento apruebe expresamente su viabilidad”, precisó en julio el consistorio. Como en toda norma, hay puntos abiertos a interpretación. Como en el artículo 9, sobre la localización: “Excepcionalmente se pueden admitir otras ubicaciones en atención a su situación singular”.

El grupo municipal de ERC y entidades como la La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), o la Federación ECOM advierten de que la nueva regulación no puede ser una barra libre en el disputadísimo espacio público de Barcelona. Y que si se consolidan licencias en la acera deben cumplir con la ordenanza vigente en materia de distancias y dejando limpias las fachadas.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, defiende la regularización de las terrazas en calzada y asegura que en la acera solo se mantendrán las que cumplan con la ordenanza que ya estaba vigente. “Es la misma, solo se añade texto para facilitar la implantación en calzada”, dice, y resume: “Quien no tenía terraza, la pidió, y se le concedió en acera, la mantendrá; quien no tenía y la ubicó en calzada, también; pero quien amplió terraza en la acera superando lo que fija la ordenanza deberá volver a lo que tenía”. “Iremos caso a caso, el texto no flexibiliza la ordenanza, en la ciudad no cabe todo”, insiste.

“Quien no tenía terraza, la pidió, y se le concedió en acera, la mantendrá”, dice Janet Sanz

Fuentes del PSC, socios de gobierno de Colau, no se pronuncian ante la pregunta concreta de si son partidarios de mantener las terrazas excepcionales o que las que van a calzada sea en detrimento de la acera. “La adaptación de la ordenanza a la realidad postpandemia está abierto. Somos partidarios de facilitar la actividad económica de los sectores más afectados, no hay nada definitivo”, apuntan.

El director general del Gremio, Roger Pallarols, entiende que la mayoría de terrazas en acera se mantendrán. “Es la razón por la que el Gobierno habla de criterio general de mantenimiento”, analiza y viene a decir que muchos negocios no ampliaron las terrazas de acuerdo la cifra que les correspondía con la ordenanza de 2018 “tras las polémicas en Ciutat Vella” y ahora se corregirá. “Será un proceso largo, pedir licencia, producir las plataformas… el mensaje debe ser consolidar una situación que ha salvado miles de empleos”, zanja.

Desde ERC, el concejal Jordi Coronas entiende que “los criterios de excepcionalidad eran necesarios para apoyar al sector”, pero avisa de que en las aceras hay que garantizar el paso. “Lo que se gana en calzada debe compensarse en la acera, no doblar”, dice y asegura que analizarán “la letra pequeña” de la ordenanza.

Reforma de la ordenanza

El portavoz de Junts per Catalunya, Jordi Martí, expresa su apoyo a los sectores productivos y ve “correcto avanzar en la reforma de la ordenanza para favorecer consolidar y dar garantías a unos cambios hasta ahora provisionales”. En las próximas semanas revisarán los aspectos más técnicos con sus equipos en los distritos.

Por parte de Ciutadans, Luz Guilarte, ve la ordenanza “encaminada a consolidar el modelo de terraza en la calzada con el objetivo de limitar más el espacio al vehículo privado, enfrentando movilidad y economía e imponiendo un modelo ideológico de movilidad aprovechando la pandemia”. Además, critica que los restauradores deberán pagar el 50% del coste de las nuevas plataformas en la calzada.

Desde la FAVB, su presidenta, Ana Menéndez deja claro que la ordenanza “es para regularizar terrazas en calzada, no todas” y recuerda que el número de mesas depende de los aforos vinculados a los servicios que tiene cada local. La Federación de Asociaciones Vecinales recurrió la ordenanza de 2018 (al entender que no garantizaba la movilidad de personas con discapacidad), un recurso que ha desestimado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La entidad recurrirá ante el Supremo. Desde la Federación ECOM, Montse García lamenta que la ordenanza de terrazas contempla la casuística de barrios céntricos con aceras anchas, como el Eixample, pero apunta que la realidad de otras zonas es distinta y la ampliación de terrazas supone restar espacio a los peatones o personas con discapacidad.