La ‘crisis sarda’ descoloca a Aragonès ante el debate de política general del Parlament

Pere Aragonès y su equipo sabían que este otoño no sería plácido. Los retrasos en la investidura del nuevo president, por las discrepancias del independentismo, llevaron a que el calendario del último cuatrimestre de 2021 fuera endiablado con la cita clave del debate de política general. Un viacrucis con otras estaciones: pacto para la ampliación de El Prat, Diada peligrosamente cercana a la mesa de diálogo, la más que segura pelea interna por la negociación de los Presupuestos Generales, y la cuadratura del círculo de las cuentas catalanas con la CUP.

Antes de que el jueves por la noche trascendiera la crisis sarda —la detención del expresident Carles Puigdemont al aterrizar en Cerdeña, por la euroorden vigente en su contra por el juicio al procés—, en el Palau de la Generalitat se empezaba a respirar con más tranquilidad. Consideraban que la estación de la mesa de diálogo, con crisis con Junts de por medio por no designar a consellers como representantes, se había superado con nota. La vía del diálogo había ganado el pulso y Aragonès salía reforzado al mostrar su autoridad.

Si bien en los 100 primeros días de Govern se había logrado encapsular el ruido entre sus dos almas, la división por la mesa y el choque por la ampliación del aeropuerto enseñaron de nuevo las fracturas entre ERC y Junts. Lo que tal vez en otro momento habría sido motivo para liquidar un gobierno, aquí se solventó con una reunión entre Aragonès y su número dos y voz cantante de Junts en el Ejecutivo, Jordi Puigneró. Por un lado, legalmente no se pueden convocar aún otras elecciones. Por otro, a ninguno de los dos les conviene.

Presidente y vicepresidente sellaron con una reunión íntima la intención de aislar al Ejecutivo de la friega entre partidos. Pasando por alto, eso así, lo que podría ser el pecado más grande de un gobierno de coalición: la falta de confianza endémica del independentismo. Tanto en El Prat como en la mesa de diálogo todo se sostenía por pactos no escritos que ambos se acusan de haber violado.

A ese acercamiento le vino a las mil maravillas que el martes, en la reunión semanal del Ejecutivo catalán, se aprobara el plan de Gobierno. Más de 1.500 iniciativas para guiar la legislatura que sirven para esgrimir que los socios puede que tengan sus diferencias, pero también trabajan. La primera de las propuestas, curiosamente, era la misma mesa de diálogo sobre el conflicto político.

Ambas partes quitaron hierro a sus diferencias al respecto. Cada una se siente cómoda con el redactado del plan. En Junts insisten en que tienen derecho a escoger a representantes en la mesa más allá de los consejeros. Algunas voces internas criticaron cómo se exteriorizó la polémica, pero, al final, entienden que ese diálogo no es el suyo. Y aunque sienten que a la larga el tiempo les dará la razón y no habrá pacto con el Estado, había cierta sensación de perder iniciativa.

Aragonès se preparaba para encarar el debate de política general que empieza este martes con el plan de Gobierno bajo el brazo y con la idea de vender un gran proyecto de gestión. Se hablaría de autodeterminación, evidentemente, pero se quería poner de relieve el “mientras tanto”: 5.000 millones de euros más para la atención primaria, universalización de las guarderías, 5.000 viviendas más para el parque público cada año... Una manera también de allanar otro de los obstáculos en el camino: el sí de los anticapitalistas a las cuentas.

Y llegó el jueves. Aunque el independentismo no se demoró en unir su voz para denunciar una detención que considera ilegal, aquí las agendas volvieron a dividirse. No hubo tiempo ni para celebrar lo que ven como otra derrota “de España”, con la jueza italiana apoyando que Puigdemont tiene “intacta” su inmunidad para ejercer como europarlamentario.

En Junts creen que sobran los motivos para usar el incidente contra el Estado y poner en evidencia sus “trampas”. Además de aprovechar el foco sobre el expresident huido, la formación ve en el debate parlamentario de la próxima semana el escenario perfecto para seguir con su denuncia. Aragonès fue a ver a Puigdemont en ferri sabiendo que era un paso obligado, pero con la idea de que la vía del diálogo no peligre. “No lo ponen fácil”, acepta Presidencia, que recuerda la perplejidad con la que Govern recibió el borrador de la ley audiovisual del Gobierno central y que de entrada no plantea ninguna ayuda especial para el catalán y las otras lenguas cooficiales.