Aragonès traslada al territorio la presión para impulsar energías renovables

Cataluña está a la cola en España en el impulso de energías renovables a causa de una mezcla de inestabilidad normativa (provocada por cada gobierno) y oposición territorial a nuevas instalaciones. El Govern presidido por Pere Aragonès se plantea ahora dar un nuevo golpe de timón a la política energética, con una enmienda a la defendida por el PDeCAT hace tan solo dos años, con un nuevo decreto que dará más poder a los municipios y a sus habitantes para frenar o desencallar la construcción de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos. En una decisión salida del nuevo Departamento de Acción Climática, controlado por ERC, y con la voluntad de contentar a la CUP (que no considera suficiente la medida), el Govern también dará mayor prioridad a los pequeños proyectos, de hasta 5 megawatios, y mantiene su apuesta por constituir una compañía eléctrica pública, enfocada sobre todo a la generación de electricidad desde espacios (tejados, carreteras, pantanos) de la administración.

Esa es la carta de presentación del Ejecutivo en materia energética en un acto titulado Compromís 2030. Horitzó 2050 y en el que no señaló las previsiones de las distintas etapas que llevarán a un ambicioso objetivo a largo plazo: la descarbonización total de la generación energética dentro de tres décadas.

“2021. ¿Y ahora qué?”, concluía este miércoles un vídeo de presentación que evidenciaba la aceleración del cambio climático en las últimas décadas. La proyección lo eludía, pero el punto de partida en Cataluña para solventar esa situación es desolador: en 2019 (últimos datos disponibles) un 10% del consumo de energía bruta solo procedía de fuentes renovables. Es la mitad del objetivo fijado por la Unión Europea y urge un despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos del que los expertos desconfían con los nuevos planes del Govern. Según dijo la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, en nueve años se tendrán que desplegar más de diez gigavatios de energías renovables, la misma potencia de energía que las infraestructuras eléctricas construidas en Cataluña en 140 años.

El decreto de despliegue de energías renovables que aprobará el Govern en su última reunión de octubre prevé poner más obstáculos a aquellos proyectos que se registren en la administración sin haber sido consensuados con los propietarios de al menos un 50% de la superficie del terreno donde se quieran implantar. Se quiere evitar así que se repitan los proyectos que no han tratado ni con municipios ni con los titulares de las fincas donde se levante. Si el apoyo alcanza el 85% de las fincas, el proyecto iniciará a la vez los procesos medioambientales y de utilidad pública, que abre la vía de la expropiación forzosa del resto de la parcela afectada. Asimismo, se deberá acreditar que se ha abierto la posibilidad de que inversores de la zona o de la administración en la que se haga el parque puedan tener un mínimo del 20% de la financiación del proyecto.

“Decidirá el propio territorio”, defendió este miércoles la consejera Teresa Jordà, quien aseguró que en plazo de medio año desplegará una red de oficinas comarcales para que ayuden a los municipios a analizar los proyectos. “Los municipios a menudo no tienen suficiente músculo”, señaló la consejera, quien defendió la nueva hoja de ruta del Gobierno catalán como un cambio de modelo con el resto de “definir un modelo energético propio” basado en la distribución por el territorio, la cohesión y la participación.

Un pequeño grupo de personas de la Red Catalana para una Transición Energética Justa recibió con pancartas a Pere Aragonès en el acto que celebró en el auditorio de Mediapro, en el que colaron dos activistas con pancartas que decían: “No nos engañes, sonsejera. Energía para la ciudadanía y no para los oligopolios”.

Al final de una intervención que iban compartiendo Aragonès y Jordà, el president reiteró la intención de constituir una compañía eléctrica de titularidad autonómica. Si la consejera no expuso previsiones para impulsar las energías renovables en una comunidad en la que la energía nuclear es (y será al menos hasta 2031) prioritaria como fuente de electricidad, el consejero no puso año para poner en marcha esa compañía. Sí dijo que aprovecharía tejados de edificios públicos, pantanos y carreteras para fijar placas fotovoltaicas, tal y como ya señaló hace dos años para los tejados de los inmuebles de la Administración. También aseguró que esa compañía podría participar en nuevas plantas de renovables y gestionará en aquellas centrales hidráulicas cuya concesión pierdan, por el fin de su vigencia, las compañías que las explotan.