La Generalitat de Cataluña se responsabiliza del cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en las aulas
La Eurocámara pide al Gobierno y al Ejecutivo catalán el cumplimiento de la resolución en la escuela catalana
La Generalitat de Cataluña asume el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas. El gobierno catalán ha notificado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Catauña (TSJC) que ha recibido la sentencia, según ha avanzado TV3. El Ejecutivo ha agotado los 10 días de plazo para comunicarlo. A través de un breve escrito, el gobierno de Pere Aragonès confirma que el Departamento de Educación será el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia.
El pasado 21 de enero, el TSJC notificó a la Generalitat la firmeza de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas. Por ley, la Generalitat disponía de un plazo de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria, una vez confirmara que ha recibido la resolución.
Este lunes, además, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que cumplan la sentencia judicial que fija el uso del castellano en un 25% en la escuela catalana, avalando la denuncia del Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe que ha alertado de la discriminación que a su juicio sufren los alumnos castellanohablantes en el sistema educativo catalán.
“Son las autoridades españolas las que deben hacer cumplir la sentencia. Enviaremos un requerimiento a las autoridades españolas, es decir al Gobierno y a la Generalitat, para que se cumpla la sentencia”, ha subrayado la presidenta de Peticiones, Dolors Montserrat, después del debate suscitado por la demanda del colectivo.
Su presidenta, Ana Losada, ha denunciado en la Eurocámara que las autoridades catalanas llevan décadas vulnerando los derechos lingüísticos de los alumnos con el sistema de inmersión, sin que el Ejecutivo español haya puesto remedio y ha pedido a Europa la ayuda que no presta la Generalitat.
Por su lado, una representante de la Comisión Europea ha señalado que se trata de una cuestión interna española que tiene que dirimirse de acuerdo al régimen constitucional, apuntando que Bruselas “no tiene motivos” para pensar que el Estado de Derecho no se esté respetando en España.
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