Gobierno y Generalitat abordan nuevos traspasos en medio de la desconfianza

La comisión bilateral Estado-Generalitat se reúne este viernes en Barcelona, en un encuentro que se celebra en un momento bajo en la relación entre ambas administraciones. La mesa de diálogo sobre el llamado conflicto territorial se encuentra encallada; y con la reunión de este otro órgano —de naturaleza estatutaria— tanto La Moncloa como la Generalitat buscan escenificar que la gestión del día a día sigue, aunque también en eso hay disenso. El Govern cree que el orden del día es poco ambicioso y solo aporta “avances tímidos”, mientras que el Ejecutivo central defiende que la agenda prevista es “extensa y trabajada”.

La lista de temas la pactan ambas partes y es variada. La comisión bilateral es el órgano donde se tratan los traspasos de competencias o inmuebles o se abordan incumplimientos del Estatuto de Autonomía. Figuran, a grandes rasgos, el traspaso de la competencia de las becas estudiantiles y los trabajos para transferir también la gestión del Ingreso Mínimo Vital; la cesión de tres fincas rústicas y del edificio del Registro Civil de Barcelona; dos tramos de autopistas (B-23 y B-30) y del canal Xerta-Sènia.

El Ministerio de Política Territorial, que lleva la voz cantante por parte del Gobierno, recuerda que es la segunda reunión en seis meses, y que así se consolida “la normalización de la colaboración institucional”. La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa sacó del congelador al órgano, que no se reunió ni una sola vez durante la era Rajoy. La Generalitat lee el encuentro, sin embargo, como una prueba en la confianza que tiene que existir entre ambos Ejecutivos para que también se pueda hablar del conflicto político; eso sí, en la llamada mesa de diálogo, que es el gran elefante en la habitación entre ambas partes. Pero, según fuentes del Ejecutivo catalán, la prueba no tiene visos de superarse.

El Govern quiere que la normalización de las relaciones permita que la vida de los catalanes sea mejor. Eso sí, sin dar alas a la idea de Sánchez de que, solucionando cuestiones históricas pendientes, el reclamo independentista se vaya apagando solo.

La Generalitat prefiere mirar lo que no está en el orden del día. En su discurso de toma de posesión, en 2020, Sánchez se refirió específicamente a la transferencia para Cataluña de la formación sanitaria especializada (MIR), el traspaso de las becas y el salvamento marítimo en las primeras 15 millas náuticas. Se trata de competencias reconocidas por el Estatut y con dictámenes favorables por parte del Tribunal Constitucional. Solo las becas figuran en el orden del día de hoy, y fuentes de la Generalitat detectan “contradicciones” en la predisposición de Política Territorial para trabajar los otros puntos y la negativa total a hacerlo de los ministerios directamente encargados.

120 millones en becas

El MIR posiblemente sea el punto más espinoso. El anuncio del posible traspaso por parte del presidente y cuando se trató en la reunión del pasado agostó despertó automáticamente algunos recelos. “No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia”, dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, menos de 48 horas después de la cita veraniega en Madrid. En este momento la Generalitat se encarga de la acreditación de los centros, pero es el Ministerio el que tiene la última palabra sobre las plazas.

La gestión de las becas, cuyo valor asciende a unos 120 millones de euros anuales, lleva años sobre el tintero. Cataluña podría ahora definir cuándo da las becas y la cuantía. El desacuerdo hasta ahora ha sido a cuánto ascendería la gestión de este trámite, que la Generalitat cifra en más de un millón de euros. Una vez se defina este coste, el traspaso se podría finiquitar rápidamente. En el orden del día también figuran otros temas relacionados con la educación, como los seguros para los alumnos y su alcance, que aún se rigen por una ley aprobada en la dictadura.

En la Generalitat también ven con muy buenos ojos que finalmente llegue a buen puerto el traspaso del canal Xerta-Sènia. Este sistema de regadío no solo es clave para la agricultura del sur de Cataluña sino que desde el Ejecutivo creen que el cambio de titularidad aleja la posibilidad de trasvase del río Ebro hacia Valencia y Murcia. El recorrido del canal era una de las opciones contempladas para esa obra.