Laura Borràs se aferra al cargo y desafía la oleada de críticas para que se aparte del Parlament

Laura Borràs apura sus últimas horas al frente del Parlament de Cataluña. La Mesa de la Cámara autonómica debe resolver este jueves, a partir del mediodía, el cese de la presidenta de la institución, toda vez que Borràs ha evitado cumplir la normativa interna de la institución y se ha abrazado a la silla presidencial hasta el final. “Los que me quieran muerta tendrán que matarme y ensuciarse”, manifestó al filo de la madrugada de este miércoles, en un escrito donde insistía en que se siente víctima de “una persecución política”. Su mensaje fue publicado en las redes sociales, un foro donde cuenta con profusión de incondicionales, y era un dardo directo a Esquerra y a la CUP, que tienen la llave para forzar su cese inmediato. Ambas formaciones ya han avanzado que el futuro político de Borràs está sentenciado.

Mientras, desde Junts per Catalunya se trata de escenificar un apoyo hacia la presidenta de la formación. Incluso se ha convocado una movilización este jueves a las puertas del Parlament. Pero, de puertas hacia dentro, el atrincheramiento de Borràs genera dudas en el partido, ante la posibilidad de perder el segundo cargo institucional de Cataluña, que pasaría a manos de ERC, por una batalla personalista y de resultado infértil. Borràs y sus cercanos quieren empujar al partido a que se deje su sitio vacío en la Mesa (y no facilitar que haya otra presidenta o presidente de Junts) para focalizar en republicanos y anticapitalistas “toda la responsabilidad”.

En las últimas horas, la presidenta se ha rearmado, arropándose del aliento de sus fieles. No se ha separado de su lado la secretaria de la Cámara, Auroda Madaula, ni el diputado Francesc de Dalmases, pendiente de una investigación del Parlament por amedrentar a una periodista tras una entrevista a Borràs. La líder independentista ha dado eco a las muestras de apoyo que cosecha, incluso difundiendo mensajes que incluyen desconsideraciones hacia Esquerra, la CUP o hacia los medios de comunicación. Salvador Illa, primer secretario del PSC, volvió a reclamar a Borràs que renuncie y le reprochó su “lenguaje”. “Ni me gusta ni lo comparto”, dijo.

Tras cuatro años de instrucción judicial por presunta corrupción cuando comandaba la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envió el martes a Borràs a juicio por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Está acusada de fraccionar contratos para adjudicárselos a un conocido. Llegado el momento de formalizarse la apertura de juicio oral, Borràs argumenta que no se aparta de sus responsabilidades políticas porque su trayectoria está libre de pecado. “Reivindico mi inocencia a capa y espada”, escribió en Twitter.

Su decisión supone un menoscabo del reglamento del Parlament que ella misma preside, ya que el artículo 25.2 contempla la suspensión de un diputado que esté procesado. La norma prevé que sea el propio cargo político quien inste la medida. Es un mecanismo que acepta marcha atrás, con la restitución de los derechos y deberes del diputado en caso de que su expediente se resuelva con una absolución. El mismo reglamento recoge qué sucede si no se produce ese gesto voluntario. El artículo 25.4 prescribe que en casos relacionados con la corrupción, la Mesa acordará la suspensión del diputado implicado “de manera inmediata”.

La Mesa se compone de siete miembros. Al tratarse de un caso que la afecta a ella directamente, Borràs no puede participar en la valoración de su expediente, con lo que Aurora Madaula será la única representante de Junts en la deliberación. Esquerra, con dos representantes, y el PSC, con otros dos, ya han avanzado que si Borràs no dimite, no dudarán en activar el 25.4. Lo mismo ha revelado la CUP, que cuenta con una silla en la Mesa. Fuentes de la Mesa están seguras de que la presidenta pedirá informes jurídicos de cara a justificar que, incluso aunque se la suspenda, aún tendría algunas funciones como presidenta.

Borràs ha referido reiteradamente no tener ninguna intención de dar un paso al lado. Aparte de sentirse víctima de la “represión del Estado”, apunta que su caso es un ejemplo de lawfare, una instrumentalización de la justicia con fines políticos. La líder de Junts per Catalunya no solo carga contra la policía, los jueces y la Fiscalía, incluso tilda de “antidemocrática” la norma que ahora la amenaza y que en su día fue aprobada en el Parlament con el visto bueno de Junts pel Sí (una mezcla de Convergència y Esquerra) y la CUP.

“He dicho y he repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no”, manifiesta la encausada. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuestamente dividir un encargo de páginas web para ILC en pequeños contratos y por así adjudicárselos a dedo a un antiguo colaborador suyo. Todo por un valor de casi 300.000 euros.

Borràs alega que el fraccionamiento “no es delito, sino una irregularidad administrativa, no una causa penal”, subraya que durante el proceso ha caído la acusación de malversación, por lo que se demuestra que no ha habido “corrupción lucrativa”, e insiste: “No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la Administración”.

En una entrevista en RAC1, Gonzalo Boye, abogado de Borràs, negó que los cargos que pesan sobre la líder independentista puedan derivar en una condena: “No hay delito, y, mucho menos, corrupción”. Y anunció que el juicio “traerá sorpresas”.

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