Cataluña ampliará las ayudas al alquiler para jóvenes y dará 100 euros por hijo escolarizado ante el auge de los precios

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abierto este martes su intervención en el debate de política general en el Parlament con el anuncio de un plan de choque para luchar contra la inflación. Este plan, de casi 300 millones de euros, contiene medidas sobre vivienda, educación, pobreza energética o impulso de las energías renovables, entre las que destacan una ayuda de 100 euros por hijo escolarizado para hacer frente al aumento de los precios del material escolar, nuevas ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 36 años o el incremento del 50% en el bono social térmico para familias vulnerables. Solo 37,8 millones de este plan están garantizados con recursos del presupuesto de este ejercicio, mientras que el resto está sujeto a que se aprueben las cuentas de 2023, que ya está preparando el departamento de Economía. Las entidades sociales y sindicatos habían reclamado medidas de carácter más estructural, como el incremento del baremo con el que se calculan las prestaciones, congelado desde hace 12 años. Aragonès ha explicado que estas son “las primeras medidas” y que se anunciarán más en las próximas semanas.

“Ponemos en marcha un escudo social para hacer frente al aumento del coste de la vida y para que esta nueva crisis no implique aumentar aún más las desigualdades”, ha resaltado Aragonès. Sin embargo, el paquete de medidas no ha convencido a los dos principales sindicatos, CC OO y UGT, que en un comunicado conjunto han lamentado “una vez más, la improvisación del Govern”, ya que el plan se ha elaborado sin la participación de los agentes sociales y económicos, que hicieron propuestas concretas en el Consejo de Diálogo Social pero que no han sido atendidas. “Pese a suponer una mejora, estas medidas no paliarán la situación de subida de precios que amenaza especialmente a las personas con salarios y pensiones más bajas”, destacan las centrales. El secretario general de CC OO en Cataluña, Javier Pacheco, ha expresado que el plan debería haber contemplado una actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo con el que se calculan las cuantías y los topes de acceso a las ayudas sociales. Ambos sindicatos piden que este baremo suba un 9%, y que se amplíe la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Las entidades sociales también han criticado que este plan no cumple con las expectativas.

La asociación Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha asegurado en un comunicado que “la política de los parches ya se ha demostrado ampliamente insuficiente y limitada ante la deriva insostenible hacia la precarización”, y han pedido al Govern una estrategia social y cambios estructurales. En este sentido, han reclamado que se recupere el debate sobre la Renta Básica Universal, una propuesta que Esquerra Republicana llevaba en su programa electoral y que en enero empezará con un plan piloto. Tanto los sindicatos como las entidades se han mostrado dispuestas a reunirse con el Govern para mejorar las medidas propuestas presentadas este martes, que, en detalle, son las siguientes:

Educación. Una de las medidas del plan se traducirá en una ayuda a las familias de 100 euros por cada hijo que esté escolarizado entre los cursos de Infantil 3 y cuarto de secundaria. La ayuda está dirigida a familias con rentas “medias y bajas” pero el Govern todavía no ha detallado cuál es la horquilla de ingresos de las familias que permitiría el acceso a esta medida. Es una de las más importantes del paquete, ya que está dotada con 100 millones de euros, y que beneficiará, por lo tanto, a un millón de alumnos, lo que cubre aproximadamente la totalidad de los alumnos de estas franjas de edad, incluidos los que van a un centro concertado. El departamento de Presidencia admite que todavía no ha diseñado el baremo para entregar estas ayudas, pero asegura que se concentrarán en las rentas “medias y bajas”. Esta medida está previsto que se incluya en los presupuestos de 2023 y se llevará a cabo mediante una deducción en el tramo autonómico del IRPF, por lo que quedarán fuera, por tanto, las personas que no tengan que hacer la declaración de la renta al tener bajos ingresos.

Pobreza energética. Aragonès también ha destacado la necesidad de reforzar la atención a las familias vulnerables en vistas de un invierno complicado por el auge de los precios de la factura de la luz. “Este otoño, este invierno, nadie tiene que pasar frío por culpa del aumento del precio de la energía”, ha dicho el president en su intervención. En este sentido, se han reservado 8,8 millones de euros del presente presupuesto (por lo tanto, están garantizados) para incrementar en un 50% el Bono Social Térmico, que está destinado a las familias cuya situación de vulnerabilidad está acreditada por los servicios sociales. Hasta ahora, 100.217 personas iban a recibir este invierno ayudas por un importe total de 17,5 millones, una cifra que incrementará en un 50% y que hará que estos hogares reciban entre 125 y 560 euros, con los que podrán adquirir entre cinco y 21 bombonas de butano, según su situación de vulnerabilidad. Esta ayuda, explica el Govern, llegará en un máximo de tres meses desde que se tramita. El líder de CC OO ha considerado que esta medida es “insuficiente, ya que la inflación afecta a mucha más gente, no solo a las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. El sindicato propone un bono social de 300 euros para todas las personas que tengan unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (actualmente situado en 1.000 euros al mes en 14 pagas).

Jóvenes. La primera medida anunciada por el Govern en relación a los jóvenes es sobre vivienda. Aragonès ha explicado que sacará una línea propia de ayudas al alquiler para personas de hasta 36 años, “en vistas de que la insuficiencia de la ayuda estatal al alquiler”. Estas ayudas serán progresivas, dependiendo de la renta de los beneficiarios y del peso que supone sobre ellas el alquiler de sus viviendas, y tendrán un máximo de 250 euros por persona. La medida se pondrá en marcha esta semana y también está garantizada, al salir de las cuentas de 2022, con una partida de 29 millones de euros.

La segunda medida destinada a los jóvenes, dotada con 30 millones de euros pero sujeta al presupuesto de 2023, es la ampliación del título de transporte T-Jove, que hasta ahora podían usarlo personas de hasta 24 años, y que el año que viene se ampliará a personas de hasta 30 años. Los sindicatos reclaman que, de forma temporal, se complementen las bonificaciones de todos los títulos en el transporte público metropolitano para que sean gratuitos.

Medidas energéticas. Por último, el Govern prepara un paquete de medidas sujetas a la aprobación de los presupuestos del año que viene para fomentar el uso de energía renovable y para promover el ahorro energético. En el primer ámbito, la partida prevista será de 67,2 millones de euros, de los cuales 40 millones servirán para un programa de retirada de amianto y la instalación de paneles solares para el autoconsumo; 25 millones irán para una línea de subvención de proyectos de bioenergía; y 2,2 millones estarán destinados a la apertura de oficinas de transición energética para pymes. Los sindicatos creen que las medidas en el ámbito de la transición energética son “estratégicas” y celebran los pasos dados en esta dirección, pero recuerdan que algunas de las medidas presentadas como plan de choque ya estaban previstas en el Pacto Nacional por la Industria, firmado este mismo mes.

El plan, por otro lado, destina otros 51,3 millones de euros a ayudas para la instalación de fuentes de energía renovable para el autoconsumo. Y 11,5 millones de euros serán subvenciones para comunidades de vecinos y empresas para que instalen sistemas de encendido y apagado automático de luces con el objetivo de ahorrar energía.

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