Colau acuerda con la Sareb regularizar a familias que ocupan pisos y no desahuciar a vulnerables

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llegado a un acuerdo con la Sareb (la sociedad que se quedó con los activos tóxicos de la banca tras el estallido de la burbuja en 2008) por el que la empresa regularizará a 68 familias que ocupan pisos. Se les hará un contrato de alquiler social por el que pagarán entre el 12% y el 30% de sus ingresos. Además, el acuerdo prevé que la Sareb no desahucie a familias vulnerables, tal y como prevé la ley catalana 24/2015, que llegó al Parlament tras una iniciativa legislativa popular impulsada por entidades que luchan por la vivienda y contra la pobreza.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha presentado el acuerdo este jueves. El anuncio también contempla que la Sareb estudie unos 230 casos más, de las casi 70 situaciones de ocupación que regularizará, porque las familias que viven en estas viviendas son vulnerables. Martín celebra que “es la primera vez que un gran tenedor se compromete estrictamente con la ley anti-desahucios 24/2015, que se ha incumplido reiteradamente”. También ha exigido al Gobierno central, del que los Comunes forman parte, que la futura ley estatal de vivienda “refuerce la catalana” para “exigir a los grandes tenedores su corresponsabilidad”. Algunas de estas 68 familias, que agrupan en total a unas 200 personas (la mitad menores aproximadamente), ya han firmado su contrato de alquiler social según el Ayuntamiento. “Hablamos de una horquilla de entre 50 y 200 euros”, ha aclarado la concejal sobe la renta que pagarán.

Las entidades sociales que impulsaron la ley 24/2015, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la pobreza energética o el Observatori DESC, han reivindicado su papel como promotoras de una legislación que alertan de que no se cumple. “Exigimos que la SAREB extienda de forma inmediata los alquileres sociales en todos los casos amparados por la Ley 24/2015 en Cataluña. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno del Estado incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, al igual que pretenden hacer los fondos buitre a diario”, han expresado en un comunicado. El Ayuntamiento ha vuelto a reclamar al Gobierno central, convertido recientemente en el socio mayoritario de la Sareb a través del FROB, que ceda todos los inmuebles de la entidad al parque público de alquiler de Barcelona, que cuenta actualmente con 11.500 propiedades.

La Sareb tiene todavía 769 pisos en la ciudad de Barcelona, según su página de Internet. También cuenta con casi 200 aparcamientos o trasteros, y 38 solares. Además, dispone de 142 inmuebles de uso terciario (pueden ser oficinas, locales comerciales u hoteles). La concejal ha señalado que la entidad tiene 60 pisos vacíos la capital catalana, mientras que el resto están alquilados u ocupados.

La relación del ejecutivo de Colau con la Sareb no es nueva. Desde que la ex líder de la PAH llegó al gobierno de Barcelona ha exigido a la sociedad que ceda a la ciudad viviendas vacías para incorporarlas a la bolsa de alquileres sociales. En octubre de 2015 (cuatro meses de conseguir la alcaldía) exigió las 562 viviendas vacías que tenía entonces la sociedad en la ciudad. En diciembre de ese mismo año, Colau y la Sareb firmaron un acuerdo por el cual el banco malo cedía 200 de los 562 pisos que tiene en la ciudad. Las viviendas se destinaron a emergencias sociales y el convenio se firmó por ocho años. Fue la primera ciudad que firmó un acuerdo así y la vigencia acaba el año que viene.

En conjunto la Sareb tiene 12.700 viviendas en Cataluña: muchas están ocupadas, a reformar o en lugares sin demanda y el Govern ha pedido en varias ocasiones gestionar estos activos para destinarlos a alquiler social, aunque admite que su situación y tipología variada presentan dificultades.

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