El macrocasino de Tarragona condena a ERC y al PSC a entenderse

Pere Aragonès realizó este miércoles una visita institucional a Reus y, cuando salía del Ayuntamiento, fue abucheado por un grupo de manifestantes que lucían pancartas contrarias a la construcción del macrocomplejo turístico Hard Rock de Salou, también conocido como BCN World. La reprimenda al president escenifica la paradoja que atrapa al Govern. El PSC, y también en menor medida Junts, le reprocha falta de compromiso con Hard Rock y lo esgrime como uno de los motivos para dilatar la aprobación de los presupuestos de 2023, mientras que Aragonès y sus consellers, a fuerza de exprimir las ambigüedades y los rodeos, se han situado en la diana de los críticos al proyecto. “¿Por cuánto dinero te vendes?” le preguntó directamente la CUP al president, al tiempo que le acusaba de ser un “muñeco” en manos de La Caixa.

El mes pasado la Cámara de Comercio de Tarragona organizó un acto donde reunió a empresas, entidades e instituciones sociales y económicas de la provincia para reclamar celeridad a la Generalitat en el desbloqueo del Hard Rock. También acudieron a la cita Pere Granados y Pere Segura, alcaldes de Salou y Vila-seca. “Este proyecto genera consenso, solo lo rechazan los antisistema, a quien parece que el progreso moleste. Ya pasó lo mismo con Port Aventura”, indica Granados, que encabezará la lista del PSC en las próximas municipales. Pere Segura, alcalde de Vila-seca por Junts, coincide en que existe un “consenso ampliamente mayoritario” por el complejo de hoteles con casino y defiende que se trata de “un proyecto de país”.

Tras una larga temporada acumulando polvo, el Hard Rock ha vuelto a asomar la cabeza para jugar un papel supuestamente crucial en la aprobación de los presupuestos catalanes. Junts y el PSC incluyen el parque turístico, con edificios de 75 metros de altura y 30.000 metros cuadrados de casinos y salas de apuestas, en el pliego de condiciones para avalar las cuentas, mientras el Govern alega que se trata de un asunto “extrapresupuestario” y que no es motivo para mantener paralizados unos presupuestos que darían luz verde a un paquete de gasto extra de 3.000 millones de euros.

Este miércoles, los equipos negociadores de Esquerra y del PSC mantuvieron una nueva reunión con el objetivo de cerrar un acuerdo. La consejería de Economía va a redactar un documento de intenciones donde quede claro que el Govern no va a poner trabas a la tramitacion administrativa del complejo de ocio.

El expediente Hard Rock hiberna en los despachos del departamento de Territorio. El conseller Juli Fernàndez argumenta tener escaso margen de maniobra y alega que es una carpeta heredada de sus predecesores: “No es una cuestión de voluntad ni estamos delante de una hoja en blanco, hay unos compromisos de la Generalitat para comprar unos terrenos a través del Incasol”. Fernàndez se refiere al compromiso adquirido por el Govern en 2020, mediante el cuál se buscó dar garantías a la empresa promotora asumiendo el pago de 120 millones de euros por los terrenos donde se debe construir el megacomplejo hotelero. Las fincas, pegadas al parque Port Aventura, son propiedad de Criteria, el holding de inversiones de La Caixa, y el Incasol asumió hacerse cargo de la factura para repercutirla, después, a la multinacional Hard Rock.

En 2020 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo el Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) que ponía las bases del proyecto Hard Rock en una zona de “riesgo de accidentes graves” por la cercanía del polígono petroquímico de Tarragona. La Generalitat alega que se está trabajando en el diseño del nuevo plan urbanístico. “El plazo para tenerlo listo era finales de 2022, no se ha hecho y no hay ninguna previsión”, critica Pere Granados, alcalde de Salou. “La indefinición crea incertidumbre, y están poniendo en riesgo una inversión que implica 2.000 empleos directos y hasta 5.000 puestos de trabajo indirectos”, advierte.

Los retrasos no tienen nada de nuevo en este tema. Hard Rock anunció en julio de 2017 su intención de invertir 700 millones de euros en una primera fase, y hasta 2.000 millones en la ejecución total del complejo turístico. Lluís Salvadó, quien fue secretario de Hacienda de la Generalitat y mano derecha de Oriol Junqueras en Economía, llegó a afirmar que a principios de 2018 los trámites del proyecto estarían listos. A finales de 2020 no se había movido ni una piedra, como ahora, y Damià Calvet, entonces consejero de Territorio por Junts per Catalunya, aseguró que en 2022 las obras estarían en marcha.

En las negociaciones para aprobar los presupuestos catalanes, el PSC alega que el montón de renuncios que acumula el proyecto justifican la exigencia de un compromiso claro por parte del Govern.

A Aragonès se le abre otro frente, porque En Comú Podem ha avisado que retirará su apoyo para aprobar los presupuestos si estos incluyen partidas que sirvan para impulsar Hard Rock. ERC tiene 33 escaños y aunque logre el respaldo de PSC o de Junts, los ocho votos de comunes siguen siendo determinantes. Solo un improbable acuerdo entre ERC, Junts y PSC arrinconaría el papel de En Comú Podem.

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