La decisión del Supremo sobre la malversación deja sin esperanzas a los cargos de ERC y Junts pendientes de juicio

Los esfuerzos de Esquerra Republicana (ERC) por arrancar del Gobierno la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación pueden no haber servido para gran cosa. La decisión del Tribunal Supremo de mantener las penas de inhabilitación por malversación agravada para el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros tres consejeros del Govern que impulsó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 supone, además, un duro golpe para los cargos y excargos públicos de Junts y Esquerra que aún aguardan juicio por el procés. Desde el punto de vista de los republicanos, la reforma se fraguó precisamente para amortiguar, en la medida de lo posible, el golpe judicial a esos cuadros del partido que organizaron, de hecho, la consulta. Pero la interpretación de Manuel Marchena y del resto de magistrados no augura nada bueno para ellos y les aboca, en caso de condena, a soportar elevadas penas de prisión.

“Su situación no es peor que antes de la reforma del Código Penal; en ese sentido, no han perdido nada. Pero es verdad que se han quedado prácticamente igual”, afirma un abogado que defiende a varios de estos procesados. Un total de 21 cargos o excargos de los dos partidos independentistas que impulsaron el 1-O (ERC y lo que después sería Junts per Catalunya) aguardan juicio. A diferencia de los exconsejeros del Gobierno catalán, que fueron juzgados y condenados a penas de prisión por sedición ante el Tribunal Supremo, ellos están procesados solamente por malversación. La derogación del delito de sedición, por tanto, no les afectaba personalmente. Pero sí la reforma de la malversación, que sobre el papel debía suponer una mejora. No parece que vaya a ser así, lo que ha enfurecido a los republicanos. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, lamentó que los jueces hayan “dejado en papel mojado el trabajo hecho por el legislador de forma democrática” y acusó al sistema judicial de estar “supeditado a la derecha española” y de perpetrar “un golpe a la democracia”.

La polémica modificación penal introdujo una distinción en el delito de malversación, con penas atenuadas cuando no existe ánimo de lucro; en tales casos, la pena oscila entre el año y los cuatro años de cárcel y puede llegar a limitarse, en uno de los supuestos, a una pena de multa. Tal como lo plantearon el Gobierno y los republicanos, una de esas modalidades atenuadas es la que correspondía aplicar a los líderes del procés, ya que en ninguna de las causas judiciales juzgadas o pendientes de juzgar se ha acreditado la existencia de un beneficio personal. Esa perspectiva, sin embargo, ha topado con una interpretación distinta tanto de la Fiscalía como, sobre todo, del Tribunal Supremo, que marca el camino para los magistrados que van a tomar una decisión respecto de los 21 excargos públicos.

En la revisión de sentencia del procés, el Supremo entiende que utilizar “fondos públicos a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre” no encaja en la malversación atenuada. “Sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica, en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente, pueda ser castigado con una pena de multa”, recoge la resolución. Para los magistrados, no puede entenderse que no hubiera ánimo de lucro, puesto que eso engloba a quien se apropia de fondos, pero también a quien, “quebrantando su deber de lealtad en la administración, decide darles una finalidad inequívocamente ilegal”.

Tres órganos judiciales distintos mantienen abiertos, en Cataluña, procesos por malversación contra responsables del Govern: 12 de ellos fueron nombrados por Esquerra Republicana y otros nueve por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT.

La causa que involucra a un mayor número de personalidades políticas es la que dirigió la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil. La instrucción, centrada en los gastos del referéndum, finalizó en 2019, pero aún no hay fecha de juicio. Han sido procesadas un total de 30 personas, incluidos empresarios y 11 cargos de confianza del Ejecutivo. La otra gran causa pendiente es la que llevará al banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los diputados Lluís Salvadó y Josep Maria Jové —piezas clave en el referéndum— y a la consejera de Cultura Natàlia Garriga, todos ellos de Esquerra Republicana. En estos dos procedimientos, la Fiscalía debe presentar en breve su escrito de acusación y estaba a la espera, precisamente, de la interpretación de la Fiscalía General del Estado y, sobre todo, de la resolución del Supremo.

Las defensas temen que el escrito de la Fiscalía vaya a ser más duro incluso que el de los líderes del procés. Si, como es previsible, solicitan pena por el tipo agravado de malversación, las penas oscilan entre los cuatro y los ocho años de cárcel, aunque pueden elevarse a 12 si el dinero malversado supera los 250.000 euros. Además, las penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos se mueven en una horquilla de entre 10 y 20 años, un mundo para un grupo de personas que todavía están desarrollando plenamente sus carreras políticas. Algunos de los que están pendientes de juicio afrontan también otros delitos como prevaricación, revelación de secretos y desobediencia, con lo que se podría dar el caso que la petición de la Fiscalía sea más elevada para ellos que para los líderes del procés. “Sería algo paradójico, pero sin duda puede darse”, explican fuentes de la defensa.

El camino marcado a Puigdemont

La decisión del Supremo también es una muy mala noticia para Carles Puigdemont, que también ve cómo se desvanecen sus esperanzas de regresar sin temor a exponerse a la prisión preventiva o a penas de cárcel demasiado severas. El expresident permanece huido en Bélgica desde 2017 y ahora ha visto cuál puede ser el camino que le espera. El lunes, tras conocer la resolución del Supremo, escribió: “El Estado siempre se activa cuando alguien tiene la tentación de salirse del guion, ya sea por un Estatuto, ya sea por un Código Penal”. Puigdemont expresó su solidaridad con Junqueras y con los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que vieron confirmadas sus penas de inhabilitación por malversación (las de cárcel quedaron extinguidas con el indulto parcial concedido por el Gobierno).

La decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de retirar el procesamiento de Puigdemont por sedición, pero atribuirle una malversación agravada, pone en riesgo su refugio en Waterloo. Fuentes judiciales explican que es más sencillo que Bélgica acceda a entregarle por un delito ligado a la corrupción económica que por otro, como era la sedición, con mayores connotaciones políticas. En 2018, los tribunales de Alemania —donde Puigdemont fue detenido durante un desplazamiento a ese país— ya se mostraron dispuestos a entregarle por malversación, aunque no por rebelión. El magistrado rechazó entonces aceptar la entrega en esas condiciones.

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