La Generalitat admite que tendrá que repetir exámenes de las oposiciones de los interinos

La Generalitat repetirá algunos de los exámenes de la convocatoria de oposiciones del sábado para convertir empleados interinos en funcionarios. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha comparecido este domingo, después de reunirse de urgencia con los sindicatos, para dar cuenta de las investigaciones que está realizando la Dirección de Función Pública después de las graves incidencias detectadas durante las pruebas. A la convocatoria extraordinaria para estabilizar personal se presentaron casi 14.000 personas para 1.800 plazas en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Vilagrà ha anunciado también que los futuros exámenes no se harán con la empresa a la que encargaron la macrooposición, Cegos, a la que no pagarán, ha advertido, al tiempo que se plantean rescindir el contrato. Vista la gravedad de la situación y ante las exigencias de Junts y PSC, la consejera ha pedido comparecer en el Parlament.

“Desde primera hora detectamos deficiencias, anomalías, algunas graves, que no son tolerables”, ha admitido Vilagrà después de que el mismo sábado el Govern pidiera disculpas a los afectados. “Queremos analizarlas porque algunas son graves y probablemente habrá que repetir exámenes. Hay que aislar los grupos en los que no hubo anomalías de los que sí las hubo, y habrá que repetir la prueba”. La consejera ha explicado que el departamento está recogiendo información, junto a los sindicatos, y ha explicado que se abrirá un buzón para que los aspirantes puedan reportar las incidencias que vivieron. “La situación vivida ayer fue muy dura, muy crítica”, ha concluido y ha reiterado las disculpas.

La de este sábado fue la primera convocatoria que la Generalitat externalizaba en una empresa, Cegos. El importe de la licitación fue de 1,5 millones de euros, que incluían las pruebas del sábado y otras convocatorias. La consejera ha justificado la subcontratación por la envergadura de las pruebas: 13.000 aspirantes, 72 exámenes distintos, cuatro ciudades y 210 aulas. Y también porque muchos de los empleados público que habitualmente vigilan convocatorias de oposición, en esta ocasión realizaban las pruebas. “La empresa es experta y ha participado en otras convocatorias importantes”, ha señalado y como ejemplo ha puesto pruebas de Médicos Internos Residentes (MIR) o de Correos. Cegos también tuvo el encargo, en 2016, de organizar pruebas en el Metro de Madrid, polémicas porque el examen estuvo en internet antes de celebrarse. Vilagrà ha admitido que los incumplimientos por parte de esta empresa en las pruebas del sábado fueron “flagrantes”. Personal no formado en las aulas, incidencias no tolerables en las aulas, retrasos de mínimo dos horas o aspirantes con móviles encendidos durante los exámenes. “No asumiremos el coste de la contratación y no será esta empresa quien haga los exámenes”, ha dicho.

Vilagrà no ha adelantado ninguna cifra sobre los exámenes que se podrían tener a repetir. Fuentes de la Dirección de Función Pública conocedoras del proceso explican que podría tratarse de miles. Por ejemplo, si en una aula hubo una incidencia que pudiera llevar a la impugnación, habría que repetir la prueba para todos los que la hicieran en otras aulas o ciudades, porque quedan invalidadas. “Se repetirán en los grupos que sea necesario y en el tiempo más breve posible”, ha asegurado.

Tras la reunión mantenida a primera hora de la mañana en la Escuela de Administración pública, los sindicatos IAC, CC OO y UGT han celebrado que se habilite un buzón para que los aspirantes puedan reportar incidentes. Y han explicado que la empresa que organizó las pruebas sigue sin facilitar información: datos básicos, apuntan, como cuánta gente sufrió incidencias o cuántos fueron los que no pudieron examinarse, porque nunca llegaron a tener los exámenes correctos.

Assumpta Barbens, representante de IAC, ha explicado que está prevista una nueva reunión pasado el puente del 1 de mayo, el miércoles. Sobre la repetición de exámenes, ha distinguido el caso de aspirantes que se puedan haber sentido maltratados, de cuestiones que sean impugnables jurídicamente, porque afectan al principio de “igualdad, mérito y capacidad” que debe regir una convocatoria pública de empleo. En cualquier caso ha apostado porque, si hay que repetir pruebas, se haga “lo más rápido posible”. Barbens ha señalado, por otra parte, que en las convocatorias que no se han externalizado, no ha habido ningún problema. Manuel Pulido (CC OO) y Iolanda Adroher (UGT) han añadido que hubo incidencias en las cuatro demarcaciones (Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida) y no solo en las facultades de la capital catalana donde se realizaron pruebas.

Ante un caso como este y en pleno puente del Primero de Mayo, la tormenta política está servida. Los grupos parlamentarios de Junts y PSC han acusado al Govern de “centrifugrar” responsabilidades ante el “caos” por las incidencias durante el proceso de oposiciones y han pedido a Vilagrà que comparezca para dar explicaciones. La portavoz del grupo socialista, Alícia Romero, ha exigido que la consejera de Presidencia “explique el caos organizativo de las pruebas”, cuyos aspirantes afrontaron “en condiciones pésimas por la dejadez de funciones” del Govern, ha considerado, al tiempo que ha calificado de “insuficientes” las explicaciones facilitadas. Por su parte, la portavoz del grupo de Junts, Mònica Sales, ha considerado que la situación es “inadmisible”: “Una vez más el Govern ha centrifugado responsabilidades culpando a la empresa subcontratada, institucionalizando la incompetencia”.

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