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La Generalitat admite “incidencias muy graves” en las oposiciones, pide disculpas y señala a la empresa contratada para las pruebas

13.581 aspirantes, la mayoría interinos, optaban a 1.825 plazas de funcionario este sábado. Función pública encarga un informe jurídico y no descarta la posibilidad de repetir exámenes

Clara Blanchar
Una de las aulas en las que este sábado se han examinado aspirantes a ser funcionarios de la Generalitat, en Barcelona.
Una de las aulas en las que este sábado se han examinado aspirantes a ser funcionarios de la Generalitat, en Barcelona.el pais

Retrasos generalizados, hasta seis horas de espera para un examen que finalmente ha sido aplazado, problemas de identificación de las pruebas o falta de garantía en el anonimato, madres con bebés lactantes esperando horas, e imágenes de una opositora realizando el examen encima de una papelera. La Generalitat ha admitido este sábado “incidencias muy graves” en las pruebas realizadas en Barcelona dentro del proceso de oposición para convertir interinos en funcionarios. Unos exámenes en los que 13.581 aspirantes (9.000 en Barcelona), la mayoría personal temporal, optaban a 1.825 plazas fijas. La directora general de Función Pública, Alícia Corral, ha tachado de “muy grave” la situación, ha pedido disculpas a los aspirantes y ha señalado a la empresa contratada para realizar las pruebas, Cegos.

Era la primera ocasión en la que la Generalitat externalizaba unas pruebas, “por su envergadura”, ha justificado Corral, que ha abierto la puerta a rescindir el contrato ante una situación que ha calificado de “intolerable”. Por contrato, la firma Cegos también debía validar los exámenes, todos tipo test, mediante un lector óptico. “El sufrimiento será adecuadamente reparado, empatizamos con las situaciones vividas y hemos de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad”. La oficina de Selección de Personal de Función Pública (que pertenece al departamento de Presidencia), está analizando las “consecuencias jurídicas para depurar responsabilidades”. Sobre la posibilidad de repetir exámenes, es una posibilidad que no ha descartado, aunque se ha remitido en todo momento al informe: “Analizaremos caso a caso, aula a aula”. La directora general ha reprochado a la empresa que, el mismo día de las pruebas por la tarde, todavía no proporcione datos. Por ejemplo, cuántos exámenes no se han podido hacer (en principio se trataría solo de los de una aula) o cuánta gente se ha examinado en la facultad de Económicas.

“Es una situación muy complicada, un escenario dantesco”, ha asegurado desde el sindicato IAC Assumpta Barbens. La facultad de Economía es una de las que más interinos ha reunido para unos exámenes que debían comenzar a las 9 de la mañana y han acabado empezando pasadas las 11 horas. “Además de inseguridad jurídica, estas incidencias comportan pérdida de concentración a la hora de realizar las pruebas”, ha indicado Barbens.

Las redes atestiguan situaciones de retrasos e incidencias en varias facultades: Económicas, pero también Farmacia, Matemáticas o Filología. Entre las quejas, hojas de respuesta que se han entregado con nombre, apellidos y DNI, cuando deberían ser anónimas e identificarse con un código. O aulas demasiado llenas, calor y exámenes donde no aparecía la opción (si general, jurídica, económica). Y el caso de los que optaban a plazas para trabajadores sociales, cuyo examen ha quedado aplazado tras seis horas de espera.

Oposiciones interinos Generalitat
La entrada a la facultad de Economía de Barcelona, con aspirantes a ser funcionarios de la Generalitat, esperando a la hora que estaban citados para hacer las oposiciones. Las pruebas no han comenzado hasta las 11, con dos horas de retraso.el pais

El PSC ha considerado “inadmisibles” las incidencias y tildado de “incomprensible” que los opositores hayan tenido que esperar más de dos horas para hacer un examen. Alicia Romero, portavoz socialista, ha calificado de “cero” la capacidad organizativa del Govern y pedirá explicaciones en el Parlament. “La falta de previsión y la incapacidad de organización claman al cielo”, ha afirmado en la red.

Si alguien ha pasado este sábado a primera hora por la Zona Universitaria de Barcelona y ha visto a mogollón de gente ante algunas facultades, eran trabajadores de la Generalitat que aspiran a convertirse en funcionarios. Aunque residuales, también había personas sin vínculo laboral con la administración catalana, por probar, aunque tienen menos posibilidades. El Govern ha convocado este fin de semana las pruebas de oposición para estabilizar a interinos. Los aspirantes son 13.581 para 1.825 plazas. Las primeras de envergadura desde los recortes en la administración desde la crisis económica que arrancó en 2008.

A las puertas de la facultad de Economía, había nervios desde las 8.30 horas de la mañana. Y mucha paciencia. Porque las puertas tenían que abrirse a las 9 horas y lo han hecho con 20 minutos de retraso. Antes de las 11 horas todavía no se habían repartido los exámenes. Finalmente, han comenzado a las 11.02 horas, indicaba la pizarra de una de las múltiples aulas. Solo en esta facultad se han examinado centenares de personas. En las puertas de las clases, todo el mundo con el DNI en la mano y aviso a navegantes: “Recordamos que está terminantemente prohibido el acceso al examen con cualquier dispositivo electrónico encendido y conectado a internet”. En la mesa, los aspirantes podían tener agua, dos bolis y típex. Y se enfrentaban a dos pruebas: una teórica (con temario genérico o de su especialidad) y otra de casos prácticos. Entre las quejas, también hay algunas por la proximidad física entre aspirantes a la hora de hacer las pruebas.

Entre los aspirantes, variedad de perfiles: abogadas, administrativas, educadores sociales, y un veinteañero en un rincón, Sergi, 25 años, como un flan y repasando el temario “porque esto seguro que entra”. Mar, María y Raúl optan a plazas de administración y servicios del departamento de Justicia (centros penitenciarios, de día, de justicia juvenil), donde llevan trabajando como interinos entre casi siete años y más de tres años. “A ver, hay 13 plazas para 200 personas”, suspiraban. También había una pedagoga que trabaja en la consejería de Feminismos, juristas que trabajan en los servicios jurídicos de los Agentes Rurales, o profesionales de la consejería de Presidencia.

En los corrillos, el cálculo mental iba que volaba: si tienen tanto de antigüedad, tantos méritos, saco tal nota y hay tantas plazas. Pero también hay confusión. La cifra de 943 aspirantes está en boca de muchos, pero no había consenso sobre a cuántas plazas aspiran. Si una, siete o 14. “No, siete son para discapacitados, una es que debe ser la de periodista”, calculaban en un grupito. Una discapacidad física tiene Estefanía, que se presentaba tras varios años de experiencia para ser administrativa. Como ahora, pero fija.

Los que estaban más nerviosos eran los que, siendo realistas, tenían alguna opción. “Yo llevo cinco años, tengo 32 méritos de 40. Ayer estaba fatal, pero viendo a tanta gente pienso que igual no tengo opciones. Es ridículo que haya que competir con tanta gente teniendo antigüedad”, se quejaba una empleada que no quería dar su nombre. A su lado, Blanca, consideraba “injusto” que todas las pruebas se hagan el mismo día: “Si puedes optar a varios puestos, te eliminan la opción de presentarte a varios cuerpos”. En su caso, podría examinarse para administrativa y a técnica superior. Y a las pruebas generales y las específicas.

En los dos exámenes de este sábado había 9.147 aspirantes en Barcelona, 1.246 en Girona, 1.634 en Lleida y 1.554 en Tarragona. Las plazas a las que se presentaban son 1.534 para personal funcionario (de administración y servicios, ejecución penal y cuerpo de abogacía) y 291 puestos de personal laboral transversal. También hay 383 plazas más de categorías laborales no transversales, según un comunicado de la Secretaría de Función Pública del Departamento de Presidencia.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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