La Diada alcanza al independentismo catalán sin un plan común para negociar la investidura del Gobierno

La brújula que marca el camino del independentismo catalán tintinea buscando el norte, en vísperas de la Diada de Cataluña. Las negociaciones que mantienen Junts per Catalunya y Esquerra Republicana por la investidura del presidente del Gobierno han acallado este año las tradicionales reivindicaciones épicas sobre unidad, perseverancia y firmeza que servían para calentar el ambiente en la previa de la populosa manifestación ciudadana que se convoca cada 11 de septiembre. En su pelea por dominar el campo de juego independentista, ERC y Junts reservan para la retórica y el escaparate de los mítines la idea de un frente común y robusto con el que reclamar en Madrid ganancias para Cataluña o dar alguna continuidad a lo que representó el procés.

En los preámbulos de la investidura, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han diseñado peticiones muy parejas, pero sus emisarios afrontan las reuniones con los negociadores de la coalición progresista con una misma premisa: mejor solos que mal acompañados. Mientras, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la entidad civil con más capacidad movilizadora, ataca a ambos partidos y les exige que se pongan de acuerdo para “activar” la independencia y “no para votar presidentes españoles del Estado represor”.

Las elecciones del 23-J restaron diputados a Junts y Esquerra en el Congreso, pero los 14 escaños que suman ambas formaciones, siete para cada una, son determinantes para darle un portazo a la alianza del PP y Vox y decantar la balanza en favor de una reelección de Pedro Sánchez. La coyuntura es propicia para entregar un buen puñado de tantos a quien mejor sepa negociar, pero también amenaza con estigmatizar la imagen que Junts y ERC tratan de cultivar dentro del independentismo, y que consiste en marcar distancias, al menos en público, con cualquier guiño de complicidad con el Gobierno y sus representantes. Detrás de los gestos subyace el interés por aparecer como el representante más puro del independentismo, para plantar cara al estirón del PSC en Cataluña.

La ANC advierte estos días que el mandato independentista exige “no llegar a ningún acuerdo con las instituciones españolas” y llama a “aprovechar” la situación de “debilidad” que provoca la incertidumbre actual en el Congreso para “hacer efectiva la declaración de independencia que está congelada desde el mes de octubre de 2017″. Òmnium Cultural, la otra entidad catalanista con potente arraigo, se aleja de las soflamas fundamentalistas de la ANC, pero aborda el 11-S con la idea de “salir a la calle para mostrarle al mundo que el conflicto político entre Cataluña y el Estado sigue vivo”, en palabras del presidente, Xavier Antich. El fragor de la Diada impacta en las negociaciones de Junts y ERC por la investidura. En los puestos de mando de las dos principales opciones políticas del separatismo catalán, toda vez que la CUP se ha encogido hasta la irrelevancia, se asume la idea que desairar los aciertos del rival es tan importante como rentabilizar los logros propios.

Carles Puigdemont, que no ejerce ningún cargo orgánico en Junts pero comanda la estrategia negociadora con el PSOE y Sumar, hizo hincapié en su conferencia del lunes que si se aceptan las condiciones que pone Junts para la reelección de Sánchez se habrá alcanzado un “acuerdo histórico”. Puigdemont, prófugo de la justicia española desde hace casi seis años, pide que el Estado respete “la legitimidad democrática” del independentismo; que se cree un “mecanismo de mediación y verificación” para garantizar el cumplimiento de los acuerdos; que se produzca un “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo” y que los “únicos límites” a cualquier pacto sea los establecidos por los “tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos”, es decir, que el límite no sea la Constitución.

Esquerra trata de restar carácter heroico a las reclamaciones de Junts y Puigdemont, apuntando que la desjudicialización del procés, mediante una ley de amnistía, es una reclamación ordinaria del independentismo. Los republicanos esgrimen que, de entrada, la negociación con el PSOE durante la legislatura pasada propició los indultos a los condenados por organizar el referéndum del 1-O y la modificación del Código Penal. “No puedo hacer otra cosa que mostrar satisfacción, subrayar la coincidencia y destacar una obviedad: si coincidimos y además nos coordinamos tendremos más fuerza”, replicó Pere Aragonès, a las palabras de Puigdemont. La portavoz del Govern valoró que los objetivos fijados por el eurodiputado de Junts son “casi idénticos” a los que fija la Generalitat para entenderse con Sánchez. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha ido un poco más allá, al aplaudir que Junts opte finalmente por la vía negociadora con el Gobierno “tras cuatro años de críticas y de poner palos a las ruedas”.

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