La Sindicatura de Barcelona denuncia que el Ayuntamiento complica el empadronamiento a los sin techo

El gobierno de la exalcaldesa Ada Colau criticaba en diciembre de 2019 que la Generalitat, los ayuntamientos del área metropolitana y el Gobierno central desatendían sus funciones y no atendían a las personas sin hogar. Las entidades que trataban el fenómeno de los sin techo denunciaban que la mayoría de municipios catalogaban a las personas sin hogar como “personas de paso”, no las empadronaban, no entraban en sus estadísticas y desaparecía –aunque solo burocráticamente- el problema. De esa denuncia se salvaba la ciudad de Barcelona. Las entidades admitían que el gobierno de Colau estaba haciendo los deberes empadronando a sin techo para que pudieran optar al resto de servicios sociales. 100 días más tarde del cambio de gobierno municipal, la Sindicatura de Greuges de Barcelona (el defensor del pueblo de la ciudad) ha pedido información al Consistorio del alcalde Jaume Collboni tras tener conocimiento que el Ayuntamiento está endureciendo los trámites para conseguir el padrón.

Hasta ahora las personas sin domicilio fijo (que viven en la calle, de okupas o en asentamientos) necesitaban una entrevista con los servicios sociales municipales para que les tramitaran los informes de residencia (ICR) –donde un funcionario asegura que esa persona vive en la calle, en una barraca…- como paso previo al empadronamiento. La Sindicatura ha recibido una queja de un sin techo, Josep Castillo, que el pasado verano se dirigió a la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas del Ayuntamiento para que le tramitaran el ICR. “Le pidieron el DNI y como aparece una dirección de Girona le dijeron que tenía que ir a esa ciudad”, denuncia Bea Fernández, del equipo jurídico de la Fundación Arrels. “Nosotros no presentamos la queja en la Sindicatura, fue otra entidad, pero sí que conocemos a Castillo. Vive desde hace años en Barcelona. Desde los servicios municipales se le cerró la posibilidad de que le entrevistara una trabajadora social y con ello la posibilidad de empadronarse y tener una tarjeta sanitaria”, denuncia Fernández. Arrels está recopilando documentación y aseguran que puede que haya cuatro casos similares lo que supone “un endurecimiento” del Ayuntamiento a la hora de proporcionar padrones. Sin embargo, El Ayuntamiento de Barcelona ha negado la mayor a EL PAÍS. El Consistorio actual mantiene que “no ha cambiado el modelo de empadronamiento” ni ha cambiado el “circuito de tramitación”.

La Sindicatura denuncia que sin la posibilidad de acceder a los ICR no hay empadronamiento. Pero, además, la Sindicatura asegura que la Oficina de Prestaciones Sociales está, también, derivando a sin techo al Servicio de Atención a Inmigrantes (SAIER) o al Servicio de Inserción Social (SIS) para conseguir esos informes. Con esta derivación se “dilata en el tiempo” la obtención de estos documentos lo que, según el defensor, impide el “disfrute de derechos” —como sanidad, sufragio universal…— de las personas sin hogar.

“Tanto en el SAIER como en el SIS hay que ir con cita previa, y no hay disponibilidad hasta un mínimo de tres meses. Posteriormente, se debe realizar un seguimiento, entrevistas, etc. Entre tanto, la persona no puede acceder a los servicios que requieren de empadronamiento, y las personas que tienen menores a cargo tampoco pueden escolarizarlos”, explica en el comunicado la Sindicatura.

Castillo consiguió finalmente empadronarse gracias a que Arrels lo registró en uno de sus pisos. Ahora ha obtenido la tarjeta sanitaria. Las entidades intentan averiguar cuantas personas pueden haberse quedado fuera del padrón por este cambio burocrático.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal