La Fiscalía pelea para no dejar impune la mayor filtración de datos personales de mossos

La Fiscalía pelea para que no quede impune la mayor filtración de datos personales de agentes en la historia de los Mossos d’Esquadra. El Ministerio público ha propuesto la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo tras el archivo de la causa que investigaba el hackeo al sindicato policial SME, hace más de siete años, en el que se difundieron los datos personales de más de 5.400 mossos. La Audiencia de Barcelona sobreseyó el caso el pasado mes de octubre sin ni siquiera llevar a juicio a los dos principales investigados porque consideró que no había suficientes pruebas para sentarlos en el banquillo. La defensa acusa al ministerio público de “forzar” un recurso al Supremo “en contra de los principios fundamentales del derecho constitucional y penal” porque recurre un sobreseimiento provisional que, según su escrito, no puede ser objeto de un recurso de casación.

La Audiencia decretó un sobreseimiento provisional para los dos jóvenes que, a diferencia del libre, supone que las personas quedan exentas de responsabilidad penal salvo que aparezcan nuevas pruebas que les incriminen. La Fiscalía considera, sin embargo, que el archivo provisional encierra uno definitivo: “Materialmente se corresponde con un sobreseimiento libre” debido a “su argumentación y por sus efectos conclusivos del proceso”. La defensa de los dos jóvenes rebate que la Audiencia dejó “muy claro” que el proceso se archivó porque “no consta prueba alguna que sustenten su continuación”. Por ello, expresa la “más que fundamentada oposición a que se tenga preparado un recurso que no cumple con los requisitos previstos en la normativa”. Y reprocha que se “atenta totalmente contra el derecho a la tutela judicial efectiva” con la admisión de la preparación del recurso por parte de la Audiencia.

El hackeo a la web del sindicato de los Mossos d’Esquadra SME se hizo pública la mañana del 17 de mayo de 2016, cuando sus redes sociales mutaron y se convirtieron en una denuncia contra los abusos policiales. Ese día se filtraron datos personales de 5.400 policías, con nombres, teléfonos, números de identificación policial, datos bancarios e incluso en algunos casos direcciones. Las bases de datos se colgaron en Internet y se hizo difusión también a través de las redes sociales, lo que provocó una seria preocupación tanto en los mossos afectados (algunos incluso cambiaron de domicilio), como en la jefatura del cuerpo, que abrió de inmediato una investigación.

Ocho meses después, los Mossos detuvieron a M. G. y C. B., acusados de participar en el ataque, que reivindicó uno de los piratas informáticos legendarios, Phineas Fisher, del que la policía sospechó desde el inicio que no era una única persona. Los agentes descubrieron que dos de las incursiones previas a la filtración se llevaron a través de un proxy que tenían la entonces joven pareja en su piso de Barcelona. Y a partir de ese dato pivotó toda la extensa investigación de la unidad de delitos informáticos, que nunca logró encontrar una prueba directa entre los dos imputados y el ataque, más allá del proxy -una tecnología que permite anonimizar la navegación por internet-, que admitieron que tenían en su domicilio y que cualquiera podía utilizar si sabían la dirección desde la que conectarse.

En el archivo, la Audiencia de Barcelona hizo suyos los argumentos de las defensas de los jóvenes, y consideró que no había pruebas que los vinculasen directamente con el ataque. “Nada en la investigación conecta a los apelantes con los supuestos autores, nada determina que participaran directamente en la sustracción o en la difusión” de los datos; “nada hay que permita siquiera atisbar un contacto previo coetáneo o posterior con quienes, bajo alias, habían llevado a cabo esa acción”, consideró el tribunal, sobre el papel de los dos principales investigados en la trama.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que el hecho de que contasen en su casa un “servidor informático configurado deliberadamente por ellos para ser usado por terceros en la ejecución de ataques a sistemas informáticos, proporcionando ventajas de geolocalización […] configurándolos para garantizar el anonimato de los atacantes” supone un posible delito de revelación de secretos. E insiste en que el hecho de que no haya pruebas que implique a los dos jóvenes de manera directa en el ataque a las bases de datos del sindicato no significa que estén libres de culpa. La defensa asegura que en ningún momento se ha demostrado que los dos investigados tuviesen un proxy público en su domicilio con una voluntad criminal, y que el mero hecho de contar con uno no supone un delito.

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