¿Quién fiscaliza la acción del Govern frente a los grandes consumidores de agua?

Hace ya más de un año que la Agencia Catalana del Agua (ACA) activó las restricciones por sequía dirigidas a los grandes consumidores de agua. Un gran consumidor es cualquier actividad que utiliza más de 7.000 metros cúbicos de agua al año, y suelen poseer concesiones otorgadas por la administración hidráulica competente, la ACA, y, por lo tanto, quedan fuera de la red de agua urbana.

En noviembre de 2022, Cataluña entró en alerta por sequía y desde entonces se aplican diferentes porcentajes de reducción de consumo de agua para los grandes consumidores. Ahora estas reducciones son del 40% para el riego agrícola, del 30% para usos ganaderos y del 15% para usos industriales y recreativos.

No debemos confundir estas restricciones con las dotaciones máximas permitidas para los municipios y sus redes urbanas de agua. Ahora, en situación de preemergencia por sequía, los municipios pueden consumir 210 litros por persona y día, referente a todo el consumo que se hace a través de la red urbana, y que incluye el uso doméstico, centros públicos, comercios, gimnasios y hoteles, entre otros.

Después de mucha insistencia, en junio de 2023 la ACA publicó la lista de los consumos municipales. Un ejercicio que, aunque tarde, lo celebramos como un acto necesario de transparencia y fiscalización. Desde entonces, estos datos han permitido direccionar las políticas de ahorro hacia donde se ejercen grandes consumos e incluso sancionar a quien no facilita datos o incumple las restricciones por consumo.

A las puertas de la emergencia por sequía los datos de consumo de las grandes actividades económicas aún no son públicos. La ACA se excusa alegando que los consumos de agua procedentes de las concesiones que administra los obtiene a través del dinero recaudado con el canon del agua, que es un impuesto ambiental que grava el uso y contaminación del agua. Al tratarse de información tributaria considera que es información sensible y por lo tanto no se debe publicar. Incluso después de utilizar la Ley de transparencia y mediar con la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, seguimos sin tener estos datos.

No entendemos cómo una Administración Pública en la era de la digitalización no tenga al orden del día los consumos de las concesiones de agua que otorga. No entendemos cómo una información tan esencial como es el consumo de las grandes actividades económicas no sea de acceso público. No entendemos cómo se priorizan las medidas para paliar la sequía sin conocer el consumo real de los grandes consumidores. O tal vez sí lo entendemos si miramos en qué actividades económicas se sustenta el PIB catalán.

La sequía que padecemos debería ser una oportunidad para salir de esta crisis con una gobernanza del agua mucho más transparente, eficaz y participada. El verano pasado hicimos un paso adelante fiscalizando a los municipios, pero ¿quién fiscaliza la acción que le compete al Govern con respecto a los grandes consumidores?

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal